El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado que España esté en riesgo de padecer una crisis por consumo de fentanilo. Así lo ha asegurado el alto cargo ministerial en su intervención ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones para evaluar las políticas del Plan Nacional sobre Drogas del Senado. Durante la sesión parlamentaria, los portavoces analizaron el impacto de sustancias como el fentanilo y el cannabis, además de las adicciones comportamentales. La oposición cuestionó la vigencia de las estrategias estatales y la idoneidad de los sistemas de medición actuales.
La diputada Elvira Velasco Morillo, en representación del Grupo Popular, abrió el debate expresando la preocupación social ante una posible crisis de opioides sistémicos similar a la norteamericana. Velasco inquirió sobre las medidas implementadas por el Ministerio de Sanidad ante un potencial cambio en el mercado ilícito. La portavoz popular advirtió sobre "el incremento del tráfico ilegal y la aparición de nuevas sustancias sintéticas altamente letales como los nitacenos".
En su respuesta, Javier Padilla aportó tranquilidad con los datos de la última encuesta Edades. El secretario de Estado señaló que solo un 2,5 % de la población "ha consumido opioides sin receta alguna vez en la vida", una cifra que cae al 0,3 % en el caso específico del fentanilo. En el ámbito asistencial, de las 49.000 personas que ingresaron a tratamiento por abuso de sustancias, solo 148 presentaban el fentanilo como sustancia principal. Respecto a la mortalidad por reacción aguda a psicoactivos, esta sustancia se identificó en 60 de los 1.267 fallecimientos registrados.
Padilla admitió que en mayo de 2025 se detectaron por primera vez cápsulas con fentanilo y heroína de forma conjunta. Las fuerzas de seguridad realizaron un seguimiento estrecho y el hallazgo no volvió a repetirse en el país, sin que se notificaran intoxicaciones asociadas. El secretario atribuyó la contención de la sustancia a un sistema sanitario garantista en la prescripción y a los programas de reducción de daños, que incluyeron el reparto de 800 kits de naloxona intranasal en zonas vulnerables de Bilbao, Madrid y Barcelona.
Desde el PP también se cuestionó la validez de los indicadores estatales. La formación popular critica que las decisiones políticas se justifiquen únicamente mediante la encuesta Estudes, a la que definió como una herramienta de cribado y no de diagnóstico. El PP considera que la falta de una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones, tras vencer la anterior, "dificulta la fiscalización de las medidas y debilita la detección de errores metodológicos en las comunidades autónomas".
Validación de los indicadores sanitarios
El secretario de Estado rechazó las críticas metodológicas y defendió la fiabilidad del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Padilla recordó que la evolución de las herramientas analíticas es necesaria para adaptarlas a las nuevas realidades del consumo. El Ministerio de Sanidad evalúa de forma simultánea la estrategia previa para presentar el nuevo marco normativo antes de que finalice el año, coordinado con las autonomías.
Por su parte, la diputada López Moya, también del Grupo Popular, alertó sobre la normalización social del cannabis. La parlamentaria afirmó que los ciudadanos perciben un menor riesgo en esta sustancia y aludió al incremento de las urgencias hospitalarias relacionadas con su consumo. López Moya censuró la emisión de mensajes institucionales que calificó de ambiguos y preguntó directamente si el Gobierno planea la legalización recreativa del cannabis en España.
Evolución epidemiológica del cannabis
Javier Padilla rebatió estas afirmaciones recurriendo a las series históricas de la encuesta Estudes en la población de 14 a 18 años. El secretario aseveró que "nos encontramos con la prevalencia más baja desde el año 1994" en el consumo de cannabis en los últimos doce meses y en los últimos 30 días. Asimismo, rechazó la supuesta banalización al precisar que el 94,1 % de los menores vincula el uso continuado con un riesgo elevado para la salud, lo que supone la mayor percepción de peligro registrada.
El secretario de Estado descartó cualquier intención de desregular el uso recreativo de esta planta y circunscribió las acciones gubernamentales al ámbito estrictamente terapéutico. La aprobación del Real Decreto 903/2025 regula exclusivamente los preparados estandarizados para fines médicos por vía oral. Padilla defendió que esta regulación no incrementa el consumo general y ofrece una alternativa segura para los pacientes que la necesitan bajo estricto control facultativo.
Lilisbeth Perestelo: 
