Uno de los problemas que se encontró la tramitación parlamentaria de la Ley de Equidad en la pasada legislatura y que provocó que no avanzara en su tramitación fue la oposición de los grupos catalanes, por un lado y, por otro la suavidad que tenía en relación con la gestión privada, según Podemos.
En lo que se refería a los catalanes, rechazaban el impacto que la nueva norma, que pretendía restringir el uso de formas alternativas a la gestión directa, podía tener sobre el modelo catalán de asistencia sanitaria.
Este modelo, basado en gran parte en la gestión indirecta y la colaboración público-privada, tiene como peculiaridad que la misma, en una elevada proporción, se presta por entidades sin ánimo de lucro. Por ese motivo, el Ministerio de Sanidad, con la tramitación de la Ley de Gestión Pública que ha iniciado este lunes su periplo administrativo, ha querido poner el foco exclusivamente en los entes privados con ánimo de lucro. En la Ley Darias no se realizaba ninguna distinción.
Entre los objetivos planteados en la consulta pública previa que Sanidad ha publicado este lunes se dice claramente, y como primero de ellos, la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entidades privados con ánimo de lucro”.
Pero para los contratos que se encuentren en vigor, la nueva ley pretender establecer “mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas”. Igualmente, se pretende facilitar los procesos de reversión de los contratos existentes.
Por último, se pretende establecer prácticas de gestión pública “que hagan capaz de alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española”.
Polémica con Junts
Cabe recordar que las dos comparecencias que la ministra de Sanidad ha tenido en las comisiones de Sanidad de Congreso y Senado, se han saldado con sendos debates polémicos sobre las implicaciones de esta nueva ley anunciada por Mónica García en el marco de “blindar la sanidad pública”.
El enfrentamiento en el Congreso llevó a la diputada de Junts, Pilar Calvo, a asegurar que “escuchando sus anuncios han saltado las alarmas”. La diputada señaló la existencia de una “línea roja a partir de la colaboración público-privada, donde el modelo sanitario catalán es un referente”. Por ese motivo, auguró a la ley anunciada por García, un camino similar al de la ‘ley Darias’: “Creo que tiene la misma música y letra que la de Darias y, si es por Junts, acabará en el mismo cajón”, aseguró.
La cita del Senado, mes y medio después de la comparecencia en el Congreso fue mucho más suave. En esta ocasión, el portavoz del Grupo Plural (Junts), Joan Baptista Bagué habló de los buenos resultados de la gestión sanitaria catalana y la ministra, en esta ocasión, utilizó el bisturí para evitar hablar del ámbito privado en toda su extensión. De este modo, puso en la diana a los lugares “donde el dinero va a cuentas de empresas extranjeras”, y señaló que había una diferencia con el modelo de Cataluña, donde la prestación del servicio “se produce habitualmente con entidades sin ánimo de lucro”.
Esta diferenciación entre gestión indirecta por entidades con y sin ánimo de lucro, podría ser la vía que Sanidad ha encontrado para avanzar en la exclusividad de la gestión directa, empezando por limitar la indirecta con ánimo de lucro.
Reacción de IDIS
Como uno de los sectores afectados por la nueva norma, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha valorado las bases del nuevo anteproyecto de ley y asegura que “se mantiene expectante a la espera de conocer en qué se materializa el propio Proyecto de Ley”.
IDIS ha utilizado una argumentación basada en datos para defender el papel que la sanidad privada realiza en su colaboración con el Sistema Nacional de Salud. “Según el ‘Observatorio de la sanidad privada 2024’, presentado recientemente por la Fundación IDIS, el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y los colaboran asiduamente con el SNS. Además, esta fundación explica que, según el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH), de todos los hospitales privados, “solo un testimonial 5% corresponde a hospitales sin ánimo de lucro (benéficos)”, por lo que la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro “solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas”.
Además, y en relación con el cuarto objetivo de la norma, en relación con alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad, IDIS plantea que “lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española”.
Por otro lado, la entidad señala que estaría de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes, que es uno de los objetivos de la norma.
Igualmente, también muestra su conformidad con la introducción de reformas o modificaciones que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible para cumplir con las necesidades crecientes de nuestra sociedad. Sin embargo, rechazan “la limitación de la colaboración público-privada en Sanidad por cuestiones ideológicas” ya que “solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: