El Gobierno deberá seguir haciendo equilibrios entre podemitas y nacionalistas para sacar adelante el proyecto de ley de Equidad, que este jueves ha vivido en el Parlamento su primera jornada de debate con la confrontación de las enmiendas a la totalidad.
Finalmente las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PDeCAT eran retiradas por ambas formaciones después de que la ministra de Sanidad se comprometiera a preservar los conciertos sanitarios históricos en la sanidad catalana. Junto a ello la promesa a Podemos de reducir la colaboración público sanitaria a los mínimos imprescindibles y siempre justificados en el resto de la sanidad nacional.
Los que no retiraron sus enmiendas totales fueron Ciudadanos y Vox, que vieron cómo eran tumbadas por la mayoría del hemiciclo.
Darias, que se en su intervención defendió la nueva ley como “ideológica”, contrapuso el anteproyecto a “un modelo diferente al de la derecha” para garantizar “que la gente no tenga que volver a elegir entre ir al supermercado o a la farmacia” y agradeció el apoyo de los grupos parlamentarios, aunque reconoció “que tendremos que trabajar todos mucho desde la base del consenso” para sacar la ley adelante.
Realmente Darias no lo va a tener fácil. Incluso los grupos que apoyan en principio el anteproyecto, no han extendido un cheque en blanco al Gobierno. La ley, que Darias indicó que está comprometida a los objetivos de desarrollo sostenible y acordada con Bruselas, mantiene la gestión indirecta (concertación) sólo en determinados casos. Precisamente esa indeterminación es la que le reprocha la diputada de Unidas Podemos, Rosa María Medel, quien ha pedido que, sin ambages, la nueva norma derogue de manera definitiva la ley de Nuevas Formas de Gestión que data de 1997 y que, en su tiempo, contó con el apoyo del propio PSOE. “Nuestras enmiendas van a defender la gestión directa, vamos a revisar y controlar los conciertos”, ha mantenido Medel.
Desde ERC Xavier Eritjà, se comparte “la necesidad de consolidar la gestión pública”, pero se critica la intromisión del Ejecutivo central en las competencias autonómicas. En el mismo sentido se ha manifestado Bildu quien clama a la vez por acabar con la ‘privatización’ de la sanidad pública, “porque ha causado un gran deterioro” y a la vez pide al Gobierno que garantice la salvaguarda de las competencias autonómicas. El PNV en la misma línea ha calificado la ley de “invasión de competencias”.
En el lado contrario, Ana Pastor, por el PP ha calificado el anteproyecto de sectario y ha ironizado con las dificultades que el Gobierno va a tener para “contentar a todos los que opinan distinto”. Pastor ha calificado las conversaciones entre los partidos que pueden apoyar el proyecto, de “diálogo de besugos”.
Para el PP la ley “no ofrece soluciones” y sobre todo su propia articulación “no es transparente”. El PP considera que el debate sobre la colaboración público privada está superado”.
Juan Luis Steegmann, que ha visto como la enmienda a la totalidad de Vox ha sido tumbada era aún más crítico y aseguraba que “es hipócrita suprimir los conciertos privados cuando los funcionarios y nosotros los diputados disfrutamos de una capacidad de elección entre la pública y la privada que el resto de ciudadanos no tienen”. En su opinión la ley “es inoportuna” y genera “menos équidad, menos accesibilidad y por tanto más enfermedad”.
También con un cierto de reproche, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que ha visto como su enmienda también era tumbada, ha calificado de “hipócritas” al Gobierno y ha recordado que el propio PSOE, en ocasiones coaligado con Podemos, mantienen los conciertos sanitarios en todas las CC.AA. donde gobiernan.
En medio de esta situación la ley seguirá ahora su trámite parlamentario con el debate de las enmiendas parciales. Un nuevo escenario en el que el Gobierno deberá volver a bregar con los grupos parlamentarios, que esta vez no solamente serán Vox y Ciudadanos, sino también el resto de grupos y Podemos, que mantiene vigentes todas sus enmiendas parciales.
Nicolas Gonzalez Casares: