En plena oleada de los escándalos surgidos en torno a la presunta venta fraudulenta de material sanitario, que afectan fundamentalmente cargos y representantes del anterior Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad se ha lanzado una nueva iniciativa que comenzará como pronto a ver la luz dentro de tres meses. Esta nueva iniciativa tiene dos brazos, el primero la creación del denominado Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria y el segundo, según informa el Gobierno, la creación de una denominada “estrategia para la lucha contra la corrupción en el ámbito sanitario”.
Mientras que esa estrategia carece de una fecha para la puesta en acción al menos en el medio y corto plazo, el que sí tiene ya emplazada su puesta en marcha, es el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Según indica la orden ministerial publicada este viernes, comenzará a funcionar dentro de teres meses.
Este órgano, tendrá como encomienda “el seguimiento y propuesta de acciones en la materia” según explica la orden ministerial y su objetivo final es “incorporar en el ámbito de la sanidad pública una política de integridad que cuente con mecanismos de prevención fuertes contra la corrupción sanitaria, se considera prioritario colaborar y participar activamente en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (Siage) desarrollado desde la Secretaría de Estado de Función Pública”.
Las que por el momento parece que no van a tener participación alguna en este Observatorio, son las comunidades autónomas. La orden, en principio afecta a las competencias del propio Ministerio en materia de contratación, ya que no especifica ni representación autonómica, ni si deberá articularse colaboración con los territorios, ni su coexistencia hipotética con los propios marcos administrativos y competenciales que puedan tener las CC.AA. De hecho, el funcionamiento y desarrollo de este órgano “será atendido con los medios materiales y personales del Ministerio, por lo que su actuación no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias del mismo ni incremento de gasto público” y estará presidido por la propia ministra, según explica el Ministerio.
El Observatorio contará también con la presencia de la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad; la Subsecretaría de Sanidad: la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps); del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA; de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia y de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud
Entre las funciones en el ámbito de la prevención estará la de proponer a los órganos competentes en el Ministerio las actuaciones en el ámbito de la contratación considere oportunas; impulsar mejores prácticas en el ámbito de la trasparencia; velar por informar al personal del departamento de las comunicaciones que deban realizarse en relación con la estrategia anticorrupción e impulsar la incorporación de cursos específicos sobre la materia en el Plan de Formación del Departamento.
Agenda de trabajo
La orden cuenta con una agenda de trabajo inicial y a medio plazo que contiene propuestas de medidas tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito de los sistemas de alerta.
En materia de prevención se prevén propuestas que afecten a la legislación de contratos del sector público y a la transparencia. Respecto del primer asunto se impulsará la elaboración de un manual de prácticas de no hacer en la contratación, se impulsará la asociación de entes integrantes del SNS para efectuar contratos de forma colaborativa; la creación de una unidad de apoyo a la contratación sanitaria; el impulso a la adquisición centralizada o el desarrollo de un sistema informático que adapte a la gestión sanitaria el procedimiento abierto simplificadísmo (artículo 159.6 de la Ley de Contratos).
Por su parte, en materia de transparencia, se prevé la publicación de las agendas completas de trabajo de los altos cargos del Ministerio, generar una práctica de buen gobierno en el Ministerio para la actuación de grupos de interés; o la publicación de la programación de la actividad de contratación pública del Ministerio.
En cuanto a los sistemas de alertas, se propone avanzar en calidad de los datos, sistematizando la inclusión de los datos correspondientes a la contratación del Ministerio de Sanidad en la Plataforma de contratación; la elaboración de un mapa de riesgos dentro del ámbito de competencias de gestión del propio Ministerio, así como del SNS en general; fomentar el impulso por los órganos competentes de la sistematización del seguimiento de los contratos que se encuentran en ejecución;
Conflictos de interés
En el sistema de alertas a poner en marcha tiene un capítulo relevante los conflictos de interés. Según el documento aprobado por el Ministerio, se desarrollará reglamentariamente la publicidad de transferencias de valor que establece el artículo 76 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2006, ampliando los niveles de transparencia. Igualmente, se elaborarán guías relativas a la publicidad de los conflictos de interés de los profesionales sanitarios y se realizará un análisis de la normativa de contratación encaminada a promover cambios en la normativa para garantizar que la ausencia de conflictos operará en la totalidad del expediente.
Además, se impulsarán los buzones de denuncia, teniendo como referente el propio que efectúa la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y se impulsará la creación de sistemas de reconocimiento de las mejores prácticas antifraude en el ámbito de la Sanidad; así como la coordinación de las relaciones con los órganos y unidades estatales, europeos o internacionales competentes en materia de políticas antifraude y proponer acciones a la Inspección de Servicios del Departamento.
Por último, se impulsará la colaboración con entidades u organismos públicos o privados que tengan funciones de vigilancia, supervisión o control en materias de contratación pública o prevención de la corrupción.
Desde Sanidad se hace un llamamiento para realizar “un intenso calendario de colaboración” con todos aquellos órganos y organismos que tengan atribuido dentro del ordenamiento funciones de vigilancia y seguimiento de la contratación pública, así como entidades u organizaciones independientes que trabajen en el ámbito de la transparencia, en nuestro país o en el ámbito internacional como: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon); el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude SNCA (dependiente de la IGAE); la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuando se constituya. (AIPI); la Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude; y las autoridades independientes en el ámbito autonómico y local, tales como la Oficina Antifraude de Cataluña.
También se establecerán contactos en el ámbito europeo e internacional, tales como la propia Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), NEIWA (Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades y la Red europea de fraude y corrupción en la atención sanitaria (EHFCN).
Nicolas Gonzalez Casares: