El pasado miércoles, la denominada ‘Coalición de Progreso’ no conseguía sacar adelante los objetivos de deuda y déficit previstos por el Gobierno para el periodo 2025-27. A la espera de una presentación de nuevas cuentas que recaben los apoyos necesarios, el Ejecutivo no podrá aplicar la senda de estabilidad que preveía un aumento del 3,2% (casi 200.000 millones) en el techo de gasto (gasto social). En cifras, según se explica desde el Ministerio de Hacienda, las CC.AA. no recibirán 6.000 millones destinados al gasto social, en el que la Sanidad ocupa un espacio preponderante. Además, la negativa impedirá, según el mismo ministerio, que 7.500 millones tampoco acaben llegando a las comunidades autónomas.
La negativa de Junts a dar su apoyo las previsiones que del Gobierno, bastó para romper el bloque del Gobierno para la ratificación de estas cuentas. Con independencia de las lecturas que ponen en evidencia la fragilidad política y la necesidad de consensos para avanzar en temas críticos de financiamiento, la unión de los votos separatistas a los votos de PP y Vox, los cuales han aducido haber quedado fuera de toda negociación para no apoyar estas previsiones, bastó para que España, que ahora mismo vive ya con los PGE prorrogados de 2023, se enfrente a un nuevo año, 2025, nuevamente con cuentas prorrogadas.
En función del peso autonómico, desde Hacienda se ha relatado que por comunidades autónomas, las más afectadas serían Madrid, que dejaría de recibir 1.583 millones; Cataluña (1.543) y Andalucía (1.090). Esto en términos generales, extrapolando estas cantidades al porcentaje de los presupuestos que estas CC.AA. destinan a Sanidad, para las dos primeras supondría para cada una algo más de 600 millones de euros, mientras que para Andalucía superarían los 436 millones.
No obstante, para las autonomías el problema se aplía ya que al no poder contar con una nueva senda de déficit ratificada (en el texto aprobado por el Consejo de Ministerio preveía un tope del 2,5% del PIB en 2025; el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027) contarán con problemas para financiar y mejorar sus servicios públicos, y lógicamente con un ajuste presupuestario.
Con todo, desde el Gobierno, han asegurado que este ha sido un tropiezo, pero que aún hay tiempo para aprobar el techo de gasto. En principio, todo queda para después del verano, a partir del primer Consejo de Ministros que se celebrará en los últimos días de agosto. El Gobierno espera llevar la votación al Congreso a finales de septiembre. No obstante, hay que tener en cuenta del hipotético paso de las previsiones económicas por el Senado.
El PP ya ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la maniobra del Congreso para evitar que la Cámara Alta tenga posibilidad de veto a los objetivos de estabilidad presupuestaria. El PP calific esta maniobra como “enmienda intrusa”, ya que esta misma semana el Congreso aprobó la introducción de una enmienda a la ley de paridad que modifica el proceso habitual que desde 2012 pasa por ambas Cámaras.
