Hace unos días, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunció que los criterios medioambientales pasarían a ser claves en aspectos de evaluación, así como en precio y financiación. Padilla proponía una mirada a lo que se ha empezado a hacer en Reino Unido (RU), ya que desde el Ministerio de Sanidad pretenden seguir la misma estela.
¿Pero qué están haciendo en Reino Unido? En los últimos tiempos, tanto conservadores como laboristas han declarado tener planes para actualizar la normativa farmacéutica, simplificando procedimientos y promoviendo la atracción de los inversores. Con el giro de las elecciones que han dado el triunfo a los laboristas, es de esperar un cambio de rumbo. Los laboristas tienen su propio plan de crecimiento incluyendo una “nueva estrategia industrial para el sector de ciencias de la vida”. Hasta este punto, la política medioambiental para el sector farmacéutico aplicada en Reino Unido se ha basado en la creación de un grupo de trabajo interministerial.
El primer paso del gobierno de Reino Unido para aplicar su política medioambiental en el sector fue la formación de ese grupo de trabajo interministerial dedicado exclusivamente a productos farmacéuticos. Se denomina grupo de trabajo sobre Productos Farmacéuticos en el Medio Ambiente (PiE), cuyo objetivo es “reducir el impacto de los medicamentos en el entorno”.
Se trata de un equipo “orientado al debate” y en el que se comparte conocimiento en materia de salud humana, veterinaria, con intersecciones en productos dentro y fuera de la producción agrícola.
En el momento de su formación, en junio de 2023, incluía representantes de la Dirección de Medicamentos Veterinarios (VMD), la Agencia Medioambiental (EA), la Dirección de Salud y Seguridad (HSE), el Comité de Productos Veterinarios (VPC), el Departamento de Asuntos Ambientales, Alimentarios y Rurales (Defra) y la agencia reguladora -equivalente a nuestra Aemps-, la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).
En su primer encuentro, establecieron que su objetivo sería el desarrollo de una estrategia coordinada (en línea con el concepto OneHealth) para reducir el impacto de los medicamentos en la biodiversidad y la salud humana.
Además, determinaron que su área prioritaria sería el mejor conocimiento de las fuentes potenciales de los niveles elevados de los insecticidas fipronilo e imidacloprid en aguas de superficie del país, además de trabajar para reducirlos.
“Trabas” para la producción
Hace pocos días, la BBC recogía unas declaraciones de un responsable de una multinacional advirtiendo de que la compañía había contemplado la posibilidad de construir una fábrica en el país en la última década, pero que optaron por hacerlo en otro lugar. Advertía que los procesos que se están fraguando en el país son un “impedimento” para la construcción de plantas de fabricación, “algo que no sucede en Estados Unidos ni en Irlanda” (sin mencionar Europa). Los países que han logrado reducir los procesos necesarios de cinco a solamente dos años presentan un escenario “muy atractivo”, decía.
Según el gobierno anterior, se ha aplicado el principio “quien contamina, paga” con la Ley Medioambiental de 2021, con el mismo rigor, o quizá más que en los planes de legislación para la Unión Europea. Se han multiplicado por cuatro las inspecciones de calidad del agua y se contempla la posibilidad de multas “ilimitadas” impuestas por la Agencia Medioambiental.
Por otro lado, grupos ecologistas como CHEM Trust aseguran que las garantías de la normativa británica están por debajo de los estándares europeos.
Según el Instituto de Política Medioambiental Europea (IEEP), si la normativa europea en la materia entra en vigor en los próximos meses, los británicos van a quedar a la zaga.
Presión creciente
Algunos medios nacionales se han referido a la situación británica como un entorno en el que ha existido un “sentimiento de urgencia” en cuanto a la necesidad de actualizar la normativa farmacéutica.
En 2022, el Sistema Nacional de Salud (NHS) indicaba que la actividad sanitaria representaba el 5% de la huella de carbón del país y que la fabricación, distribución y empleo de productos farmacéuticos representaba el 25% del total de la huella de carbono del NHS.
En julio de 2023, la MHRA dio a conocer un nuevo plan para la creación de un escenario normativo “más ágil y predecible”, una descripción idéntica a lo que muchos actores del sector en España reclaman hace tiempo. Su plan de ejecución es de tres años y podría incluir nuevos requerimientos medioambientales.
Colaboración “sostenible”
La patronal del medicamento, ABPI (Association of the British Pharmaceutical Industry) se ha declarado “alineada” con los objetivos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
El objetivo a largo plazo, compartido por autoridades e industria, es ser neutrales en huella de carbono a la altura de 2045.
Mucho antes, este mismo año, los proveedores ya pueden adherirse a la hoja de ruta del NHS (en Inglaterra), o a las iniciativas similares puestas en marcha en Escocia, Gales e Irlanda del norte.
Según la asociación, el NHS es “uno de los sistemas más avanzados del mundo en su abordaje de la sostenibilidad; trabajando juntos, los sectores público y privado pueden lograr auténticos avances en beneficio del sistema sanitario tanto en Reino Unido como en el ámbito internacional”.
La transición a formas de fabricación basadas en energías renovables y con métodos químicamente “limpios” se está convirtiendo en la norma, añaden.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: