Economistas plantean un copago por renta, sin distinción activo-pensionista, y exenciones

El copago farmacéutico es uno de los factores que más afecta a la accesibilidad de los medicamentos en España. Esta es una de las principales conclusiones del estudio titulado ‘Análisis de equidad y sostenibilidad presupuestaria del sistema de copago farmacéutico en España’ recientemente publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

El estudio se basa en simulaciones elaboradas a partir de una base de datos vinculada entre la Agencia Tributaria y el Ministerio de Sanidad, que abarca información de más de 4,5 millones de personas. Dicho estudio propone un modelo de copago fundamentado exclusivamente en tramos de renta, sin establecer distinciones entre personas activas y pensionistas. Además, incluye exenciones específicas para aquellas rentas que no superen los 6.000 euros.

El artículo publicado forma parte de un proyecto más amplio, encargado por la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad. El objetivo era analizar los efectos de diversas opciones de cambio en la regulación del copago farmacéutico, considerando diferentes categorías de renta. Este análisis divide las rentas de los usuarios en siete segmentos, según los siguientes puntos de corte: 6.000; 12.450; 18.000; 35.200; 60.000 y 100.000 euros. Sobre esta base, se diseñaron cinco escenarios distintos de copago, con porcentajes progresivos aplicados a cada tramo y, en la mayoría de los casos, límites de aportación.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la eliminación de la diferenciación entre activo y pensionista como criterio para el cálculo del copago, calificada por los autores como una “decisión arbitraria”. A juicio de los investigadores, esta distinción, junto con los amplios tramos de renta actualmente existentes, contribuye a la distribución desigual de la carga económica entre los diferentes grupos.

Los autores del estudio, entre los que se encuentran Jaime Pinilla, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Beatriz González López-Valcárcel; Félix Lobo y Jaume Puig-Junoy, sostienen que “la implementación de un sistema de copago más progresivo y justo puede proteger mejor a las personas de menores ingresos y mejorar la equidad, con impactos manejables en el presupuesto público”. En este sentido, el análisis concluye que el ajuste de los copagos en función de los tramos de renta, sin distinción entre activos y pensionistas, permitiría reducir las desigualdades económicas que limitan el acceso a los medicamentos por barreras económicas yuna distribución más eficiente del gasto sanita

Aunque el modelo propuesto ofrece importantes beneficios en términos de equidad, contempla también un posible aumento en el gasto público. Las simulaciones estiman un incremento del coste para el Sistema Nacional de Salud (SNS) de entre 48 millones de euros en el escenario más ajustado (escenario 5) y 710 millones de euros en el más amplio (escenario 2). Asimismo, la aportación de los usuarios al copago, que actualmente representa el 11,36 % del gasto total en medicamentos, podría reducirse a un rango entre el 5,81 % (escenario 2) y el 10,99 % (escenario 5). Para facilitar la comprensión y la evaluación de estos escenarios, los autores han desarrollado una interfaz de simulación accesible al público, que permite ajustar los supuestos para cada caso.

“Un sistema de copago farmacéutico más progresivo y equitativo es factible y puede proteger mejor a las personas con menores ingresos sin un impacto presupuestario desproporcionado. La eliminación de la distinción entre activos y pensionistas y la exención de copago para rentas inferiores a 6.000 euros pueden aumentar significativamente la equidad del sistema”, concluyen los autores del estudio.

Cabe destacar que el modelo no contempla la posibilidad de introducir exenciones en función de la efectividad de los tratamientos, un enfoque que ya se aplica en otros países y que podría añadir otra dimensión de equidad en la distribución del gasto farmacéutico.