Diversos médicos españoles han iniciado una campaña para frenar la aplicación de la Ley de eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo y que entrará en vigor el próximo mes de junio. Para ello aducen problemas legales, bioéticos y médicos, pero especialmente “la inseguridad jurídica que genera a los más frágiles”.
El escrito dirigido al Tribunal Constitucional, está firmado entre otros por Salvador González Barón, catedrático emérito de Fisiología y director de la cátedra de Oncología de la Universidad de Málaga; Manuel González Barón. Director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe (jubilado) del servicio de Oncología Médica del hospital La Paz; Manuel García del Río, profesor de Pediatría en el mismo centro universitario y Álvaro Gándara del Castillo, jefe de la unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz.
En el mismo se indican algunas de las cuestiones que han sido criticadas por gran parte de las profesiones sanitarias como el hecho de que “se ha venido promoviendo deliberadamente un falso debate social para justificar la ley de eutanasia”, mientras que “se olvida que unos 80.000 pacientes mueren por falta de unidades de cuidados paliativos”.
Para estos profesionales, “lo que la sociedad demanda es que se dicten leyes que protejan la vida humana, especialmente las de las personas más vulnerables, en estados avanzados y de las personas con una discapacidad severa”.
Esta norma, tal y como señalan, “nos afecta gravemente a todos, pues crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles”, lo que en su valoración, “la hace fundamentalmente injusta”, puesto que deja a esas personas, “sin alternativas, puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a todos ni en tiempo ni en forma”. En España, aseguran, “aproximadamente 200.000 enfermos necesitan cuidados paliativos al año y unos 80.000 fallecen sin poder acceder a esas unidades”.
Además, quieren poner sobre la mesa que, con la nueva ley, el médico “desempeña el papel de ejecutor en la eliminación de una persona y como consecuencia queda rota la relación de confianza tan necesaria entre el médico y el enfermo, asó como con sus familiares”. Asimismo, advierten que en los países que han despenalizado la eutanasia “la falta de control, a pesar de pretender garantizarlo, ha llevado a verdaderas eutanasias no solicitadas”.
Por otro lado, los firmantes del texto achacan a la ley una aprobación “recurriendo a un procedimiento parlamentario no adecuado”. Con ello hacen referencia a la crítica lanzada desde numerosos sectores sociales y políticos de que la norma ha sido tramitada como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se ha evitado los informes, como el del Consejo de Estado, que es preceptivo en los trámites ordinarios.
Igualmente, recuerdan que durante la tramitación de la ley, no se ha solicitado valoración, ni al Comité Nacional de Bioética (que actuó de oficio y criticó severamente la ley), ni a las sociedades científicas sanitarias y a los colegios profesionales.
Los impulsores de la iniciativa cuestionan también la obligación de la inscripción previa en un registro de objetores de conciencia, con aquellos profesionales que se oponen a la aplicación de esta ley, cuando “lo lógico” hubiera sido realizarlos con aquellos profesional que están a favor de la eutanasia.
Por último aseguran que “la alternativa real” es promulgar una ley nacional de cuidados paliativos para “garantizar el acceso universal a estos cuidados como parte fundamental de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pero, indican “en nuestro país no se ha querido promover los cuidados paliativos”. Como ejemplo señalan que en la UE hay dos unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes; en España la media es de 0,6.
Nicolas Gonzalez Casares: