Madrid y Sanidad van a una pugna por la validez jurídica del acuerdo del CISNS de medidas contra la covid-19

La interpretación del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) va a ser el próximo frente de batalla en el ámbito jurídico entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. En función de la misma, las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad y planteadas en el CISNS serían de obligado cumplimiento o no por parte de las comunidades autónomas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa estima que el Plan de actuación coordinada que llevó al CISNS de este miércoles ha sido aprobado en “una decisión colegiada” al contar con 13 votos; mientras que Madrid descarta que se haya producido dicha aprobación en base al artículo 14.1 del reglamento del CISNS, que indica que los acuerdos “se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”.

Por tanto, al haber votado en contra Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla, para los responsables de la Comunidad de Madrid, tal y como ha explicado en rueda de prensa el consejero Enrique Ruiz Escudero, el acuerdo esgrimido por Illa “no es jurídicamente válido” y están preparados para estudiar la validez de la Orden en caso de que se publique en el BOE y recurrirla en su caso.

Pese a esa discrepancia, Illa ha explicado que en los próximos días dictará una Orden Ministerial que, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá que hacerse efectiva por las comunidades autónomas en sus propias normativas haciendo las correspondientes trasposiciones. A este respecto, el ministro no contempla que haya comunidades que no apliquen la orden.

Falta de trabajo técnico

El rechazo de la medida por parte de Madrid y otras comunidades autónomas se basa en que la propuesta de Plan no ha sido trabajado técnicamente. El ministro Illa afirmó el martes que el Plan pasaría por la ponencia técnica de Salud Pública y la Comisión de Salud Pública antes de ir al Pleno. Ahora Ruiz Escudero espera que se pueda realizar esa revisión por estos órganos antes de volver al Pleno del Interterritorial para, en su caso, aprobarlo.

Para el consejero madrileño, el documento establece “decisiones que atañen a todo el SNS y sobre todo a derechos fundamentales y a la liberad de millones de personas”, por lo que hay que trabajar mucho más el documento, para mejorarlo, aportar “dialogo y dar respaldo técnico a estas decisiones”.

Más allá, Ruiz Escudero sigue defendiendo que los indicadores de la región señalan que “va en dirección favorable” que hace que “la situación esté en fase estable y tenemos las primeras señales de que empezamos a tener una situación favorable”. Según sus cifras, la comparación de casos semana a semana mejoran, los ingresos bajan, la presión de las llamadas al SUMA y las cifras epidemiológicas en 29 de las 45 Zonas Básicas Sanitarias con medidas de control, también mejoran. Por ese motivo, el consejero madrileño ha tildado de “mensaje de alarma” las afirmaciones del ministro en relación con la “preocupante la situación de Madrid”. Ruiz Escudero también ha insistido en que desde el Ministerio no se tiene en cuenta la capacidad asistencial de Madrid. Pese a todo, Ruiz Escudero asegura que seguirá actuando “con lealtad” con el Ministerio y que mantiene su apuesta por el consenso, diálogo y la colaboración.

Las medidas del plan

El plan presentado por Illa al CISNS contienen un total de 11 medidas que deben ser aplicadas a las ciudades que cumplan con los criterios fijados de: poblaciones con más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 personas en los últimos 14 días, una positividad de las pruebas diagnósticas de infección activa superior al 10% y que estén en comunidades autónomas con una ocupación de camas UCI por pacientes Covid-19 superior al 35% de la dotación habitual.

Estas medidas van desde la restricción de la entrada y salida de personas de los municipios afectados, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados para cuestiones laborales, de asistencia o educativas, entre otras. La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se reducirá a un número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes, y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas.

Otras medidas afectan a los aforos y horarios de lugares de culto, velatorios, locales comerciales y establecimientos de hostelería, así como a las academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada, así como instalaciones deportivas.

En el documento también se indica que las comunidades autónomas con municipios en los que concurran las circunstancias enumeradas para aplicar estas medidas deberán reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por la covid-19.

En el apartado de recomendaciones el acuerdo establece que deberá evitarse todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios que tienen que aplicar estas medidas. Asimismo, también se considera conveniente que las CCAA aprueben planes especiales en municipios menores de 100.000 habitantes con una elevada incidencia acumulada de nuevos casos.