La asociación ‘Por un acceso justo al medicamento’, que busca la defensa de un acceso equitativo a fármacos seguros y asequibles que garanticen la calidad de vida de la población española, ha sido presentada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), ante la presencia de numerosas personalidades del ámbito de la política sanitaria, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes y ciudadanos.
La entidad, impulsada por un grupo de expertos entre los que destacan Fernando Lamata, experto en Salud Pública y Políticas de Salud y ex secretario general del Ministerio de Sanidad; Roberto Sabrido, gerente de Coordinación e Inspección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y ex consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha o Juan José Rodríguez Sendín, médico de familia y presidente de la Organización Médica Colegial, tiene entre sus fines “la lucha contra el abuso del sistema de patentes en todo aquello que implique una barrera para el acceso efectivo y equitativo de la población a los medicamentos es otro de los objetivos de esta Asociación, junto con la apuesta por un sistema sanitario público y de acceso universal”.
La asociación se plantea como herramientas de trabajo la promoción y desarrollo de actividades para facilitar el acceso de todas las personas a los medicamentos necesarios y para la eliminación de los abusos del sistema de patentes a través de publicaciones, actividades de formación, reuniones científicas, seminarios y conferencias., así como la propuesta de cambios legislativos y el impulso a decisiones políticas y administrativas que posibiliten el acceso a los medicamentos necesarios de todas las personas.
Según los promotores de la asociación el acceso a los medicamentos “puede ser una cuestión de vida o muerte”, pero además es fundamental para mejorar la calidad de vida y es primordial para tener una vida digna. Además, la nueva entidad señala que la “presión insoportable de algunas compañías farmacéuticas” está “rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios abusivos” y, como consecuencia de ello, el Sistema Nacional de Salud se ve obligado a detraer recursos de otras necesidades de atención sanitaria, “especialmente del gasto en remuneraciones del personal y de la incorporación de nuevos profesionales”.
Nicolas Gonzalez Casares: