Se ha confirmado. Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno de España, un Gobierno que se materializará través de una coalición con Unidas Podemos. Esto es así gracias a los 167 votos a favor obtenidos en la segunda votación producida en el Congreso de los Diputados, que se han traducido en su investidura por mayoría simple, que obligará al nuevo Gobierno a negociar las grandes medidas de calado, empezando por los Presupuestos. Esto, y el ambiente vivido en estos días en la Cámara Baja, permite barruntar que estamos ante una Legislatura difícil.
En materia de Sanidad, la primera duda está en el nombre del próximo ministro o ministra, habida cuenta de los rumores que parecen confirmar la marcha de María Luisa Carcedo de la primera línea. De su no continuidad se podrían desprender, por cuestión de confianza, algunos cambios más en la estructura actual del Ministerio con sede en el Paseo del Prado de Madrid.
Yendo a las prioridades políticas en materia sanitaria, cabe recordar las medidas incluidas en el acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos, de las que ya ha informado este periódico. La principal: alcanzar una inversión pública en sanidad del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) para el final de la legislatura en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. En el ámbito de la financiación, también se plantean incrementar los recursos del Fondo de Cohesión Sanitaria y desarrollar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que aúne la lealtad y solidaridad entre territorios, la igualdad de derechos de todos los españoles y la justa distribución de los recursos públicos, de forma que se garantice la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia.
El acuerdo también incluye menciones a la relación con la industria farmacéutica y el precio de los medicamentos. En este sentido, ambas formaciones se comprometieron a "orientar las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios".
También comparten la intención de eliminar progresivamente los copagos e impulsar la atención sanitaria universal, la promoción de un modelo sanitario que se base en la gestión pública directa, la renovación de la tecnología sanitaria o la digitalización del SNS a partir de los criterios de coste-efectividad, así como la evitación de duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas o la garantía en el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas afectadas por enfermedades raras, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan.
