“Si no implicas a los pacientes en el proceso, no estás haciendo evaluación de tecnologías sanitarias (HTA). Es tan simple como eso”, esta frase atribuida a Brian O’Rourke, exdirector de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, fue la frase sobre la que el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, plantea la postura de Farmaindustria en relación a la nueva senda que debe adoptar la evaluación de tecnologías sanitarias, y en especial al papel más activo que deben tener los pacientes en el proceso de financiación de nuevos medicamentos.
Sánchez, que realizó estas afirmaciones durante una jornada sobre el papel de los usuarios en esta área celebrada en el Hospital Clínico San Carlos, considera que “el movimiento para dar voz a los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias es imparable”. Según explica, “los pacientes tienen un doble papel como participantes en la evaluación económica y también como usuarios potenciales del nuevo medicamento que se está evaluando”. Ellos pueden aportar una visión “que sólo ellos conocen de primera mano”, como es la valoración de aspectos más cualitativos del medicamento que pueden suponer elementos de valor que pasen desapercibidos a otros evaluadores habituales, como los expertos clínicos y económicos.
Sánchez incidió en que la HTA debe evolucionar hacia una evaluación que permita conocer todo el valor que aportan los medicamentos, incluyendo la perspectiva social. “Si la evaluación es parcial tendrá un sesgo”, aseveró. Como recordó el portavoz de Farmaindustria, los llamados Patient-Reported Outcome Measures (PROM) y Patient-Reported Experience Measures (PREM) han pasado a ser elementos críticos de cualquier evaluación y el impacto de un medicamento en la calidad de vida de los pacientes “no puede seguir ignorándose en multitud de patologías en las que, en la actualidad, juega un papel muy secundario”.
En cuanto a la regulación, recordó que esta participación del paciente se reconoce en todo el Reglamento europeo sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que entró en vigor en enero de 2022 y se aplicará de forma escalonada a partir de enero de 2025.
También quiso hacer hincapié en que el papel del regulador debe ser el de servir al conjunto de la sociedad y sus criterios deben estar encaminados a ello. “La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con independencia de cuál sea su composición, debe actuar bajo estos parámetros. Representa los intereses del conjunto de la sociedad, lo que implica tener en cuenta todo el valor que aporta el nuevo medicamento y todos los costes y ahorros que implica su financiación”, subrayó Sánchez.
En este sentido, abundó en que cuando se analizan las variables que recoge la regulación española para decidir sobre la financiación y precio de los nuevos medicamentos en España, “están todas las relevantes: gravedad y secuelas de la enfermedad; necesidades de colectivos concretos; valor terapéutico y social del fármaco; beneficio clínico; coste-efectividad; existencia de alternativas terapéuticas, y grado de innovación. Realmente no se echa en falta ninguna”.
“El problema es más práctico que teórico —apostilló Sánchez—. Creo que sería un avance muy importante que existiera en nuestro país un procedimiento de precio y reembolso más claro y detallado, de forma que pudiera saberse en cada momento en qué fase del proceso se encuentra un nuevo medicamento. Un modelo de financiación transparente y participativo sería sin duda un avance deseable, ya que reduciría incertidumbres sobre qué se puede esperar que ocurra con un medicamento en esta fase tan crítica de su ciclo de vida”.
Por tanto, ¿qué se puede hacer para conseguir una incorporación de la innovación en tecnologías sanitarias más eficiente? Caminar hacia una evaluación que permita conocer todo el valor que aporta un nuevo medicamento (incluida la perspectiva social); desarrollar un procedimiento más claro, transparente y participativo; lograr una mayor involucración de los pacientes; fomentar el trabajo conjunto, a fin de generar más confianza entre todos los agentes, y mayor flexibilidad para explorar alternativas que permitan mejorar el acceso de los pacientes españoles a los medicamentos (RWE, precio distinto por indicación, mejores condiciones de compra por parte de los pagadores, etc.), resumió el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria.
Nicolas Gonzalez Casares: