El Partido Popular fue el único grupo que votó en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018 de Universalidad de la asistencia sanitaria. Un voto que se fundamentó en tres aspectos principales, tal y como explicó la portavoz popular en Sanidad, Teresa Angulo. En primer lugar, porque en España ya se atiende a todas las personas, además, porque se cobra a los nacionales de otros países de la Unión Europea por la asistencia a sus ciudadanos y, por último, porque con el RDL 16/2012 se “terminó con la injusticia en la que ustedes dejaron a millones de españoles: sin empleo, sin trabajo, sin hogar, sin recursos. Fue el Partido Popular el que garantizó la viabilidad del sistema sanitario público y con ello su carácter de universal, público y gratuito”, explicó.
Por todo ello, Angulo consideró que el RDL 7/2018 “es un decreto que vende humo de manera irresponsable, abriendo las puertas de España de par en par al turismo sanitario”. Según ella, con esta modificación, el Ejecutivo va a volver a crear un problema ya que la Unión Europea exigirá ofrecer la misma cobertura a los extranjeros que a los nacionales y, por tanto “no podremos cobrarles a los ciudadanos comunitarios que vivan en nuestro país”. El impacto, según la popular serán unos 920 millones al año.
Angulo recordó que antes del RDL 16/2012 había unos 200.000 españoles que no tenían derecho y que esta norma se lo otorgó, incrementando la universalidad del sistema. En este sentido, explicó que, a pesar de los “eslóganes” de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, “España se atiende hoy a todo el que lo necesita, también a las personas en situación irregular, a quienes se les concede la atención más amplia de Europa”. Además, valoró la polémica norma que ahora empieza a ser modificada por haber puesto fin al “fraude que ustedes permitían y que favorecía el turismo sanitario” costando más de 1.000 millones de euros. A este respecto consideró que el modelo del 16/2012, “era más universal, pero sobre todo era más responsable” que el de Montón porque “porque garantizaba la asistencia a quien reside en España, pero sin poner en riesgo el sistema al realizar un efecto llamada”
Por todo ello, calificó de “inciertos” los argumentos que se han utilizado para justificar tanto la forma como el fondo del real decreto-ley del Gobierno de Pedro Sánchez, y aseguró que las “descalificaciones hacia la gestión del Partido Popular no son creíbles tampoco en materia sanitaria”.
La portavoz popular criticó que se haya puesto “condiciones” al derecho de asistencia cuando haya un tercero obligado al pago. “Están ustedes mintiendo, entonces la asistencia sanitaria no es por condición de ciudadanía, entonces no es universal. O miente cuando dice una cosa o miente cuando dice la contraria”, espetó la diputada extremeña.
España, uno de los países más generosos de la UE
La otra crítica al texto presentado por el Gobierno llegó de la mano de Francisco Igea como portavoz de Ciudadanos. Este diputado, pese a mostrarse contrario a lo que estableció el RDL 16/2012, cuestionó la urgente necesidad de tramitar la modificación de esa norma como real decreto-ley. Según Igea “España ha sido, sigue y seguirá siendo uno de los países más generosos de la Unión Europea a este respecto y, por consiguiente, no se puede alegar que haya una situación de urgencia”.
Para el portavoz de Ciudadanos, era necesario volver al derecho a la asistencia sanitaria como un derecho de ciudadanía, pero según él “no es suficiente”. Según él, no se avanza en generar condiciones de igualdad en el sistema sanitario a lo largo las distintas comunidades autónomas porque eso exigiría “una financiación igualitaria, con una financiación a las comunidades autónomas igual por población asistida, y eso no es así y no se corrige con este decreto. Al no haber financiación, los recursos son diferentes, los recursos humanos y los materiales, y así lo hemos repetido en este Congreso, y también son diferentes los resultados.
Pero, además, Igea consideró que el Ejecutivo no ha atajado una “bomba de relojería” que contenía el 16/2012, como es “la posibilidad de tener carteras diferentes de servicios”. Al portavoz de Ciudadanos le resultó “sorprendente” que esta cuestión no hubiera sido abordada ni en el texto del real decreto-ley a convalidar ni que los portavoces de los diferentes partidos la hubieran reseñado. De este modo, volvió a cuestionar que la asistencia sanitaria en España sea igual para todos los usuarios.
Por último, el portavoz de Ciudadanos señaló que a los inmigrantes irregulares “no les dan la tarjeta sanitaria que les prometieron porque sabían que eso era imposible, ya que la Comunidad Económica Europea no lo permite”, por lo que “no se dan condiciones de igualdad”.
Un primer paso
Por su parte, la portavoz de Podemos Amparo Botejara aseguró que la promulgación del RDL 16/2012 fue un “engaño” que buscaba “deteriorar nuestra sanidad pública para que se fuera implantando y extendiendo con toda facilidad la sanidad privada”.
Botejara dedicó gran parte de su intervención a interpelar al portavoz de Ciudadanos, asegurando que, si de ellos dependiera, “serían diligentes a la hora de darle nuestra sanidad pública a la gestión privada utilizando instrumentos como los indicadores”. A Igea también se dirigió la portavoz de Podemos para recordarle que tras la modificación del capítulo I del RDL 16/2012, que afecta a la universalidad, vendrán las modificaciones del capítulo II, que afecta a las carteras de servicios, el capítulo III, del Fondo de Garantía Asistencial y “también llegará la desprivatización de nuestro sistema sanitario y que la salud de nuestra población deje de ser por fin un negocio para los mercados”.
Como no podía ser de otro modo, el portavoz socialista, Jesús María Fernández, señaló que le parecía “adecuado” el nuevo texto legal: “una atención sanitaria que no es integral, que no es completa, no sirve”. Fernández también tiró de estudios y aseguró que mucho se ha hablado de los “perjuicios que ha significado para la salud de muchas personas esta exclusión de la asistencia sanitaria y nunca se han demostrado los supuestos beneficios económicos o ahorros que no genera el real decreto-ley de exclusión de la asistencia sanitaria”.
El portavoz del PSOE hizo un llamamiento a los mismos grupos que el pasado 10 de mayo votaron una moción consecuencia de la interpelación a la anterior ministra de Sanidad que tenía entre sus resoluciones “recuperar el carácter universal del derecho a la atención sanitaria y retirar cuantos recursos judiciales tenga planteados el Gobierno frente a las normas de las comunidades autónomas dirigidas a recuperar la universalización”. De este modo, pidió coherencia a los 206 votos que aprobaron esas resoluciones e incluso a los del Partido Popular que se sumaran a al mismo.
Por parte de los grupos minoritarios, que todos ellos apoyaron la convalidación del decreto, solicitando muchos de ellos la tramitación como proyecto de ley, cabe destacar la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Íñigo Barandiaran, quien criticó a Montón que no se acometiera “una reversión completa al esquema normativo previo al del Real Decreto-ley 16/2012, sino que se limita a restaurar la situación anterior a la reforma únicamente en lo que respecta al ámbito subjetivo de las personas aseguradas, manteniendo otras, fundamentalmente la del copago”, indicó.
Nicolas Gonzalez Casares: