Expertos coinciden en que los nuevos IPT dificultan el acceso a la innovación

La mesa redonda ‘Acceso a la Innovación’ celebrada en el marco del encuentro ‘El cáncer en España: una urgencia vital’, organizado por la Fundación ECO (Fundación para la Excelencia y la Calidad en Oncología), ha sido un foro para que representantes de pacientes, clínicos, investigadores y otros implicados pongan de manifiesto su preocupación por los continuos retrasos en el acceso a las nuevas terapias oncológicas y lamenten la “oportunidad perdida” de agilizar los procesos de evaluación con los nuevos Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). 

La mesa redonda ha sido moderada por Vicente Gillem, director de relaciones institucionales de la Fundación ECO y jefe de servicio de oncología médica del Instituto Valenciano de Oncología. Han participado Enrique Aranda, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Reina Sofía (Córdoba); José Luis Poveda, jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital La Fe de Valencia; Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) y Humberto Arnés, director general de Farmaindustria.  

Enrique Aranda ha lamentado que siga siendo tan prolongado el tiempo que transcurre entre la aprobación de nuevos medicamentos por la Comisión Europea (con la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento -EMA-) y el acceso a ellos. Entre otras disparidades, ha subrayado que, si las comunidades autónomas están representadas en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), su posterior valoración de las nuevas terapias es innecesaria y contraproducente. 

Un fenómeno que considera preocupante es que menos de la mitad de los IPT se aprueban en línea con la ficha técnica de los fármacos evaluados, mientras que en los restantes lo que se hace es imponer restricciones.

José Luis Poveda ha calificado el proceso evaluador en España, tal como está a fecha de hoy, como “crónica de un fracaso”. “Tenemos que asumir, y creo que los pacientes también pueden hacerlo, que habrá un cierto grado de incertidumbre científica, pero el aval de la EMA certifica un balance favorable entre riesgo y beneficio”, ha declarado en su intervención.

Para este experto, no tiene sentido que se realicen evaluaciones con fórmulas diseñadas para medicamentos administrados a amplias poblaciones (‘blockbuster’ en la jerga del sector) cuando la innovación va destinada cada vez a poblaciones más pequeñas en virtud de la irrupción de las terapias personalizadas. 

El sinuoso camino hasta el paciente 

Begoña Barragán advierte que la pandemia se está usando en ocasiones como “disculpa” para explicar retrasos e inequidades “que en realidad ya estábamos sufriendo antes”. En sus dos décadas de experiencia como voz de los pacientes, ha confesado que “nunca hubiera esperado conocer tantas innovaciones, pero tampoco tantas dificultades para que el paciente las reciba”. También ha destacado que existe una importante cantidad de nuevos fármacos que se aprueban pero no se financian, “un tema del que se habla poco”.

Ante la pregunta de si la evaluación económica en los IPT es una contribución valiosa o no, José Luis Poveda se centraba en los pacientes. Su argumento es que la clave es si los procedimientos facilitan el acceso o no. “Si poniendo en marcha una medida concreta -la evaluación económica o cualquier otra- incorporamos más innovación en menos tiempo y de forma más homogénea, bienvenida sea, pero es que está ocurriendo todo lo contrario”, ha advertido. 

Plazos, metodología, transparencia y participación de los implicados son cuatro de los elementos que echa en falta. Sobre el último, considera que pacientes y clínicos se incorporan cuando los IPT se encuentran muy avanzados y sus intervenciones están limitadas por ese motivo. También ha destacado la necesidad de que el proceso esté dotado de garantías jurídicas, transparencia y objetividad. “Mezclar el coste-utilidad con la evaluación clínica en una estructura no definida me parece arriesgado, y no creo que nos lleve a donde queremos”, ha apuntado. 

Vicente Gillem ha intervenido para recordar que en España hay 22 agencias de evaluación, y que aunque el Ministerio de Sanidad está trabajando en estos procesos y elaborando documentos de normalización, el problema es que no se cumplen. “Los IPT no se publican en 90 días sino en muchos más”, ha dicho. 

Humberto Arnés se ha mostrado de acuerdo en que el plan de consolidación de los IPT en el que se mezclan evaluación clínica y económica “tiene muchas debilidades”. Una de ellas es que a fecha de hoy hay más de 100 IPT que han superado los 400 días de espera. Pero además el procedimiento tendría que estar separado para no contaminar la evaluación clínica, una observación que han compartido los demás participantes.

La atención universal en peligro

José Luis Poveda ha advertido de que las dificultades en el acceso ya están haciendo que algunos pacientes busquen atención fuera del sistema cuando tienen los recursos financieros para ello.

“Sin que sea un fenómeno generalizado, es preciso pensar que las restricciones pueden llevarnos a lo que no queremos, un esquema de dos sanidades, la antítesis de la sanidad universal y gratuita. Es un riesgo que se corre si se va dejando cada vez a más personas fuera del sistema”, ha declarado. Ha pedido que se dejen de “inventar” procesos evaluadores y que se estudien las terapias innovadoras en la práctica clínica. 

Humberto Arnés también destacaba la importancia de este escenario evaluador, que también se conoce por las siglas RWE (de 'real world evidence'): “Es más eficaz que ser restrictivo, la práctica clínica pone a cada uno en su sitio”.