Las subastas de medicamentos, al estilo de Andalucía podrían extenderse a otras comunidades autónomas tras haberse clarificado la situación de conflicto de competencias con el Gobierno Central tras las sentencias del Tribunal Supremo. Según el consejero de Salud andaluz, Aquilino Alonso, a raíz de dichas sentencias, han recibido “consultas no solo por parte de CCAA gobernadas por el PSOE sino también del PP, que ven (en las subastas) una oportunidad en la reducción de la factura farmacéutica”. Por ese motivo, para Alonso, la mejor subasta “sería una nacional”.
Así lo ha asegurado durante una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía en la que se debía informar acerca de la repercusión de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la política de contratación de suministros de medicamentos por parte del Servicio Andaluz de Salud. Con Alonso ha coincidido el portavoz del PSOE, Francisco José Vargas, que se ha mostrado "convencido" de que el anuncio realizado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en cuanto a que pondrá un sistema similar al andaluz, "sucederá con la mayoría de las comunidades autónomas".
Alonso, que solo ha recibido el apoyo incondicional del PSOE e Izquierda Unida, quienes han explicado que nunca han tenido dudas sobre la legalidad de las subastas, ha tenido que batallar con las cifras de desabastecimiento de medicamentos subastados, lo que causa un grave perjuicio a los pacientes. Según Isabel Albas, portavoz de Ciudadanos, en la última semana se ha producido una rotura de stocks, “que podría alcanzar hasta el 26% de las subastas”, tal y como publicó Diariofarma. El consejero de Salud ha rechazado estas cifras y se ha agarrado a los datos que publica la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) sobre desabastecimiento. Eso sí, hay que tener en cuenta que esos listados están elaborados por las comunicaciones de las consejerías de sanidad y de los laboratorios, y no por las distribuidoras y farmacias que son las que sufren las situaciones de falta de suministro.
Por su parte, el popular Vicente Valero ha señalado la inequidad que produce la subastas, así como los problemas de adherencia terapéutica y, por ese motivo, a pesar de las sentencias del Constitucional, consideran que la selección de medicamentos “no es buena” herramienta de gestión.
Un ahorro que no llega a 10 millones
El portavoz del PP también ha dudado de la cifra de ahorro anunciada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que son 150 millones en 2016 y un total de 413 desde 2012. “Según nuestros datos el ahorro no llega a 10 millones, cuando pagamos por intereses más de 40”, ha explicado Valero. Por su parte, Albás ha reclamado de nuevo transparencia en el destino de los ahorros logrados con la subasta, idea en la que ha coincidido con el portavoz de Podemos, Juan Antonio Gil, que ha señalado que “no hay garantías de que el ahorro vaya a Sanidad por la falta de transparencia”, una ahorro que, en cualquier caso, se ve reducido porque “solo se ha alcanzado un 30% de adjudicación”..
El portavoz del partido de los círculos también ha reclamado cambios en el sistema de subastas como “establecer mecanismos que favorezcan a empresas que garanticen controles de calidad así como abastecimiento e isoapariencia”. En relación a la calidad de los medicamentos de la subasta, tanto el consejero como el portavoz del PSOE, han puesto de manifiesto que la calidad de estos medicamentos está avalada por la Aemps, por lo que al ponerla en duda, “se pone en duda a la agencia”.
Por último, Gil ha reclamado la puesta en marcha de una mesa de trabajo para comparar la subasta alemana, mencionada habitualmente por Alonso como ejemplo internacional, con la andaluza. De este modo, se podría “contemplar con datos técnicos qué subasta es la mejor”. Igualmente, este diputado ha reclamado “llegar a un consenso con la industria para que colabore y que acuda a la licitación”.