El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. El Gobierno ha solicitado la tramitación del anteproyecto por vía de urgencia, para que la nueva entidad se pueda poner en marcha, aunque aún no se conoce su ubicación.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha referido a este nuevo proyecto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como una necesidad, que “nos va a permtiir avanzar en una respuesta rápida y eficaz ante futuros riesgos para la salud”.
La norma para la creación de la Agencia de Salud Pública, que figura dentro del Plan Legislativo del Gobierno de España como uno de los compromisos a culminar antes de que termine la legislatura, nace, según ha explicado Darias, “de un mandato legal que databa de 2011”, si bien el proyecto que quiere abordar el Ejecutivo “va más allá”, al dotar al organismo de más funciones de las que originariamente tenía.
Ello obedece, según Darias, a la “determinación” del Gobierno para generar estructuras operativas, ágiles y autónomas, que puedan ayudar a hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas de salud.
“La experiencia vivida con la pandemia del coronavirus y las consecuencias que ha tenido, ha hecho que la creación de esta Agencia sea una prioridad para el Gobierno y una necesidad para el país”, ha afirmado la ministra.
Las principales funciones del nuevo organismo serán vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, sus determinantes y los problemas que en materia de salud pública puedan surgir, “prestando especial atención a las desigualdades en salud”.
El objetivo del Gobierno es que este Anteproyecto esté listo antes del final de la legislatura que concluirá este mismo año y, aunque los plazos de tramitación son ajustados, técnicamente a través de un procedimiento de urgencia, la norma puede llegar a aprobarse en un periodo de cinco o seis meses.
Otra cuestión es su puesta en marcha efectiva y sobre todo su ubicación territorial. La Agencia, al igual que otras entidades de próxima creación, está afecta por el objetivo de descentralización, por el cual el Gobierno persigue evitar la acumulación de centros en Madrid y ubicarlos en otras comunidades autónomas.
En el caso de la Agencia de Salud Pública, al menos cinco comunidades autónomas han mostrado en alguna ocasión su interés por acoger sus instalaciones. Hasta el momento el Gobierno no ha manifestado ninguna preferencia, más allá, de la calificación positiva que a todos ellos dio la ministra de Sanidad al término de una reunión del Consejo Interterritorial donde fue preguntada por ello.
Desde Aragón, una de las comunidades que ha presentado públicamente su candidatura, su consejera de Sanidad, Sira Ripollés ha mostrado su “optimismo” porque la Agencia se instale en la comunidad, “será cuestión de tiempo” ha asegurado la consejera, el que se hagan públicas las instrucciones para albergar la sede. “Nosotros hemos trabajo muchísimo para que se instale en Zaragoza”.
Recientemente, también el presidente de la Junta de Andalucía también hacía votos por que el proyecto que alberga su ubicación en Granada es el más adecuado y recordó que la localidad andaluza ya presentó su candidatura para ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Además de estas comunidades, Cataluña, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, han expresado en alguna ocasión su interés por albergar el centro
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: