Farmaindustria ha publicado una información en su web, para fijar su posición en relación con el precio de los medicamentos. Un precio que, apuntan en primer lugar, se encarga de fijarlo el Estado, a través de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), que está adscrita, recuerdan, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y participada por representantes de los ministerios de Economía, Industria y Competitividad, y Hacienda y Función Pública, además de por otros tres de comunidades autónomas, que rotan semestralmente.
En el proceso para la toma de esta decisión, explica la patronal, la compañía titular del medicamento presenta una solicitud de precio y reembolso a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, acompañada por un expediente que sirve para que la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios para la elaboración de un informe y un análisis sobre dicha solicitud. "La Comisión Interministerial de Precios dictamina sobre la financiación pública y el precio en cada caso sobre la base de ese informe elaborado por la Subdirección General competente", apuntan.
En lo que respecta a los criterios que se tienen en cuenta para esta decisión, Farmaindustria recuerda que están definidos en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y son la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados los medicamentos; las necesidades específicas de ciertos colectivos; el valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad; la racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud; la existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento, así como el grado de innovación del medicamento. En opinión de la patronal, al estar establecidos los criterios y participar en la decisión representantes del Gobierno central y las comunidades autónomas, se puede hablar de una decisión "que cuenta con todas las garantías".
Además, explica que, mientras dura la patente, "el precio del medicamento original puede ser revisado si cambian las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica, o en las circunstancias específicas que se hayan establecido en la resolución del precio". A esto suman la bajada de precios que se aplican con la pérdida de patente y la entrada de estos productos en el sistema de precios de referencia, donde entran a formar parte de agrupaciones homogéneas junto con los genéricos.
Sobre la transparencia de los precios
En relación con la confidencialidad de los precios, y vistas las garantías aludidas previamente, Farmaindustria justifica ésta con la posibilidad que ofrece de "maximizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores". A este respecto, afirman que esa confidencialidad permite "que cada país consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias (coberturas públicas, copagos, capacidad económica…)", siempre en "equilibrio con el necesario retorno económico para las compañías farmacéuticas". "Si no hubiera confidencialidad en el ámbito europeo, los precios tenderían a igualarse en un valor único que podría ser relativamente bajo para los países más ricos, pero demasiado alto para los de menor capacidad económica", y eso, dicen, "podría complicar el acceso en los de menos recursos".
En su información, la patronal también sale al paso de las opiniones que indican que los medicamentos son caros. Sobre este particular, estiman que "en el caso de los medicamentos innovadores de eficacia probada, el precio debe garantizar un adecuado retorno de la inversión a la compañía farmacéutica que lo investiga, desarrolla y produce", . En este sentido, afirman que "la rentabilidad es clave para garantizar la viabilidad y continuidad" de estas empresas y, más concretamente, para "seguir desarrollando su actividad e investigar y desarrollar nuevos fármacos en el futuro". Apuntan, sobre esto, que "el coste de crear un medicamento supera los 2.400 millones de euros, y todo el proceso dura entre 10 y 12 años, que se restan al periodo total de protección del medicamento original", y añaden que "sólo tres de cada diez medicamentos comercializados logran generar retornos económicos suficientes en todo el mundo como para compensar la inversión en I+D realizada por el laboratorio".
Los retornos de los medicamentos para el SNS
Unido a este argumento, la patronal asegura que "el dinero que el Estado dedica a su financiación (la de los medicamentos) es, en el medio y largo plazo, una inversión que genera un retorno mayor, para el paciente y para la sociedad en su conjunto, tanto en términos de aumento de la esperanza de vida y de la calidad de los años vividos como en ahorro de otros recursos sanitarios derivados de la utilización de estos nuevos fármacos (por evitación de hospitalizaciones, por ejemplo) y en aumento de la riqueza económica asociado a las ganancias en productividad o reducción del absentismo que supone la curación o mejora de la salud de los pacientes".
Para terminar, ponen en cuestión las afirmaciones de los que dicen que la innovación puede suponer una amenaza para la sostenibilidad del sistema sanitario. Por un lado, indican que la cuota de medicamentos bajo patente "no llega al 30% de las ventas de medicamentos, y se ha mantenido estable en los últimos años, aunque no han dejado de incorporarse innovaciones". Además de eso, citan algunos mecanismos "que permiten que la inversión pública en medicamentos se mantenga en valores razonables: la regulación de los precios por parte de la Administración y la caducidad de las patentes y las consiguientes bajadas de los precios, merced a mecanismos como los precios de referencia; los nuevos modelos de financiación, como los acuerdos de riesgo compartido, por los que el sistema sanitario sólo paga por los medicamentos en aquellos pacientes en los que funcionan satisfactoriamente, o figuras como el Convenio por la Sostenibilidad y el Acceso entre el Gobierno y Farmaindustria, por el que las compañías farmacéuticas se comprometen a devolver a la Administración la diferencia si el gasto público crece por encima de lo que lo hace el PIB real".
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad:
VAMOS A TRADUCIR LO QUE DICEN " Humberto Arnés y Martín Sellés" : "la patronal también sale al paso de las opiniones que indican que los medicamentos son caros. Sobre este particular, estiman que "en el caso de los medicamentos innovadores de eficacia probada, el precio debe garantizar un adecuado retorno de la inversión a la compañía farmacéutica que lo investiga, desarrolla y produce", . En este sentido, afirman que "la rentabilidad es clave para garantizar la viabilidad y continuidad" de estas empresas y, más concretamente, para "seguir desarrollando su actividad e investigar y desarrollar nuevos fármacos en el futuro".… Read more »