La SEOM denuncia diferencias entre CCAA en el acceso a los medicamentos

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha presentado en su XV Congreso un estudio en el que constata la existencia de heterogeneidades en el acceso a los fármacos y en el manejo asistencial de los pacientes con cáncer en las distintas comunidades autónomas. El estudio, en el que han participado e 53% de los centros sanitarios de España ha evaluado lo que ocurre con once medicamentos para el cáncer de mama, pulmón y próstata.

Los objetivos, según la presidenta de SEOM, Pilar Garrido, han sido “detectar posibles heterogeneidades en el acceso, definir recomendaciones para eliminar las barreras y establecer un punto de partida sólido para el debate”. Los resultados del estudio no dejan lugar a dudas y según la sociedad “confirman que hay heterogeneidad en el acceso a algunos de los fármacos estudiados dependiendo de la comunidad autónoma y/o centros hospitalarios”. Por ello, Garrido ha manifestado “la preocupación de SEOM ante la variabilidad encontrada y considera fundamental implementar iniciativas encaminadas a eliminar las diferencias detectadas tanto autonómicas como hospitalarias”.

En el estudio se ha medido el tiempo desde que se aprueba el medicamento por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) hasta que se puede prescribir en un hospital. Por medio, se han ido registrando también los tiempos que pasan hasta la elaboración del Informe de Posicionamiento Terapéutico y hasta la decisión de precio y reembolso.

En medicamentos indicados para el cáncer de mama, hasta un 36% de los centros han detectado barreras en el acceso, como la elaboración de informes justificativos del uso. En el caso del cáncer de próstata, se ha observado que han pasado 20 meses desde la fecha de reembolso hasta la primera prescripción y se autoriza un uso un 29% más restrictivo que lo autorizado en ficha técnica. En cáncer de pulmón se ha registrado un tiempo de 10 meses desde la asignación de precio hasta la primera prescripción y el 23% de los centros ha detectado alguna barrera.

En el debate, celebrado tras la presentación de resultados, los participantes pudieron profundizar en diferentes aspectos. El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), José Luis Poveda, manifestó la existencia de discrepancias metodológicas con el estudio, motivo por el que su sociedad no ha participado en el mismo. Además, se preguntó si es posible ofrecer la misma “relevancia a todas las novedades terapéuticas”, al tiempo que puso de manifiesto que no es lo mismo novedad que innovación. En cualquier caso, explicó que abogan por “mecanismos más ágiles de información” así como por introducir los precios en la elaboración de los IPT.

Por su parte, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), Begoña Barragán, no vio “nada nuevo en el estudio”. Según ella, la cuestión de la equidad parece no tener solución ya que se pone en último lugar lo que se dice que debe ir como primero. Barragán explicó que actualmente “es una lotería” el fármaco con el que puedas ser tratado, al tiempo que se preguntó por el coste que tienen las comisiones autonómicas de reevaluación. Con ella coincidió Eduardo Díaz-Rubio del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, que estimó que los datos del estudio “no son sorprendentes” ya que la existencia de 17 comunidades autónomas genera variabilidad e inequidad. Además, este experto puso de manifiesto que la incertidumbre no solo es cosa de los pacientes, ya que también alcanza a los especialistas. Díaz-Rubio explicó que las restricciones que realizan las comunidades autónomas, mediante las comisiones que han puesto en marcha generan unos frenos al uso de la innovación que no son legales. Por ello, instó a cumplir con la ley y las competencias asignadas puesto que las comisiones de evaluación “sobran, indicó. Además también apostó por crear un fondo centralizado de innovación en cáncer y contemplar el impacto económico en los IPT.

La oncóloga Ruth Vera, del Complejo Hospitalario de Navarra puso de manifiesto que el tiempo de acceso desde la fijación de precio es muy elevado, al igual que las restricciones observadas con respecto al IPT, que alcanzan al 50% de los centros. Por ello, una cuestión que echa en falta es la existencia de resultados en salud en el informe. Rafael López, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela felicitó a los autores del estudio por ser un “informe valiente” en el que se ha demostrado que “no hay igualdad de oportunidades para los pacientes”. Según él, no es un problema de dinero sino de sociedad. En este sentido, Poveda ha reclamado financiación “finalista para las innovaciones” y la reasignación de recursos nuevos con la llegada de nuevos fármacos, aumentando presupuestos.

El director general de Cartera Básica de Servicios del SNS, Agustín Rivero, fue claro al indicar que “no hay recursos suficientes” y que cada clínico piensa que su ámbito es el más importante. Rivero explicó que el Ministerio de Sanidad negocia precios y que se alcanzan rebajas entre un 25 y un 40% más bajo que el precio notificado inicialmente. Además, reclamó la ayuda de las sociedades científicas para evaluar los fármacos integrados en la cartera común y sacarlos de la misma.

A la vista de los resultados obtenidos, en el estudio, la SEOM ha elaborado un catálogo de propuestas destinadas a reducir las diferencias entre comunidades autónomas. Unas iniciativas para las que la SEOM tal y como explicó su presidenta “se ofrece a colaborar con las autoridades sanitarias en la búsqueda de soluciones que garanticen la igualdad en el acceso a los fármacos oncológicos, con independencia del lugar de residencia”, indicó.