La Comisión de Sanidad ha respaldado prácticamente por unaimidad (32 vostos a favor y una abstención”, solicitar al Gobierno “mejorar y armonizar las retribuciones del personal sanitario”.
La iniciativa, del Grupo Popular se ha complementado con dos enmiendas de los grupos Socialista y Podemos, para que el Ejecutivo nacional realice esta labor en coordinación con las comunidades autónomas y los agentes sociales.
Según ha indicado la diputada del PP, Elvira Velasco, los diversos estudios publicados ponen de relieve, “las diferencias retributivas que existen entre los profesionales en función de la Comunidad donde trabajen, que pueden llegar a superar los 2.000 euros” y ha recordado que desde que en 2018 entró el nuevo Gobierno socialista, “las iniciativas en mejoras retributivas, han brillado por su ausencia”.
Desde el PSOE, al igual que desde Podemos se ha apoyado la postura del Partido Popular, si bien el diputado socialista, José Ramón Ortega, ha puesto en duda “la sinceridad” del PP, debido a su reiterada negativa a apoyar los Presupuestos Generales, donde, según sus palabras, “se aumentan los recursos en un 100%” y “en un 110” la tasa de reposición.
La misma línea ha seguido la diputada de Podemos, María Márquez, quien ha asegurado que sólo un Gobierno progresista como el actual, puede acometer este reto y esta deuda con los profesionales.
Ciudadanos y Vox también han apoyado la iniciativa exigiendo al Gobierno de España mayor liderato en la aplicación de estas medidas, mientras que el grupo vasco se ha abstenido al considerar que las retribuciones son materia de competencia autonómica y deben atenderse con las CCAA
Atención Primaria
Igualmente también se ha aprobado en la Comisión de Sanidad la iniciativa socialista, tras asumir una enmienda de Podemos, en favor de implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria.
La propuesta demanda además reforzar el papel del Consejo Interterritorial en esta cuestión y fijar “la auténtica gobernanza”, como eje de la política sanitaria.
Igualmente la medida demanda “un blindaje del sistema público de salud”, apostando por un sistema “que se base en la gestión directa” y que carezca de “medidas de regresividad”.
Nicolas Gonzalez Casares: