Farmaindustria ve “muy urgente” garantizar la confidencialidad de precios de los fármacos

Farmaindustria sigue con interés la tramitación de la enmienda presentada por PSOE y Sumar a la Ley de Derechos de las personas con discapacidad, en curso parlamentario, para blindar la confidencialidad de los precios de los medicamentos y el resto de acuerdos vinculados a su financiación, así como los precios de adjudicación de los contratos de suministro que celebren las Administraciones Públicas.

La patronal espera que los cambios propuestos lleguen al Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible, ante el riesgo que supondría una hipotética sentencia del Tribunal Supremo, que sentara una interpretación restrictiva del artículo 97.3 de la Ley de Garantías en los tres recursos de casación pendientes de decisión. En este sentido, advierte de que una sentencia desfavorable no tendría un alcance limitado al caso concreto, sino que, al tratarse de resoluciones de casación, fijaría criterio con efectos generales y vincularía tanto al Ministerio de Sanidad como al Consejo de Transparencia y a los tribunales inferiores.

Por todo ello, desde la organización se insiste en que “urge la modificación legislativa” y se alerta de que “las consecuencias que puede tener una sentencia desfavorable son irreparables”. La razón, explican, es que una vez dictada la sentencia podría abrirse de forma inmediata la puerta a nuevas solicitudes de acceso a los precios netos de financiación de los medicamentos incluidos en la cartera pública, ya que en los procedimientos de transparencia no es necesario acreditar un interés legítimo para pedir esa información.

La preocupación, además, no se limita a los recursos que ya han llegado al Supremo. Según ha conocido Diariofarma, existen cuatro expedientes suspendidos en el Consejo de Transparencia a la espera de lo que resuelva el Alto Tribunal, lo que refuerza la percepción de un riesgo sistémico si finalmente se consolida una interpretación desfavorable a la confidencialidad.

A ello se añade otra circunstancia que, a juicio de la patronal, complica el escenario procesal. En uno de los recursos no consta la personación del Ministerio de Sanidad, algo que podría debilitar la defensa del interés general en un asunto con potencial impacto sobre todo el sistema de financiación y negociación de medicamentos.

Por ello, no dudan en plantear incluso la posibilidad de utilizar un real decreto-ley para aprobar la reforma del mencionado artículo, de forma que declara expresamente la confidencialidad del precio y condiciones de financiación de los medicamentos, en caso de que se retrase la tramitación de la norma o incluso si no llegara a alcanzar los apoyos parlamentarios necesarios. “Concurren en este caso los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan la aprobación de un real decreto-ley”, explican a Diariofarma fuentes de Farmaindustria.

La organización valora muy positivamente que con la enmienda la protección de la confidencialidad del precio se amplíe a las condiciones de financiación de los medicamentos, así como del precio de adjudicación en contratos públicos.

El argumento principal de la industria se apoya en la necesidad de preservar la capacidad negociadora del sistema sanitario. Según exponen estas fuentes, “se están produciendo filtraciones” de precios que pueden comprometer el funcionamiento del modelo de financiación y afectar a la posición de España en la negociación con las compañías. Con la confidencialidad de los precios netos se trata de garantizar el acceso a los pacientes a la innovación terapéutica, así como la sostenibilidad presupuestaria, preservando siempre la medición del valor total de cada nuevo medicamento.

Equilibrio con la transparencia

La ampliación de la confidencialidad a través de esta enmienda se acompaña, sin embargo, de nuevas exigencias de transparencia en otros ámbitos. Es relevante la inclusión del Ministerio de Hacienda como destino de la información de consumo y sus precios reales que las comunidades autónomas compartían hasta ahora con el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, la enmienda propuesta también incorpora obligaciones de información sobre la financiación de la investigación de los medicamentos, incluyendo no solo fondos públicos, sino también aportaciones de entidades sin ánimo de lucro e introduce una obligación recíproca de confidencialidad que afecta tanto a la Administración como a las empresas.