El ‘informe Cabezón’ también es bien acogido fuera del Europarlamento

Casi una semana después de la aprobación en el Parlamento Europeo, por 568 votos a favor y sólo 30 en contra, del 'Informe sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos', liderado por la eurodiputada socialista Soledad Cabezón, son ya varias, y diversas, las voces que han mostrado su conformidad con lo reflejado en este documento.

El último ha sido Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, quien ha valorado que "las modificaciones introducidas" en el texto inicial han ofrecido un resultado "razonablemente equilibrado", pese a que parte de los presupuestos de partida y muchas de las recomendaciones están dirigidas a un mayor control sobre los precios de los medicamentos y sobre el ejercicio de la propiedad intelectual para que no jueguen en contra del acceso.

De hecho, Urzay ha explicado, en lo que respecta a la reducción de los precios de los medicamentos y la posibilidad de compartir los derechos de comercialización cuando un medicamento haya contado, para su desarrollo, con financiación pública, que "existen ya mecanismos para que el sector público ponga en valor su participación en la investigación y eso se traduce en que muchos organismos a nivel internacional reciben royalties todos los años". Opinó, además, en línea con el informe, que "la labor de los poderes públicos está en fomentar la investigación en las áreas que no están cubiertas", y luego matizó: "La investigación, como bien público, avala que los estados inviertan en la generación de conocimiento, aunque lo importante es que ese conocimiento revierta en la sociedad, con bienes y servicios para los ciudadanos, y eso lo hacen normalmente las empresas".

Del mismo modo, aunque partiendo de presupuestos diferentes, la aprobación del informe ha sido celebrada por la organización Salud Por Derecho, cuya directora, Vanessa López, ha señalado que "el informe recoge muchas de las situaciones que venimos denunciando en los últimos años y que suponen un enorme riesgo para las personas y para los propios sistemas sanitarios". Así, una vez conocido el resultado final, López espera "que ésta sea la primera de muchas iniciativas que vayan cambiando la balanza a favor del derecho a la salud y los medicamentos que curan, por encima de beneficios industriales que ponen en riesgo su desarrollo, el acceso y la asequibilidad". En este sentido, desean "que el Gobierno de España se haga eco de estas recomendaciones y que sean asumidas y trasladadas a la política farmacéutica".