El Gobierno volverá a presentar al Congreso de los Diputados un proyecto basado en los mismos esquemas del que ya presentó el pasado mes de julio y fue tumbado por la mayoría de la Cámara Baja. El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a los mismos objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027 y todo queda al albur de que, en esta ocasión logre conseguir entre sus socios la mayoría suficiente para sacarlos adelante.
Desde el Gobierno, a la vista de que no todos los socios puedan ser fiables -en la cita de julio Junts le falló a las cuentas del Ejecutivo- se ha optado por presionar al Partido Popular. “Se trata de la misma senda de estabilidad que aprobamos el 16 de julio y que no contó con el visto bueno del Congreso de los Diputados por el voto en contra del Partido Popular”, ha señalado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
En términos generales, la senda de ajuste fiscal plantea una reducción del déficit al 2,5% del PIB (2025), al 2,1% (2026) y al 1,8% (2027). Por su parte la deuda pública se debe rebajar desde el 105,1% de 2024 (en previsión), hasta el 103,6% en 2025, el 101,7% en 2026 y el 99,7% en 2027. El déficit público tendrá un reparto anual para la Administración Central de un 2,2% en 2025, 1,8% en 2026 y 1,5% en 2027; las CC.AA. podrán mantener un desfase del 0,1% del PIB los tres años y las corporaciones locales deberán tener equilibrio presupuestario los próximos años.
Los argumentos expresados por la ministra de Hacienda se mantienen en la misma línea que expresó el pasado mes de julio, recalcando que es la Administración del Estado “la que desarrolla un mayor esfuerzo”.
En relación a la regla de gasto, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, limita el aumento del mismo a un 3,2% en 2025, lo que arroja un total de 199,171 millones de euros de gasto no financiero (fondos europeos incluidos). La evolución anual se mantiene en 2025 en el 3,3%, la misma que en 2026 y finales un 3,4%.
En el plano sanitario la evolución se mantiene en los mismos términos que lo que se argumentó en la primera intentona del Ejecutivo. En total, las comunidades autónomas cuentan con 6.138 millones de euros más para invertir en políticas “que preserven el estado del bienestar”, en palabras de Montero y suponen “destinar más recursos a Sanidad, Educación y Dependencia”.
Esta senda de las herramientas básicas con las que el Ejecutivo pretende construir los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y que “están dirigidos a reforzar los servicios que prestamos a los ciudadanos”, afrontarán la semana que viene un nuevo asalto en el Congreso de los Diputados.
Pese a las palabras de la ministra contra el PP, que en ningún momento ha sido consultado para la elaboración de esta base para la construcción presupuestaria, la consecución del voto favorable de la Cámara estará más en línea, con el parecer de Junts. La formación independentista catalana decidió, en aquel momento, desligarse del acuerdo, presumiblemente como una ‘venganza’ ante el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez con ERC para lograr el apoyo para Salvador Illa al frente de la legalidad. Desde Junts, oficialmente se alegó que pedían una décima más de déficit para las CC.AA.
Desde el Gobierno se asegura que “si el Partido Popular o cualquier otro partido vota en contra de esta senda estará obligando a las comunidades autónomas a renunciar en los próximos dos años a 6.600 millones y a los ayuntamientos a contar con 4.950 millones de euros menos en los próximos dos años”, ha asegurado Montero.
Sin cambios a la vista, todo queda en manos de una posible variación, aunque desde el Gobierno no se descarta un plan B. Montero ha dado a entender que si de nuevo el Ejecutivo tiene un nuevo rechazo lo que hará será diseñar los presupuestos de 2025 en base a la senda marcada en los pasados presupuestos, que datan de 2023 y que plantean una reducción del déficit más baja, al 2,7% del PIB en 2025 y al 1,8% en 2026.
Críticas al PP
Al margen del trasladar la presión al PP en unas cuentas que no son las suyas, la ministra a criticado el pacto alcanzado el pasado viernes por los barones del PP en relación a la financiación y en especial en trasladar los 18.000 millones de fondos europeos para la realización de proyectos a las CC.AA.
"No sé si es ignorancia, porque el dinero del Plan de recuperación está vinculado al impulso de reformas. No lo puede uno gastar como uno quiere, donde quiere, a fondo perdido... Lejos de presentar una propuesta , desconociendo la legislación y reglamentos europeos, dice que el conjunto de países no ha ejecutado se le asignen a España y encima se les dé a las comunidades para que lo usen en lo que consideren oportuno. Un despropósito", ha sentenciado.
