El Pleno del Parlamento de La Rioja abordará este miércoles el debate sobre el Proyecto de Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja, una norma que viene a sustituir la norma vigente desde 1998 y que tiene por objetivo, según se explicó desde el Gobierno riojano, “adaptar la ordenación farmacéutica a los nuevos retos de la profesión”.
La relación de fuerzas políticas en el Parlamento riojano, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, hace pensar que el debate de aprobación será de un mero trámite. Igualmente no cabe prever excesivos cambios en un texto, que prácticamente, en lo esencial, no ha sido alterado durante la tramitación parlamentaria.
Para el Gobierno de La Rioja, el objetivo de la norma es “actualizar la regulación vigente y fomentar el carácter asistencial y social de la Farmacia, y proporcionar herramientas para fortalecer la red farmacéutica, especialmente en el ámbito rural”.
El proyecto cuenta con consenso profesional. Según explicó en su competencia ante la comisión de Salud del Parlamento de La Rioja el pasado mes de mayo, Mario Domínguez, secretario del COF riojano y expresidente de la entidad, indicó que "es una ley buena, técnicamente buena, y que sienta las bases de los desarrollos posteriores a medio y largo plazo que necesita la farmacia riojana".
Domínguez tuvo una especial referencia al ámbito rural, sobre el que la nueva ley quiere hacer una especial referencia. La Rioja es actualmente la segunda comunidad con mayor número de farmacias con viabilidad económica comprometida, la totalidad de ellas situadas en el ámbito rural y especialmente en zonas de riesgo elevado de despoblación. En ese sentido abogó por la creación de botiquines que se encuentra en el actual proyecto de ley e indicó que estos sistemas, que pueden ser gestionados por oficinas de farmacia cercanas, "es la forma de garantizar a largo plazo la atención farmacéutica en todos los municipios", puesto que en muchos de ellos la puesta en marcha de una farmacia, "es inviable".
Desde los grupos políticos se manifestó una sintonía importante con las manifestaciones del secretario del COF, siendo el representante de Podemos-IU, Carlos Ollero, quien aportaría una mayor desviación al mensaje conjunto de la Comisión, señalando su posición contraria "al actual modelo de farmacia" y abogando por "un sistema público" en la prestación de este servicio. Desde el resto de los grupos hubo reconocimientos "al carácter técnico de la norma", por parte de Héctor Alacid (Vox) y también por parte del PSOE, cuya parlamentaria, María Somalo, indicó una cierta preocupación por el desarrollo de la norma "en los ámbitos que atañen a Farmacia Hospitalaria y a prestaciones en residencias". Dentro del mismo grupo, su compañero Miguel González Legarra manifestó su interés por conocer “cómo esta ley puede servir de garantía para hacer frente a los desabastecimientos, y si es preciso buscar mejores alternativas en la distribución dentro del ámbito rural”.











César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: