Farmaindustria ha emitido un comunicado para posicionarse con respecto a la prohibición, incluida en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, de que las compañías farmacéuticas financien la formación a profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, por considerar que estas actuaciones son beneficiosas para pacientes y sanitarios, adecuadas a la normativa nacional y comunitaria y además sujetas a un Código de Buenas Prácticas donde se fomenta la transparencia.
Consideran que la aportación de las compañías farmacéuticas es "esencial" para la formación continuada de los profesionales sanitarios, por permitir que sociedades científicas y otras organizaciones científico-profesionales puedan organizar reuniones y congresos con los que los profesionales sanitarios se mantienen al día con la ayuda de becas y otros mecanismos sin los cuales, dicen, "tendrían muy difícil la asistencia".
La patronal destaca "el elevado nivel científico y el reconocimiento generalizado sobre la alta capacitación de los profesionales sanitarios en España" como "muestra" del valor de esta colaboración.
En cuanto a las aportaciones de la industria con las organizaciones de pacientes, consideran que éstas son "fundamentales para que puedan llevar a cabo proyectos de formación o de ayuda a los pacientes y a sus cuidadores y familiares en muchas de sus necesidades", algunas de las cuales, subrayan, "no están cubiertas por el sistema sanitario". En este punto, la Asociación recuerda que la legislación "favorece" las ayudas a entidades sin fin de lucro con fines sociales, y citan como ejemplo la ley del mecenazgo.
"Tanto en el caso de la formación continuada de los profesionales sanitarios como en las actividades de las asociaciones de pacientes, estas colaboraciones con las compañías farmacéuticas, además de ser legítimas, benefician al sistema sanitario y al conjunto de la población, puesto que contribuyen a la mejora de la calidad de la prestación sanitaria y a la articulación de las organizaciones de pacientes, cuya voz e implicación son fundamentales para orientar la labor sanitaria hacia las necesidades de los enfermos", opina Farmaindustria.
Por eso, entienden que lo contrario, la prohibición, "iría en contra de la libertad de empresa y de la iniciativa privada, principios consagrados en la Constitución". Entienden que ir en contra de estos principios es ir en contra de "una práctica habitual en el resto de países europeos". Destacan además "que el apoyo a la formación de los profesionales sanitarios está respaldadas por la propia normativa europea, que prevé este tipo de cooperación por parte de las compañías farmacéuticas". Citan, en este caso, la Directiva 2001/83/CE, incorporada a la legislación española en el RD 1416/1994, que regula la publicidad e información de medicamentos al público y a los profesionales, y que prevé el patrocinio de congresos científicos en los que participen personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos.
Recuerdan además que estas actuaciones están sujetas al Código de Buenas Prácticas, que incluye la publicación, por parte de las compañías farmacéuticas, de los apoyos que proporcionan. Con eso, dicen, se evitan "potenciales conflictos de intereses" y se asegura la "independencia" de todas las partes.
: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: