Analizar las claves de la financiación y fijación de precios de los medicamentos y prestaciones innovadoras fue el objetivo de una mesa celebrada en la segunda jornada de la I Foro Norte en Economía de la Salud dentro de la cátedra GSK-Universidad Pompeu Fabra-Barcelona School of Management (UPF-BSM) en Economía de la Salud.
La mesa, moderada por el catedrático de la Universidad de Murcia, José María Abellán, estuvo formada por Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía en la Universidad de La Rioja; Sandra García Armesto, directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); Nacho García Pineda, director general de Prestaciones y Farmacia de Baleares; y Juan Oliva, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Castilla La Mancha, quienes abordaron estas cuestiones desde perspectivas y visiones diferentes.
En primer lugar Fernando Antoñanzas realizó una revisión de la situación de la evaluación económica de tecnologías sanitarias en diferentes países europeos. Previamente quiso poner de manifiesto que “la eficiencia se puede dar de tortas con la equidad” ya que un sistema “muy equitativo a lo mejor no es muy eficiente”. En cualquier caso, abogó porque tanto una como otra haya que buscarlas y que “al igual que la paz, hay que luchar por ellas, pero nunca se alcanzan”.
En su revisión sobre las situaciones en las que diferentes países como Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia o Países Bajos utilizan la evaluación económica de los que explicó sus principales características tanto desde el papel como en la realidad, destacó la crítica al modelo británico. A este respecto, Antoñanzas aseguró que no veía en el modelo británico un sistema “tan halagador” como se ha hecho en el pasado. Además, este economista llegó a plantear que en nuestro país se han hecho “muchas cosas sin pies ni cabeza siguiendo los pasos del Reino Único.
Más allá de esta crítica este economista también quiso dejar claro que la mayoría de los países analizados tienen una flexibilidad en la aplicación de los umbrales, tanto para evitar, por un lado, que la industria ajuste sus precios al máximo admisible, como para facilitar la incorporación de otros medicamentos para situaciones como el final de la vida o ciertas enfermedades. “Dicen que aplican el coste efectividad pero buscan cómo dar soluciones a situaciones concretas”, resumió.
Innovación disruptiva e investigación
Por su parte, Sandra García Armesto, que prometió ser “provocadora” de debate con su intervención, que ofreció a título personal, fue muy crítica con el sistema de investigación instaurado en nuestro país y con la visión que se tiene sobre la innovación.
García Armesto aseguró que en el ámbito sanitario “cualquier cosa nueva se considera innovación”, pero ella abogó por cambiar esa lógica. “Innovación va de transformar los modos de trabajar”, una transformación que puede tener componentes tecnológicos, “pero no solo”. Esta concepción, que aseguró no ser nueva, ha sido, sin embargo, puesto “a la vista de todos por la pandemia”. Por ello, reiteró en que la innovación disruptiva debe ser organizativa y no en base a la introducción de “elementos aislados con efectos dudosos y que en muchos casos se cancelan y generan desequilibrios financieros e inequidades”. Según ella, el binomio innovación-sostenibilidad debería ser “virtuoso”, pero muchas veces la innovación parece una “amenaza” para la sostenibilidad.
Entre las causas que identificó se encuentra el “divorcio” entre el sistema innovador y el sanitario, provocado por la diferente dependencia de los sistemas de investigación y ciencia frente a los sanitarios. “Es ridículo que el SNS y el sistema de innovación tenga agendas separadas, que no se hablan y que no haya alineamiento de prioridades”. Según dijo, esta diferente visión hace que la lógica de la financiación de proyectos de investigación obedece “solo” a criterios de eficiencia, que “son necesarios, pero no suficientes”.
Por otro lado, García Armesto también reclamó “evitar comprar lo que nos venden” e impulsar, para que sea “cotidiana y no excepcional” la compra pública innovadora y el pago por resultados que “donde se efectúa ofrece resultados interesantes”.
Además, y en materia de introducción de las innovaciones en el sistema, consideró necesario cambiar la percepción de la cartera de servicios ya que abogó por “pensar la cartera de servicios como un proceso que tendrá elementos presenciales y no presenciales, fármacos, aparatos, productos sanitarios, etc. Eso será la cartera para una determinada enfermedad”.
Por último, también defendió la creación de ‘lagos de datos’ sanitarios que faciliten la accesibilidad y disponibilidad de todo tipo de datos que se generan en el sistema sanitario. Según ella, hay que huir de crear fuentes de datos específicas para un objetivo concreto, sino que se debe incluir todos los datos en esos lagos de forma que permita su “reutilización masiva”. A este respecto propuso un proyecto colaborativo que permita generar una inteligencia colectiva del sistema Nacional de Salud al servicio de todos y que sea financiada con los Fondos Next Generation.
Los nuevos IPT
El nuevo modelo de Informe de posicionamiento terapéutico (IPT) fue otro de los asuntos que se abordaron en la sesión. Nacho García Pineda explicó las claves de este nuevo procedimiento que pretende solucionar, entre otras cuestiones, los problemas de gestión y acumulación de expedientes que se produjo en el anterior modelo por falta de recursos. Ahora, las comunidades aportan técnicos que realizan las evaluaciones y forman parte de cada uno de los nodos creados al efecto.
García Pineda explicó los procedimientos y planteó que el objetivo temporal para la elaboración de cada uno de los IPT es de 90 días, Además, el responsable de Farmacia balear explicó que en la actualidad se están pilotando 13 IPT y que cada uno de los nodos ya tiene al menos uno. Además, señaló que ya se han priorizado un total de 82 IPT desde octubre de 2020.
‘Hispanice’
La sesión se cerró con la presentación de la iniciativa por una Autoridad independiente de Evaluación de intervenciones sanitarias y políticas de salud, conocido popularmente como Hispanice, por parte de Juan Oliva.
Este economista hizo un repaso por las claves del manifiesto firmado por más de 300 profesionales del sector. Quiso dejar claro que su función no sería sustituir ni a la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) ni a la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS), sino que solo complementaría a la segunda, “permitiendo ampliar su ámbito de actuación evaluativa”. Según este economista, “no tiene sentido dar al medicamento una naturaleza diferencial de otras tecnologías o intervenciones sanitarias, tal y como se ha hecho en España”.
Además, Oliva también explicó que el papel de esta autoridad independiente “no sustituye la decisión política, gestora o clínica en la toma de decisiones en los respectivos ámbitos macro, meso y micro”, sino que lo que buscaría es “ayudar a que la decisión esté lo mejor informada. posible por pruebas científicas en los ámbitos de la efectividad y seguridad comparadas y en la relación coste-resultado en salud”. A este respecto, el economista planteó que el papel de una agencia evaluadora “no puede quedar restringido al momento de la aprobación, ni siquiera al de la comercialización, sino que debe contemplar la evaluación en pacientes reales y ser de naturaleza continua y sostenida en el tiempo (reevaluación)”.
Nicolas Gonzalez Casares: