Gestión de la incertidumbre y adaptar procesos, claves para la mejora del acceso a innovaciones terapéuticas

La gestión de la incertidumbre tanto clínica como económica, la adaptación de los procesos y la digitalización son identificados como elementos clave para dar respuesta los retos en acceso a las innovaciones terapéuticas. Así se ha explicado en la jornada “Propuestas para innovar en el acceso a los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud” organizada por el Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI).

A lo largo de la celebración de una mesa multidisciplinar se han ido abordando distintas cuestiones que condicionan un acceso adecuado a las innovaciones terapéuticas en nuestro país. Así, el vocal asesor de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Carlos Martín Saborido, ha señalado que un primer paso es definir la innovación en términos de lo que afecte al paciente “mejorando su calidad de vida o esperanza de vida”. Además, en materia de incertidumbre, ha señalado que desde el Ministerio de Sanidad trabajan en estrategias de diálogo temprano, que permite establecer de forma adelantada un plan de generación de evidencia y del que ya hay un proyecto piloto en marcha y, por otro lado, también se trabaja en modelos de “pago basado en incertidumbre”, para lo que se está trabajando en documentos para “reflejar las condiciones de los precios dinámicos”.

En este sentido, Martín Saborido explicó que la modificación de la Ley de Garantías que se va a ejecutar pretende facilitar algunos de estos cambios, pero no puede ir “mucho más allá” ya que es una modificación limitada.

El abordaje del acceso a las terapias avanzadas fue expuesto por Elena Casáus, jefa la de División de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, quien explicó las claves de la estrategia regional de terapias avanzadas, cuyo objetivo era “crear un modelo que garantizara un acceso equitativo”. Casaus explicó que se trata de un modelo innovador, basado en un trabajo colaborativo de expertos que consensuan las rutas de acceso, los centros administradores y un registro de datos para tener trazabilidad ya que hay pagos por resultados.

Casaus también explicó que las incertidumbres en las terapías avanzadas “son muchas”, tanto por la baja prevalencia de las enfermedades como por las características de los medicamentos que se utilizan. A este respecto, planteó las situaciones a las que hay que dar respuesta en relación con los modelos de pago por resultados en los que se depende de la iniciativa del propio paciente, por ejemplo, tras una administración one shot y que debe mantenerse en seguimiento durante años.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica, su presidenta, Enriqueta Felip, puso el foco en la transparencia. A este respecto, recordó el documento elaborado junto a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) en el que “la basa de las propuestas fue la transparencia”. Felip también ha señalado una serie de cambios que consideran relevantes a nivel de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), para que se vea más claramente el valor que aporta cada medicamento, así como la información sobre las alegaciones presentadas y las respuestas a las mismas. Igualmente, la presidenta de SEOM ha puesto como ejemplo utilizar mecanismos de evaluación, como la escala ESMO-MCBS.

La presidenta de SEOM también abordó el acceso en situaciones especiales, y criticó las diferencias que se producen entre comunidades autónomas y hospitales. Es algo que sería necesario corregir cuanto antes, según Felip.

Laura Quintas, vicepresidenta primera de la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) explicó lo que para un paciente es la incertidumbre. Así, señaló que a ella le preocupa “cómo va a cambiar su enfermedad con o sin tratamiento”, así como pensar en si podrá “o no acceder al tratamiento en su comunidad autónoma”. Por ese motivo, reclamó solucionar el problema existente en la actualidad y que lleva el acceso a más de 21 meses desde la aprobación del medicamento. Además, Quintas reclamó un papel para los pacientes “al lado del resto de agentes” ya que estos tienen formación suficiente y capacidad para aportar. A este respecto, incluso reclamó cambios en el sistema para que los pacientes participen incluso en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

Por su parte, el economista de la Salud Jorge Mestre puso el foco en la calidad de las evaluaciones económicas que se han realizado hasta el momento en los IPT publicados. Mestre planteó la necesidad de separar la evaluación técnica de la financiación y expuso los resultados de un análisis elaborado por los economistas Laura Vallejo y Juan Oliva sobre la calidad de las evaluaciones de los IPT. Lamentó de baja calidad de la mayoría de las evaluaciones y destacó que lo que no falta en ningún IPT es el impacto presupuestario, aunque eso “no es una evaluación de eficiencia”.

Mestre también quiso profundizar en el modelo ideal de evaluación para establecer en España y rechazó realizar cherry picking a la hora de fijarnos en otros modelos porque “no funciona”. Este economista, no obstante, enumeró una serie de características que, según él debería tener un modelo ideal. A este respecto, planteó que debería ser riguroso y consistente, con guías conocidas y exhaustivas; que se separe la evaluación de la financiación por el conflicto de interés que supone; establecer plazos realistas; recursos adecuados; participación de todos los agentes; transparencia y evaluación dinámica, entre otros.

La visión de la gestión sanitaria fue aportada por Luis Verde, gerente del Hospital Universitario de La Coruña, quien recordó que los hospitales no disponen de partidas presupuestarias extraordinarias para hacer frente a nuevas innovaciones. Por ese motivo consideró necesario reducir las incertidumbres con el objetivo de que las decisiones no afecten a la equidad ni al uso adecuado de los recursos. Con respecto a las evaluaciones realizadas por los IPT, Verde considera que ahora ya no se realizan reevaluaciones ni a nivel regional ni de hospital. Según explicó, cuando los IPT llegan a las comisiones de farmacia y terapéutica de las comunidades autónomas “los validan inmediatamente y cuando la comisión central lo aprueba, se acepta por los hospitales”.

Verde también señaló que lo que faltaría es dar respuesta a la financiación de esas innovaciones, por lo que pone encima de la mesa la conveniencia de una “bolsa estatal o de comunidad autónoma para atender las necesidades más gravosas y con mayor impacto económico y social”.