Ione Belarra, portavoz adjunta del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y representante de la agrupación en las negociaciones de la nueva senda de déficit que pretende establecer el Gobierno, confirmó a los medios de comunicación, tras una reunión con miembros del Ejecutivo, el traslado de "una propuesta para eliminar el copago a pensionistas, porque éstos no pueden volver a pagar por unos medicamentos que ya han pagado con sus impuestos". Belarra recordó que se trata de una medida que suscita un "consenso absoluto y que están exigiendo las mareas de pensionistas", por lo que, opinó, "el Gobierno debería adoptarla".
La diputada navarra confirmó que ambas formaciones están "trabajando en ello y avanzando". Y así lo ha confirmado también a Diariofarma Amparo Botejara, portavoz de Sanidad de este grupo parlamentario, quien, no obstante, ha reconocido que los principales escollos de la negociación están "en las cuentas que hay que hacer para recuperar la situación previa a la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012". Los primeros cálculos, resultantes de la extrapolación del coste que ha supuesto la medida para algunas comunidades autónomas, indican que rondaría los 500-600 millones, aunque esa cifra podría distar de la real y no puede ser tomada como definitiva. Desde el Ministerio, de hecho, han rehusado hablar de números.
Botejara ha señalado que la agrupación a la que representa es "optimista" con respecto al desenlace de las negociaciones para aprobar la reversión del copago a pensionistas. Se basan para ello en los avances producidos en lo que respecta a la recuperación de la universalidad, que se saldó con la aprobación, en el mes de julio, del nuevo Real Decreto sobre acceso Universal al Sistema Nacional de Salud, el cual, opina la diputada extremeña, deberá ser apuntalado, a través de un adecuado desarrollo reglamentario, "para que las comunidades autónomas no puedan bloquearlo, como hizo la Comunidad de Madrid al día siguiente".
También ha opinado sobre la polémica suscitada en torno a la eliminación del copago para todos los pensionistas, independientemente de cuál sea la cuantía de sus ingresos. En este sentido, apunta que la idea es "empezar por los más vulnerables, los que tienen que tienen ingresos inferiores a los 18.000 euros". "De todas formas, hay que tener en cuenta que es poca la población de pensionistas que supera esa franja", concluye.
La respuesta del Ministerio
Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no han querido responder a lo planteado ahora por UP-EC-EM, y se han limitado a replicar lo apuntado por la ministra, Carmen Montón, en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados del pasado 12 de julio de 2018.
En aquella comparecencia, Montón ya avanzó la intención del Gobierno de eliminar los copagos farmacéuticos a pensionistas, a los que calificó como "una barrera en el acceso a los tratamientos". Asimismo, argumentó, citando a expertos en economía de la salud, que la medida "cargó sobre las familias gastos sanitarios públicos sin disuadir del consumo y ha contribuido a elevar las desigualdades".
Por este motivo, señaló la ministra, "su eliminación es necesaria para garantizar la equidad", y anunció, en línea con lo que indica Botejara, que durante esta legislatura "se empezará por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad". "Aumentar la adherencia a los tratamientos es invertir en salud, significa reducir descompensaciones en las enfermedades y, por tanto, mejorar la salud de las personas”, culminó.
Por tanto, el significado de esta acción de UP-EC-EM quizás no esté tanto en el fondo, ya que parece que en eso hay consenso pleno entre ambas formaciones, si no en la forma. Y es que la formación habría aprovechado la negociación de la senda del déficit, fundamental para la consistencia del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que esta medida se incluya entre las prioritarias.