La Sala Séptima de la Audiencia Nacional ha emitido un fallo que respalda la confidencialidad de los precios de los medicamentos financiados con fondos públicos. La sentencia del órgano jurídico deja sin efecto el recurso presentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que obligaba tanto al Ministerio de Sanidad como a la compañía farmacéutica Novartis a dar información sobre una terapia génica comercializada bajo el nombre Luxturna, dirigida al tratamiento de la distrofia retiniana hereditaria
La Audiencia Nacional indica en su fallo tres argumentos en contra de la resolución del CTBG. Por un lado el tribunal asegura que esos datos incluyen información económica sensible que puede interferir en los costes y estrategia comercial de la compañía, en segundo lugar la AN recuerda el RD 1/2015 de 24 de julio que establecer un régimen de confidencialidad que prevalece, a juicio del tribunal sobre la Ley de Transparencia y finalmente el tribunal concluye que la revelación de este tipo de datos puede afecta a la posición de negociación del sistema sanitario de cara a la fijación de precios en las próximas adquisiciones de fármacos.
El origen que ha dado lugar a esta sentencia se basa en la reclamación presentada por la Fundación Civio, interesada en conocer el precio real de este fármaco, incluido como medicamento huérfano en la Cartera de Servicios en 2021, así como de otros dos fármacos más, los cuales aún están pendientes de sentencia: Zolgensma, también de Novartis y Yescarta (Gilead Sciences). Si bien, desde la propia Fundación, no se esperan muchos cambios en los fallos pendientes.
La Fundación Civio consiguió en un primer momento una decisión judicial de primera instancia, “que nos dio la razón, y avala de forma completamente acrítica que se mantenga la opacidad actual sobre los precios reales que pagan las administraciones públicas y las condiciones de financiación de los nuevos medicamentos”. Ahora, desde la AN, segúna se “asume sin matices el argumentario de la industria farmacéutica y del Ministerio de Sanidad al defender que la confidencialidad sirve para salvaguardar los intereses del Estado”.
Desde esta Fundación se asegura que se recurrirá la decisión de la AN ante el Tribunal Supremo.