Las enmiendas de devolución y el texto alternativo presentados por el PP, Vox y Ciudadanos han sido rechazadas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que es el departamento de Gobierno que impulsa este cambio normativo ha asegurado, en referencia a las enmiendas presentadas por la oposición que “la derecha propone que quien quiera abortar vaya a clínicas clandestinas”, o que “aborten quien se lo pueda pagar”.
Igualmente ha defendido el derecho a abortar de las menores de 16 y 17 años asegurando que desde PP, Voz y Cs, aseguran que “no pueden decidir por sí mismas”, pero “defienden obligarlas a ser madres el resto de su vida”.
Para el PP, esta norma, según ha explicado su portavoz en Igualdad, Marta González, la nueva ley que inicia ahora su tramitación, “es inoportuna” y nace sin tener el respaldo de ningún grupo técnico o de expertos.
Ciudadanos, que ha presentado un texto alternativo, ha centrado su exposición en criticar “la falta de humanidad del Gobierno”, al “criminalizar” la gestación subrogada.
Desde el PSOE se asegura, “que la maternidad es una opción”, según Susana Ros y que esta ley “no obliga a abortar”. Una opinión muy similar a la mantenida por la portavoz de Bildu, Bel Pozueta quien además considera que PP y Voz “priorizan las necesidades demográficas”, por encima del “deseo de las mujeres”.
La nueva ley ,además de mantener derecho al aborto de menores de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad sin necesidad de permiso de los tutores legales y se eliminarán los 3 días de reflexión antes establecidos y la información obligatoria. Además, se toma como “referencia” a la sanidad pública de forma que las mujeres podrán abortar en el centro hospitalario público más cercano.
También se facilitará la incapacidad temporal a las mujeres para recuperarse de estas intervenciones y se garantizará la disponibilidad de la píldora del día después “en los centros de salud o de atención especializada y en las farmacias”.