Redefinir el valor: una oportunidad para orientar mejor la innovación farmacéutica

El debate sobre la incorporación del valor social en la evaluación de los medicamentos está sobre la mesa. El sistema sigue tomando decisiones con una visión parcial del valor que aporta la innovación, en ámbitos muy diversos. Por ello, es necesario redefinir la forma en que se evalúan y financian los medicamentos para recoger el conjunto del valor que generan. Limitar la decisión al beneficio clínico directo y al impacto presupuestario sanitario, como se ha hecho habitualmente, implica dejar fuera efectos sociales, económicos y de equidad.

El foco en el beneficio clínico y el impacto presupuestario puede resultar imprescindible, pero es incompleto. Muchos tratamientos generan beneficios que trascienden el ámbito asistencial: mejoran la autonomía de los pacientes, reducen la dependencia, alivian la carga de los cuidadores, facilitan la reincorporación laboral o evitan costes en otros niveles del sistema o del ámbito público. Estas fueron algunas de las ideas centrales que se pusieron de manifiesto durante la presentación del informe ‘Revalore’.

Cuando estos elementos no se consideran de forma estructurada, el sistema toma decisiones con una visión parcial del valor real. Y esa limitación no es neutra ya que puede condicionar qué tipo de innovación se prioriza y valora y cuál queda en segundo plano. Las terapias que mejoran la funcionalidad o la calidad de vida a largo plazo, especialmente en enfermedades crónicas, discapacitantes o raras, pueden aparecer como menos eficientes si solo se analizan desde el impacto presupuestario sanitario inmediato.

Esta dimensión social no está sistematizada ni explicitada en el marco de evaluación, pero formalizar el valor social no supone introducir un criterio nuevo, sino dotar de coherencia y transparencia a decisiones que el sistema ya adopta implícitamente.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en esta dirección es la propia organización de la gestión pública, que separa en silos independientes los distintos ámbitos de gestión incluso dentro del propio sistema sanitario. Una parte relevante del valor social de los medicamentos se traduce en ahorros o beneficios fuera del sistema sanitario: menor utilización de servicios sociales, reducción de prestaciones por incapacidad, menor necesidad de cuidados informales o mejora de la productividad. Sin embargo, la toma de decisiones sigue operando en compartimentos estancos. El sistema sanitario asume el coste del medicamento diagnóstico y asistencial, mientras que los beneficios pueden materializarse en otros ámbitos presupuestarios. Como consecuencia, intervenciones que resultan eficientes desde una perspectiva global pueden parecer poco eficientes desde el punto de vista del financiador sanitario. En este contexto, y como se ha señalado en el debate, en la evaluación de medicamentos rara vez se tienen en cuenta estas externalidades.

La cuestión de fondo es cómo orientar la financiación de la innovación para maximizar el beneficio generado por el conjunto de los recursos públicos. Idealmente, ello requeriría una visión integrada del gasto entre sectores como sanidad, dependencia, servicios sociales, empleo y otros. Pero incluso sin ese enfoque intersectorial completo, existe margen para mejorar la priorización dentro del propio sistema sanitario. Incorporar el valor social permite asignar los recursos a aquellas intervenciones que generan un mayor beneficio global para los pacientes y la sociedad, y no únicamente a las que presentan un menor impacto presupuestario a corto plazo.

Incorporar esta perspectiva no significa relajar la disciplina económica. Eso sí, entre otras cuestiones requiere avanzar hacia el coste-utilidad y la valoración de otros aspectos más allá de la efectividad. Supone mejorar la calidad de la decisión pública, ampliando la información relevante para asignar los recursos donde producen mayor valor. La clave no es medir más, sino medir mejor y garantizar que esa información tenga un reflejo real en las decisiones de financiación y precio.

Nos encontramos en un momento especialmente oportuno para abordar esta evolución. La nueva Ley de los Medicamentos y el desarrollo de los próximos reales decretos de financiación y precio y de evaluación de tecnologías sanitarias ofrecen una ventana de oportunidad para incorporar de forma explícita y trazable el valor social en el proceso de toma de decisiones. Si este elemento no se integra ahora en el marco normativo, será difícil hacerlo posteriormente de manera homogénea y coherente.

Además, la coherencia del sistema exige que esta perspectiva no se limite a los nuevos medicamentos. Si el valor social se considera un criterio relevante para la asignación de recursos, debería poder incorporarse también en la reevaluación de tratamientos ya financiados, especialmente cuando su impacto social haya sido infravalorado o cuando existan nuevas evidencias sobre su contribución en términos de autonomía, reducción de dependencia o utilización de recursos.

Si no se aprovecha este momento, es probable que esta necesidad vuelva a posponerse durante años, consolidando un modelo que sigue evaluando solo una parte del valor que la innovación aporta a los pacientes y a la sociedad.

José María López Alemany es director de Diariofarma.