El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance, ha puesto en valor el papel de la profesión farmacéutica durante la pandemia de la COVID-19 y ha pedido una mayor integración de la farmacia andaluza dentro del sistema público de salud, para así “seguir contribuyendo a la mejora del modelo sanitario en nuestra comunidad”.
Mingorance, que compareció ante el grupo de trabajo constituido el pasado mes de julio en la Cámara andaluza para la mejora de la asistencia sanitaria en la Comunidad, hizo especial hincapié en el importante papel que tiene la farmacia en cuestiones claves como el fomento del uso racional de los medicamentos, la mejora de la adherencia o el control de los pacientes crónicos.
“La farmacia representó la primera y única conexión de los ciudadanos con el sistema sanitario durante la pandemia”, ha señalado Mingorance quien también ha subrayado algunas de las iniciativas que los farmacéuticos desarrollaron en los meses más complicados de la pandemia, en colaboración con la Administración Sanitaria, como la entrega a domicilio de los medicamentos a los pacientes en situación de fragilidad, la dispensación excepcional por el fin de tratamiento, que ayudó a descongestionar consultas, o la colaboración con las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado en materia de violencia de género y localización de personas mayores, y las campañas de educación social e información contra los bulos o ‘fake news’ en las redes sociales. “Todo ello, de forma completamente altruista”.
El presidente de los farmacéuticos andaluces ha expuesto que la pandemia ha demostrado la necesidad de avanzar en las políticas de Salud Pública, en la integración de los diferentes niveles y ámbitos asistenciales del Sistema Sanitario con una mayor colaboración interdisciplinar, en el refuerzo de la Atención Primaria y el peso de las estrategias de prevención y diagnóstico temprano, en la digitalización y modernización de algunos procesos asistenciales, y, quizás por encima de todo ello, en la protección de los colectivos más vulnerables: los pacientes más frágiles y las personas mayores.
En este sentido, Mingorance ha señalado que los profesionales farmacéuticos “pueden contribuir de forma importante a todo ello, y que hay mucha experiencia y evidencia sobre los magníficos réditos que pueden obtenerse de esa mayor colaboración y aprovechamiento de la farmacia por el Sistema Público de Salud”. Así, ha insistido en que es fundamental lograr una colaboración aún mayor y una integración aún más intensa de la farmacia dentro del sistema público sanitario, de acuerdo con su condición de establecimiento sanitario privado de interés público, reconocida en la legislación farmacéutica española, concretamente en la ley 22/2007.
Es por ello por lo que ha pedido esa incorporación “sin reservas” de la farmacia a los grandes objetivos del sistema público sanitario, y por tanto a una mayor coordinación de la red de oficinas de farmacia de Andalucía con el resto de servicios sanitarios públicos y de interés público, así como a una mayor cooperación y protagonismo de la farmacia en cuestiones claves como el fomento del uso racional de los medicamentos, la mejora de la adherencia o el control de los pacientes crónicos.
“Este es el momento de dar continuidad a experiencias exitosas que se han desarrollado provisionalmente durante la pandemia y que han mostrado su eficacia para mejorar la atención de los pacientes; y es el momento de sacar partido de la capilaridad de nuestra red de oficinas de farmacia y nuestra vocación de servicio público. La mayor integración de la farmacia comunitaria dentro del sistema y particularmente el refuerzo de la colaboración con la Atención Primaria es una oportunidad estratégica que va más allá de la mera coyuntura de la pandemia y que demanda avances decididos en esa dirección. No solo es posible, sino que puede resultar enormemente efectiva”.
Mingorance ha puesto como ejemplos algunas iniciativas promovidas por la farmacia andaluza, como el Servicio Personalizado de Dosificación de Medicamentos (SPD), o el servicio de Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA-FARMA), que ya han demostrado su utilidad y eficacia en la población, y para los que ha pedido que sean incorporados por la administración a la cartera de servicios básicos de salud.
El presidente del CACOF ha concluido su intervención destacando que es el momento de dar fuerza y respaldo legal, ejecutivo y presupuestario a esa colaboración de la farmacia con el sistema público sanitario que excede de la mera labor de dispensación del medicamento. “Es el momento de reconocer explícitamente que hay muchos retos del sistema público de salud en los que la farmacia puede realizar una aportación significativa con nuevos servicios en el ámbito de la adherencia de los medicamentos y de la vigilancia y la promoción de la salud”, ha sentenciado.
