Proponen reconocer la inversión sanitaria previa a Covid-19 para repartir los 16.000 M€ a las CCAA

David Cantarero, profesor titular del Grupo de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria, y Santiago Álvarez, profesor titular de Economía de la Universidad de Oviedo, han elaborado un informe, titulado 'Financiación autonómica, nuevo fondo de liquidez sanitaria y pandemia de la Covid-19', en el que ofrecen una visión general de la financiación autonómica actual y analizan el reciente anuncio de creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, para transferir recursos a las autonomías para financiar los gastos generados por la pandemia de la Covid-19, así como los posibles criterios para la distribución del mismo.

Del sistema actual, que se puso en marcha en 2009, aunque las primeras liquidaciones no se produjeron hasta 2011, destacan el hecho de que estableciera que cada comunidad retuviera el 25% de los recursos tributarios que les correspondían y cedieran el 75% restante al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Esa cantidad que cedían se sumaría a la aportación de recursos realizada por el Gobierno Central y se distribuiría entre todas las regiones a partir de su peso en la población ajustada, variable que, recuerdan, "se toma como indicador sintético de las necesidades de gasto".

Los autores indican que, "si bien es cierto que la reforma supuso una disminución en la dispersión de recursos entre comunidades autónomas, en relación con el sistema de financiación anterior, la nivelación parcial de recursos inducida por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales quedó totalmente distorsionada por el efecto de los restantes fondos que integran el modelo (se refieren al Fondo de Suficiencia Global, así como la aplicación de fondos adicionales de convergencia autonómica), con unas diferencias que no se corresponden ni con las necesidades de gasto ni con las diferencias de capacidad fiscal entre las mismas".

Estas deficiencias, entre otras, han motivado que en los últimos años se haya clamado desde las autonomías por una reforma del modelo de financiación, revisión que se había establecido como una de las prioridades para la actual legislatura. Sin embargo, los "efectos de la nueva crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19", les hace pensar que "no es previsible que a corto plazo se proceda a una reforma del modelo". Argumentan esta posición con la "incertidumbre" existente "sobre los efectos finales de la crisis sobre la recaudación tributaria, así como sobre las necesidades de gasto".

Por eso, han centrado su atención en el sistema de reparto que, a su juicio, debería aplicarse para el fondo no reembolsable de 16.000 millones para gastos por Covid-19 que ha anunciado el Gobierno. Tendría "toda la lógica del mundo", apuntan, "atenerse a las reglas de juego que todos los gobiernos, autonómicos y central, se han dado en esta última década", lo que implicaría seguir los criterios establecidos en el sistema de financiación autonómica vigente, donde se tienen en cuenta el statu quo, factores no demográficos como la superficie y dispersión, o la población ajustada, en donde se pondera, entre otras cuestiones, la mayor de 65 años, por ser el principal grupo de riesgo en cuanto a tasa de letalidad antes de la pandemia.

Por lo que se sabe hasta ahora, el Gobierno se estaría planteando utilizar aspectos más relacionados con la propia crisis sanitaria (ingresos en las UCIs, hospitalizaciones, positivos confirmados por PCR). Los autores ponen de manifiesto que eso supone no tener en cuenta, por ejemplo, que la dotación de camas hospitalarias en funcionamiento y la de personal médico en Atención Primaria antes de la crisis sanitaria era desigual entre comunidades. Por eso, proponen "analizar de algún modo el grado de esfuerzo regional para una mejor gestión sanitaria a lo largo de esta crisis y compensarlo, aunque fuese de una manera indirecta, mediante este nuevo fondo sanitario de liquidez no reembolsable".

La solución óptima para los autores pasa por "respetar, en primer lugar, los criterios de reparto actualmente vigentes en el marco del sistema de financiación autonómica". Y en caso de que el reparto no se haga atendiendo exactamente a estas variables, opinan que debería explorarse la distribución en función de la población ajustada, incorporando elementos como "la población mayor de 65 años; el mayor esfuerzo sanitario realizado, medido en términos de costes asumidos en materia de prevención y de gasto sanitario que ya tenían en su momento las comunidades, e incluyendo los gastos en la adquisición de material o en inversiones para ampliar la capacidad de camas hospitalarias y UCIs, y, finalmente, introducir índices regionales de pobreza o privación relativa como elemento de ponderación para aquellas comunidades que, ante caídas significativas de su PIB per cápita, pudiesen recibir excepcionalmente más recursos".

No basarse exclusivamente en un criterio poblacional

Por otro lado, defienden que la aplicación de un criterio estrictamente poblacional "no tiene ninguna base en la experiencia pasada", negación que argumentan con el hecho de que la asignación de recursos destinados a la financiación sanitaria (citan los modelos 1994-1997, 1998-2001, 2002-2008, o el actual, e incluso en los Informes elaborados por el Grupo de Trabajo de la Conferencia de Presidentes para el Análisis del Gasto Sanitario en 2005 y 2007), "siempre había tenido en cuenta la población ajustada o protegida y no la población de derecho".

Para los autores, sería relevante poder "abrir un debate y posterior análisis técnico de las consecuencias de optar por uno u otro tipo de criterios". Concluyen señalando que, ante la magnitud de la tragedia de pandemia de la Covid-19, "sería conveniente minimizar la posible aparición de discrepancias" entre responsables territoriales que provoquen la desviación sobre el objetivo principal, "que no es otro", dicen, "que vencer al coronavirus".