La evaluación de tecnologías sanitarias debe contar con estructuras profesionalizadas en las que los expertos que desarrollen esta labor dediquen su jornada de trabajo al completo a estas tareas. De este modo, habría que acabar con el “voluntarismo” que protagoniza en muchos casos la evaluación de medicamentos en nuestro país. Esta ha sido una de las conclusiones que se han alcanzado en el primero de los webinar que, bajo el título ‘El modelo de evaluación de intervenciones en salud en España y Europa: ¿dónde nos encontramos?’, se ha celebrado en el V Encuentro de expertos en gestión sanitaria y economía de la salud, organizado por la Cátedra de Gestión de las Innovaciones en Políticas Farmacéuticas en el SNS de la Barcelona School of Management y dirigido por Jaume Puig-Junoy y Lluis Segu, con la colaboración de Almirall.
En el encuentro, que ha sido moderado por el catedrático en Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva, se ha rechazado que parte de la evaluación “descanse en mimbres no profesionales”. Para Maria Antònia Mangues, directora del Servicio de Farmacia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es una situación que “no es sostenible”. Para ella, la base de las evaluaciones no debería girar alrededor de personas voluntarias, por lo que habría que profesionalizar una tarea “tan trascendente y determinante”, asegurando, no obstante, que quienes tengan un perfil asistencial puedan participar.
Con ella coincidió el jefe del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS), Pedro Serrano Aguilar, quien afirmó tajantemente que “el voluntarismo ha pasado a la historia” y que, por tanto, “no se puede sostener una posición relevante en evaluación con voluntarismo” ya que los profesionales “deben estar acreditados para ello”. A este respecto, Serrano planteó la diferencia entre la evaluación que se realiza en nuestro país en relación con los medicamentos y el resto de la tecnología sanitaria, donde el personal de las agencias que forman la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS), “tienen dedicación plena”, mientras que en la red que evalúa medicamentos, ReValMed, “se invita a las personas a participar”, cuando es un ámbito en el que según este experto “nos jugamos mucho”. De este modo, según Serrano, en ambas redes “las estructuras son muy distintas, las capacidades también e incluso los contenidos de los informes, también”.
¿Por qué una doble red de evaluación RedETS-ReValMed?
Esta doble red de evaluación existente en nuestro país tampoco resultó del agrado de los participantes en la mesa. Así, Fernando Ignacio Sánchez Martínez, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Murcia consideró que “no tiene sentido una separación tan radical” ya que el “el marco de evaluación, la metodología básica es la misma y las directrices deberían ser comunes”. Coincidiendo con él, Serrano aseguró que se ha “pasado la vida defendiendo” que no haya esa separación y explicó que la limitación de las agencias de la RedETS a tecnologías diferentes a medicamentos solo se produce cuando trabajan para la Administración General del Estado ya que, señaló, que realizan habitualmente evaluaciones de medicamentos para hospitales, comunidades autónomas o a nivel europeo. Por ello, este experto planteó la disyuntiva que se va a producir en un “futuro inmediato” cuando se tengan que evaluar biomarcadores que acompañan a un fármaco. “No tiene sentido abordarlo por separado y de forma distinta”, señaló.
Preguntados por el moderador acerca de las características básicas que debería presentar un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, los tres ponentes coincidieron en que la base es una metodología rigurosa y una excelencia científico-técnica. Además, Sánchez Martínez añadió la transparencia, así como la agilidad ya que “no tiene sentido que un proceso de evaluación, que aspira a informar las decisiones, llegue tarde”. Por su parte, Serrano coincidió en la necesidad de que las evaluaciones “estén a tiempo” y, adicionalmente consideró necesario incorporar a todos los agentes interesados. Mangues también planteó el criterio de oportunidad, que priorice las evaluaciones con mayor impacto.
El responsable del SESCS también analizó lo que va a suponer la puesta en marcha del reglamento europeo de HTA a partir de 2025. Para este experto, los avances “no llegarán tan lejos como creíamos”, sino que se quedará a medio camino ya que los grandes Estados miembro, entre otros España, “se han negado”. Se quería que los países aceptaran los informes y que las decisiones de los estados miembro fueran simultáneas en cuanto a la incorporación a su cartera, ha explicado Serrano, pero la colaboración solo llegará a la elaboración conjunta de informes sobre eficacia y seguridad y, posteriormente, cada país desarrollará el resto de la evaluación de acuerdo con su contexto social y económico.
En relación con los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), Mangues hace un “balance positivo” en este momento, cuando los informes “se parecen más a los elaborados por la autoridad sanitaria ya que las autonomías también participan”. Los primeros, según reconoce solo influyeron en el 6% de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los Hospitales de cara a posicionar fármacos. En cualquier caso, esta farmacéutica considera que pese a estar en el bien camino, “hay autopistas que no hemos transitado y nos hubieran permitido llegar antes y mejor”, por lo que se debería invertir en recursos, tanto humanos como materiales para efectuar mejores evaluaciones.
Necesidad de más recursos
Valorando la existencia de recursos, los otros dos ponentes coincidieron con Mangues. Además, Serrano aprovechó para insistir en que, en el ámbito de la evaluación del medicamento, “donde deberíamos hilar mucho más fino, es donde somos más débiles”. Por ese motivo, aseguró que solo hace falta “sentido común” para organizar los recursos y apostó por “estructuras conjuntas o al menos colaborativas” en materia de evaluación, así como contar con “todos los recursos que hay en el país”. Sánchez Martínez también insistió en la “falta de una estructura institucional”.
Con respecto a las peticiones que estos expertos realizan a los decisores del sistema en materia de evaluación, todos coincidieron en la necesidad de invertir para avanzar en profesionalizar la tarea, y “hacerlo con criterios homogéneos, homologables y rigurosos”, explicó el Catedrático de Economía de la Universidad de Murcia.
El responsable del SESCS también quiso alertar que en relación con nuevas prestaciones, su preocupación “no es tanto el Ministerio, sino las comunidades autónomas”, donde según él, se toman decisiones “con criterios distintos a los de la eficiencia”, por lo que suponen “una amenaza para la igualdad en el país”. Para ejemplificar esto Serrano expuso lo ocurrido con los cribados neonatales: en 2003 Galicia contaba con 50 pruebas, mientras que el resto de las comunidades solo tres. El Ministerio solicitó una evaluación a la RedETS y llegó a la conclusión de que siete cribados era lo óptimo. Pese a ello, hoy solo ocho regiones criban esos siete, mientras que el resto, 20, 30, 40….
Nicolas Gonzalez Casares: