La objeción de conciencia: un derecho “en entredicho”

Eva María Martín García, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario.

En el actual contexto socio político se están produciendo movimientos que amenazan uno de los derechos individuales que constituyen la base de una sociedad democrática y pluralista: la objeción de conciencia. En unos casos, se proponen restricciones a su libre ejercicio; en otros, sencillamente, se promueve su supresión en la esfera pública.

Se debate en la sociedad civil el valor de la objeción de conciencia, donde se enfrentan dos posturas: una que, en consonancia con las declaraciones de derechos humanos y las normas deontológicas, defiende la objeción de conciencia como un derecho humano esencial vinculado a la libertad ideológica y de conciencia; otro que la entiende como un desafío al Estado del Derecho y un enemigo declarado de los colectivos que defienden los derechos reproductivos.

La libertad de conciencia tiene entre sus manifestaciones más genuinas, el derecho a la objeción de conciencia. No es patrimonio de una ideología: puede afectar a cualquiera, al margen de sus posiciones morales o ideológicas. Cuando ésta se ejerce de modo responsable y es fruto de un pensamiento coherente y sincero, debe ser respetada y garantizada.

Con este fin, un grupo de juristas y profesionales sanitarios, han lanzado un breve vídeo donde explican el sentido y el valor de este derecho, especialmente, en el ámbito sanitario. El vídeo aspira a proporcionar algunos puntos de reflexión sobre la trascendencia de un derecho que suele cuestionarse desde posturas que tratan de imponer de un modo unilateral de pensar y comportarse en la sociedad.

La objeción de conciencia no consiste en tener una opinión divergente, ni en oponerse públicamente a una ley instando su derogación, ni en prohibir aquello con lo que no se está de acuerdo, si no en que no te obliguen a ti a aquello que repugna, por razones éticas o profesionales, a tu conciencia. No es una postura caprichosa ni egoísta, sino que se basa en la responsabilidad y en el cuidado del paciente.

Los registros de objetores plantean incertidumbres a los profesionales. Es cierto que es necesario dejar constancia de nuestra objeción, pero tenemos que asegurarnos que de ello no se deriva ninguna discriminación o desventaja.

Tratar de solucionar los problemas privando de la vida a las personas más indefensas es una tragedia. La postura verdaderamente progresista y solidaria es dotar a la sociedad de medios para prevenir, educar y ayudar a todas las personas en situación de vulnerabilidad para que no se vean abocadas a acudir a la muerte como única salida.

Nunca podrán obligarnos a privar de la vida y quitarnos la libertad de nuestras conciencias. Pero me pregunto ¿privarán de sus derechos esenciales a los sanitarios que se nieguen a practicar eutanasias?

Eva María Martín García es presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario.