La semana pasada se celebró un encuentro digital, que sirvió para la inauguración de la nueva Sección de Derecho Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y en el que, tras la presentación de la presidenta de dicha Sección, Nuria Amarilla, socia directora de Eupharlaw, varios expertos del sector dieron su visión sobre los retos en el desarrollo y la producción de tratamientos, vacunas y tecnologías sanitarias para la covid-19.
ponentes Ignasi Biosca-Reig, CEO de Reig Jofre, destacó el "gran esfuerzo" del sector farmacéutico "para que no hayamos tenido problemas de abastecimiento, y no solo en lo relativo a la covid-19, sino en otras patologías" y, de cara al desarrollo y producción de la vacuna, se refirió a la dificultad que entraña el reto.
"Todas las compañías que estamos trabajando en el escalado industrial, vamos al mismo tiempo que los laboratorios que están con la investigación de la vacuna", señaló, para continuar reclamando que "las prisas de los políticos no condicionen ninguna decisión científica".
Por su parte, Rafael de Juan, Senior Legal Counsel-EMEA de Becton Dickinson, se refirió a las distintas pruebas diagnósticas que se llevan a cabo actualmente, poniendo en valor a la PCR, como "la prueba más eficaz para diagnosticar la covid-19", y destacando que la nueva generación de test serológicos, "más sencillos y rápidos de realizar que una PCR", pueden ser un complemento perfecto para llevar a cabo labores de rastreo, con un coste económico que, dijo, "es más bajo".
Finalmente, Vanessa López, directora ejecutiva de Salud por Derecho, se centró en la cuestión del acceso, tanto a los medicamentos, como a los productos sanitarios y a las vacunas", acceso que, consideró, es "un derecho humano". A su juicio, las empresas de la industria farmacéutica "tienen derecho a obtener beneficios, pero hay un límite, y este aparece cuando esos beneficios son injustos y desproporcionados".
Reclamó, como ya ha hecho esta organización en diversas ocasiones, la revisión del régimen de propiedad industrial cuando los resultados de la investigación se obtengan con aportación mayoritaria de fondos y recursos públicos y se refirió también a Covax, el instrumento lanzado por la OMS para acelerar el desarrollo, producción y acceso a vacunas contra la covid-19, que cuenta con una gran inversión de dinero público. Confesó, en este sentido, la preocupación de su organización porque no haya condiciones en los acuerdos sobre los tipos de licencias, y se refirió explícitamente a Covax Exchange, una línea mediante la cual los países pueden intercambiar las vacunas que van a comprar y producir. "Nos preguntamos si los países más pobres se van a quedar con las vacunas menos eficaces", se cuestionó.
Concluyó defendiendo, en relación con el precio, que los de las tecnologías y las vacunas deben ser "justos y razonables, y lo más cercanos posibles a los costes".
Amarilla cerró el encuentro agradeciendo el diálogo y las exposiciones de los ponentes, concluyendo que "cada enfoque es distinto". Partiendo de esta divergencia de opiniones, manifestó que "vivimos en sociedad y debemos buscar el consenso".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: