Terapéutica

Tecnología sanitaria, un “espacio diferenciado” en la Ley de Medicamentos

El Director de Cartera Común indica en una jornada de Fenin que la tecnología sanitaria contará con un Plan Protech para reconocer las aportaciones económicas de las compañías de tecnología sanitaria en sus ventas con cargo al SNS
César Hernández, en un momento de su intervención en la Jornada Post ISPOR. Foto: Irene Medina

El Director de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad ha indicado este lunes el interés del Ministerio por desarrollar un “espacio diferenciado” en esta norma para los productos sanitarios. “Ha llegado el momento de otorgarles un trato diferenciado y capítulos propios dentro de la ley”, ha detallado.

Hernández ha realizado estas manifestaciones durante la jornada ‘Los retos regulatorios de la Tecnología Sanitaria’, organizada por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin en el Senado y en la que se han dado cita, representantes de administraciones y servicios de salud, y miembros de la industria.

Según ha explicado el directo, el anteproyecto también contempla la puesta en marcha de un ‘Plan Protech’ para esta industria con el que, entre otras cuestiones, reconocer las inversiones de las compañías y aminorar las aportaciones económicas que realizan las compañías por sus ventas con cargo al SNS. 

Sobre esta cuestión, César Hernández ha indicado que “se trata de un sector esencial que, por tanto, merece también tener una estrategia propia, como ya la tiene la industria del medicamento con la Estrategia de la Industria Farmacéutica”. “El ‘Plan Protech’ sería un instrumento dentro de esta estrategia más amplia. El objetivo no es recaudar, sino que esos fondos generen retorno de valor para el conjunto del sistema. Por ejemplo, destinarlos en bolsas de compensación para el acceso temprano a productos de alta innovación, pero también alta incertidumbre, I+D público-privada o incluso en los planes de renovación de equipamiento”, ha concretado.

Por último, el director de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia también ha valorado la posible modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (a través de una disposición adicional en el anteproyecto) para limitar a un 20% la ponderación máxima del precio en los criterios de adjudicación de los concursos públicos de tecnología sanitaria, y dar así más ‘peso’ a criterios ligados al valor, calidad y sostenibilidad que aporta la innovación. “Creemos que es mejor poner este tope al protagonismo del precio y que haya que justificar todo aquello que supere este porcentaje”, ha explicado.

Marco normativo propio

La jornada ha contado también con destacados ponentes que han reflexionado sobre cómo asegurar el acceso a la innovación tecnológica a través de factores como un marco normativo sólido y una compra pública eficiente.

La idea defendida en el encuentro es que el Sector de Tecnología Sanitaria necesita un marco normativo propio, estable y predecible, que permita aprovechar todo el potencial que ofrecen sus innovaciones para el progreso del país y la mejor salud y calidad de vida de la población. Un marco normativo sólido y diferenciado con el que, a su vez, garantizar la viabilidad y competitividad de esta industria.

En este encuentro ha participado el portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado del PP, Enrique Ruiz Escudero. El senador popular ha destacado que “la industria de Tecnología Sanitaria no es solo un sector estratégico y esencial para la mejor salud de la población, sino también para el avance y el progreso del país. La velocidad con la que este sector desarrolla innovación y beneficios para el sistema sanitario suele ir por delante del ritmo de las administraciones. La tramitación legislativa no puede ser nunca un obstáculo en el desarrollo de este sector. La Administración, igual que es garantista en los procesos legislativos, también puede acelerar estos procesos para que vayan parejos al avance y la realidad del sector. Por ejemplo, respecto a la apuesta por la Autonomía Estratégica Abierta, que tiene que ser una prioridad en esta industria”.

Por su parte, Pablo Crespo, secretario general de Fenin, ha destacado que “nuestro sector se enfrenta a diversos desafíos, de los cuales el marco regulatorio es uno de los más relevantes. Necesitamos un marco normativo propio que atienda las peculiaridades del sector, certidumbre y apoyo institucional para explotar todo su potencial. Un apoyo que se traduzca en cambios como la indexación de los contratos públicos y una apuesta por la compra pública sanitaria basada en el valor y la calidad”.

Normativas

Son muchas las normativas actualmente en tramitación o desarrollo de implicación para la industria de tecnología y productos sanitarios, tanto a nivel nacional como europeo: Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la trasposición de los nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios, anteproyecto de nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios (y la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que incluye su texto), etc. Esta primera aproximación al marco normativo actual y próximo de los productos sanitarios ha sido realizada en el encuentro por Carmen Ruiz Villar, jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Relacionado con lo anterior, en esta jornada también se ha reflexionado acerca de los desafíos a los que asisten los responsables de compras y equipos de contratación de los servicios de salud a la hora de incorporar innovación tecnológica al sistema. En este sentido, María Blanco, gerente de Compras y Contratación del Instituto Catalán de la Salud, ha abogado por un cambio el enfoque de los modelos actuales que permita que la innovación llegue al paciente con criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor.

En este objetivo, Blanco ha valorado la Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria, una herramienta de consenso promovida por Fenin con los mayores expertos en contratación de las comunidades autónomas, como una iniciativa “necesaria” que facilita que todas las CC. AA. “puedan compartir cuestiones fundamentales en estos procedimientos”.

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