La liberalización de los precios de los productos de uso recomendado para la prevención de contagios por el COVID-19 es ya oficial tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden SND/222/2026, de 12 de marzo, del Ministerio de Sanidad derogó la normativa excepcional que mantenía intervenidos desde 2020 los importes de venta al público de mascarillas y test de autodiagnóstico.
Esta decisión supone el fin de la vigencia de la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, que fue el pilar normativo para garantizar el acceso de la población a productos higiénicos durante la crisis sanitaria. El texto legal ahora derogado determinaba que las medidas se mantendrían hasta que la persona titular del Ministerio de Sanidad determinara lo contrario, circunstancia que se produce ahora ante la estabilidad de la situación epidemiológica.
Contexto normativo y productos
La nueva disposición deja sin efecto diversas resoluciones de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Entre los productos que recuperan la libertad de fijación de precio se encuentran las mascarillas quirúrgicas desechables, las mascarillas higiénicas y los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico. Asimismo, la medida alcanza a los antisépticos de piel sana y a los geles y soluciones hidroalcohólicas de naturaleza cosmética que fueron regulados de forma temporal.
El amparo normativo para esta intervención se sitúa en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La reforma ad hoc de dicho artículo permitió al Estado intervenir los importes durante la pandemia, una situación que Sanidad consideró necesario revertir para que estos artículos vuelvan a comercializarse de conformidad con el régimen general de precio libre.
Principios de necesidad y eficacia
La administración sanitaria justifica la norma bajo los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad exigidos por la Ley 39/2015. Según el texto de la orden, una vez declarada la finalización de la situación de crisis sanitaria, carecía de sentido mantener la intervención de precios. La iniciativa buscó también responder al principio de eficiencia al evitar la imposición de cargas administrativas innecesarias al sector.
Durante la tramitación de la norma, el Ministerio de Sanidad dio audiencia a los sectores afectados y consultó a las comunidades autónomas. Igualmente, el proceso contó con la participación de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La orden se dictó al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación de productos farmacéuticos. La plena efectividad de esta liberalización comenzó el 20 de marzo de 2026, coincidiendo con el día siguiente al de su publicación oficial. Con este paso, el mercado farmacéutico y de productos sanitarios cierra uno de los últimos capítulos regulatorios excepcionales derivados de la emergencia de 2020.
Lilisbeth Perestelo: 
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):