David Cantarero, vicepresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), ha participado en la Jornada de Gestión e Innovación en Vacunas, que organiza MSD en Santander, para poner de manifiesto las carencias que existen en España en lo que respecta a la aplicación de la evaluación económica a la hora de definir las políticas de Salud Pública y, más concretamente, las de vacunación.
La falta de evaluación económica tiene que ver con varios factores, a su juicio. "Está claro que la afluencia de investigaciones es mayor en otros países, quizás porque la inversión aquí no es tan grande", apuntó, en primer lugar. También puso el énfasis en las dificultades que él mismo se ha encontrado para obtener la información cuando ha tratado de emprender algún estudio relacionado con el coste efectividad de las vacunas en España. "Por un lado, hemos visto que algunas metodologías tardan más en llegar a nuestro país, y también hemos visto que es difícil obtener datos en los centros hospitalarios", señaló.
Entre los parámetros que considera relevantes y que se podrían evaluar con estos análisis están los costes indirectos, aunque opina que, a día de hoy, "es complicado hacer entender a los gestores el impacto de éstos". En este sentido, subrayó que es preciso "aprender a comunicar los beneficios y la idea de inversión, de que gastes ahora ahorra costes, sobre todo indirectos", sobre todo en la población activa. Más complejo será, avanzó, demostrar esos beneficios en población mayor, ya que no se podrá argumentar como ganancia la mejora de la productividad.
La ética en la inversión en Salud Pública
Seguidamente, Federico de Montalvo, director del Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE y vicepresidente del Comité de Bioética de España, se refirió a un informe que presentaron a la Dirección General de Salud Pública en relación con la profilaxis pre-exposición frente al VIH, en las que se les presentaban dos preguntas: si debe financiarse esta opción cuando existen alternativas para el tratamiento de la enfermedad que pueden ser más baratos y si el SNS debe costearlo a personas que no adoptan otras medidas preventivas.
Para argumentar su posición, acudieron al modelo sueco de priorización del gasto en sanidad, un esquema que coloca en el nivel 2 de 5 a los medicamentos y medidas que se dirigen a la prevención, concluyendo que "la prevención debe ocupar un papel privilegiado". Seguidamente, se refirió a los criterios éticos que guían la profesión médica, que dice que siempre es preferible prevenir, teniendo en cuenta, que la prevención ahorra costes indirectos y que puede ayudar "a introducir un cambio de cultura, ya que si comenzamos a financiar medidas preventivas la población podrá poner el foco en la prevención".
