“El pacto sanitario de PSOE y Sumar es una barbaridad, inviable e inconstitucional”

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, tiene un profundo conocimiento de la Sanidad tanto en lo que se refiere a la gestión como a la política sanitaria. Su larga trayectoria y su experiencia en diversos puestos de responsabilidad a lo largo de su vida profesional le han dotado de un conocimiento y una visión que difícilmente se encontrarían en un consejero recién nombrado. Tal y como explica a Diariofarma, tiene una visión muy clara del Sistema Nacional de Salud y se compromete a trasladar los debates clave, fuera de consignas ideológicas, al Consejo Interterritorial.

Pregunta. ¿Cómo cree que la cultura existente en el SNS afecta a la gestión y los cambios a impulsar para buscar la sostenibilidad del sistema?

R. La cultura funcionarial de la administración y estar sometidos al Derecho Administrativo es un lastre porque la prestación de servicios de salud no está concebida para ser regida por éste. La incertidumbre de cada paciente hace que cada día se tomen miles de decisiones sin un interventor detrás. Pretender enmarcarlo en el Derecho Administrativo no vale, pero somos administración y somos gestión directa y eso es un lastre… P. ¿Y cómo se soluciona eso? R. La gran solución sería pasar al Derecho Mercantil, que es tan público como el Administrativo y permite otras formas de organización mucho más eficientes. ¿Pueden seguir siendo empleados públicos? Sí, pero no estatutarios funcionarios. Esto es algo que necesita un debate entre todo el sistema, no son decisiones que un gobierno pueda tomar por sí solo. Se debe buscar el consenso y garantizar el derecho de los profesionales. Hay que generar este debate ya que con el modelo que tenemos hay barreras por todas partes y no permite flexibilidad.

P. ¿Es un debate que va a plantear en el Consejo Interterritorial?

R. Creo que es un sentir generalizado de la toma de café de los consejeros, pero es necesario plantearlo en el debate.

P. También hay que cambiar la manera de cómo se mide el sistema y pasar de actividad a resultados en salud…

R. Absolutamente. Hay que poner el foco en los resultados. Tenemos unos resultados muy buenos, aunque no se miden. Medimos cómo lo hacemos y no el resultado final. Esta es la base para pedir a los médicos autogestión. La mentalidad de la sociedad del consumo también se ha trasladado a la sanidad. Los ciudadanos consumen servicios sanitarios y eso hay que cambiarlo. También se confunde inmediatez con urgencia. Hay que cambiar estas percepciones.

P. Hace unas semanas PSOE y Sumar presentaron lo que podrían ser las líneas generales de su pacto de Gobierno. En el ámbito sanitario había algunas. ¿Cómo las valoras?

R. El tema de las listas de espera creo que forma parte del discurso político, no es algo real. Nosotros ya tenemos hace años una ley de garantías y comunidades como Madrid tienen plazos muy inferiores. En el ámbito de la colaboración público-privada, las comunidades del PSOE están haciendo lo contrario de lo que se acuerda ahí. Hay cuestiones que pueden invadir competencias autonómicas. La apuesta por la gestión directa es una barbaridad y es inviable. Además, se propone la ruptura de la equidad en el Sistema Nacional de Salud ya que quiere terminar con la colaboración público-privada para todos excepto para unos, Cataluña. Eso no es viable, es anticonstitucional y, además, qué haces con los miles de pacientes que están ahora mismo atendidos por actividad concertada. El sistema público no puede diseñar un sistema de absorción de picos de demanda. ¿Qué hacemos contratamos gente a la espera de que suba la demanda? Insisto, son temas de discurso, de abrir debates, porque lo que se paga con dinero público es un servicio público. Creo que ese pacto, que es más de Sumar-Podemos que del PSOE, tendría una viabilidad realmente reducida.

P. En numerosas ocasiones ha comentado que la Administración es un transatlántico con mucha inercia. ¿En qué ámbitos es necesario empezar a corregir el rumbo?

R. El principal es la motivación de los profesionales. Hay ejemplos de centros iguales y unos son más innovadores y rápidos que otros. Eso depende de la motivación y para ello hace falta grandes jefes de Servicio. Necesitas profesionales motivados que innoven, que empiecen a generar dinámicas de cambio internas, pequeñas pero que son sustanciales. Lo otro son cambios legislativos muy difíciles de abordar. Además, hay que cambiar la tendencia regulatoria. No todo tienen que ser leyes o decretos, se ha perdido la utilidad, por ejemplo, de las instrucciones que era la forma habitual de trabajar en el Insalud y permitía una agilidad. Ahora haces una ley o un decreto, tardas mucho en hacerlo y luego no se cambia en años.

P. ¿Hace falta también incidir en una mayor transparencia y benchmarking?

R. Por supuesto, porque es esencial además para rendir cuentas. Nosotros hemos cerrado ahora la página web porque tenía errores. Cuando lo corrijamos se publicará todo. En Madrid lo hice, no soy sospechoso de falta de transparencia, pero tiene que ser con datos fiables. Es importante para rendir cuentas y que los jefes de servicio puedan ver su rendimiento comparado con otros. Es el camino para avanzar hacia los resultados en salud.

P. Sobre el Consejo Interterritorial. Lleva cuatro meses como consejero y aún no ha habido reunión… ¿cómo lo ve?

R. No nos hemos reunido y no hay señales de que nos vayamos a reunir cuando además hay cuestiones de gestión ordinaria que hay que abordar y que no pueden esperar por el hecho de que el ministro esté en funciones. Además, las comisiones sí que están funcionando, han aprobado cosas y están esperando aprobaciones. Han cambiado las reglas del juego y ahora hay doce que son del PP.

P. En los años 2016-2017 hubo una polémica por el hecho de hacer del CISNS un órgano más ejecutivo. El PSOE entonces estuvo en contra, pero con la pandemia sí que consideró al CISNS como una conferencia sectorial. ¿Qué visión tiene ud.?

P. Yo creo que el Consejo tiene que ser Ejecutivo, siempre lo he defendido y no cambio de opinión. ¿Qué afecta a las CCAA? Pues sí, pero tiene que afectar a todo. No lo sé si las decisiones se tienen que tomar por consenso, por votación, eso es instrumental. Lo que no tiene sentido es debatir y aprobar cosas que luego nadie cumple. Creo que es bueno para la cohesión del Sistema Nacional que el Interterritorial. Otra cosa es delimitar claramente los ámbitos de competencia del CISNS y la manera de alcanzar los acuerdos. Eso le garantiza equidad y cohesión al sistema. Hay que delimitar la competencia en qué tiene que ser Ejecutivo ya que eso puede entrar en conflicto con las competencias de las comunidades autónomas.

P. ¿Cree que en esta legislatura se debería aclarar todo eso y aprobar el nuevo reglamento del CISNS?

R. Yo creo que sí, sería conveniente.

P. Las CCAA participan en diversos órganos como la Comisión de Precios, y en los últimos años han ganado mucho peso. ¿Cree que es positivo? ¿Cómo lo valora?

R. Yo creo que es positivo que estén y creo que las comunidades deben tener más peso. Porque al final los presupuestos de farmacia son de ellas… P. Pero la competencia es del Estado…. R. Del establecimiento del precio. El problema es meterlo en la cartera y financiarlo. Si los que tenemos el presupuesto de farmacia somos las comunidades autónomas y creo que tenemos algo que opinar. No digo que tengamos 17 votos, pero sí más peso. Y luego, si hay un problema de acceso que a quien nos piden explicaciones los ciudadanos cuando hay un retraso es a nosotros.

P. ¿Cómo valora la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el modelo de evaluación de medicamentos y los informes de posicionamiento terapéutico?

R. Creo que las comunidades pueden tener un papel en la evaluación y todas tenemos capacidad en mayor o menor nivel en la evaluación. Si nosotros nos vamos a tener que responsabilizar de la farmacia, lo lógico es que participemos y estemos implicados mucho más profundamente en todas estas discusiones. Ahora está en desarrollo el decreto de evaluación de tecnología sanitaria, que es controvertido al meterlo con las agencias de evaluación. Falta por ver el texto, que nos dirá por dónde puede ir.

P. ¿Cree que hay suficiente seguridad jurídica en el sector farmacéutico? La sentencia de la Audiencia Nacional sobre los IPT, anuló el modelo porque no había seguido un procedimiento adecuado.

R. El problema que tenemos no es la sentencia es la legislación. Estamos hablando de sanidad y estamos hablando de pacientes, estamos hablando de personas que necesitan en un momento determinado determinada cosa, pero la necesitan en ese momento, no cuando la administración sea capaz de seguir un procedimiento administrativo que le lleva nueve meses y luego resulta que el tribunal te dice, que no tenía un decreto que lo sustentaba, pues es verdad. Lo que hay que hacer es cambiar la legislación, hacer todo muy ágil y buscar mecanismos que no paralicen la gestión. No se puede abordar esto como si fuera una licencia urbanística. La sentencia es clara y tiene razón, pero tiene una trascendencia negativa.

P. ¿Es negativa su valoración sobre la sentencia de la Audiencia?

R. Sí. Mi valoración de la sentencia de la Audiencia Nacional es negativa porque nos limita. Lo que tenemos que hacer es una legislación para que no pueda caber esa sentencia.

P. Se pueden hacer las cosas siguiendo el procedimiento…

R. O cambiar la normativa para que el procedimiento sea ágil. Tenemos dos opciones: o respetar y tardar, o cambiar la normativa y poner procedimientos ágiles.

P. Pero es la administración la que tiene el BOE y establece cual es el procedimiento…

R. La sentencia dice que, con la normativa actual, no se pueden hacer así las cosas; pues hay que cambiar la normativa y tener un modelo ágil de entrada y de salida de medicamentos, que esto es un problema. Tenemos que valorar que estamos viendo solo innovación incremental y muchas veces cuando no hay alternativa es porque ha fallado todo. Debemos procurar que la innovación más cara, más potente, fuera orientada a línea 1 o línea dos, no a línea cuarta. Cuando nos comparan con Alemania, también me gustaría que me dijeran cuántos medicamentos retiran cada año.

P. Ha comentado que la innovación es uno de los ejes esenciales para la sostenibilidad. ¿Eso incluye a los medicamentos?

R. Sí. Nosotros, vamos a trabajar mucho en innovación en la forma de gestionar la farmacia. Tenemos en mente proyectos para introducir innovación en la gestión de la farmacia.

P. Cuando ve los estudios que dicen que en cinco años llegarán decenas de nuevos medicamentos, muchos de terapias avanzadas… ¿Cómo lo ve? ¿Cómo una buena noticia o como un problema?

R. Lo veo como una gran noticia en la medida en que puedan aportar una solución a patologías que ahora no tienen solución, pero es una noticia preocupante que porque va a afectar a la sostenibilidad del sistema. Aquí sí que hay que poner en marcha estudios relacionados con resultados. Las CAR-T desplegaron inicialmente muchas expectativas que ahora se ven que en muchos casos no se cumplen, pero el impacto presupuestario sí que se produce y es muy grande y puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Hay un debate pendiente, que es ajeno a salud, es social, sobre el coste de los medicamentos.

P. Y a nivel de cambiar el SNS hacia esa visión de transformación que tienes, ¿también es optimista?

R. Sí, creo que hay que poner voz a esta cuestión y que se empiece a reclamar esto, no ir al Consejo interterritorial para el orden del día.