El Consejo de Ministrosha dado luz verde al proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. Tras superar la fase de alegaciones y la aprobación del anteproyecto el pasado febrero, el texto iniciará a partir de ahora su recorrido legislativo en el Congreso de los Diputados. La norma, explica el ministerio, tiene como objetivo fundamental priorizar la gestión pública directa y restringir la externalización de servicios sanitarios mediante un marco regulatorio más estricto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este proyecto busca que la sanidad se gestione "desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general". El texto establece tres ejes principales para reformular el funcionamiento del sistema sanitario. En primer lugar, consagra la gestión directa como el pilar ordinario, lo que implica que centros y servicios deben gestionarse preferentemente por administraciones competentes, entidades del sector público o consorcios públicos.
Para dotar de coherencia a este enfoque, el proyecto de ley deroga expresamente la Ley 15/1997. Según el Ministerio de Sanidad, esta normativa anterior permitió la expansión de modalidades de gestión privada dentro de la red pública que ahora se pretenden revertir o limitar. Con este cambio normativo, el Ejecutivo busca blindar el sistema frente a modelos que la ministra calificó de "parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos".
Requisitos para la gestión indirecta
La nueva regulación define la gestión indirecta como una fórmula estrictamente excepcional. A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier administración que pretenda recurrir a esta vía deberá justificar de forma objetiva que no posee la capacidad de prestar el servicio directamente. Además, será obligatorio acreditar que la fórmula elegida resulta sostenible, eficiente y transparente, garantizando en todo momento la calidad, la continuidad y la equidad en la atención sanitaria de los pacientes.
El proyecto de ley introduce nuevas garantías de evaluación y rendición de cuentas. Antes de acudir a una fórmula externa, se requerirá una evaluación previa obligatoria realizada por órganos colegiados compuestos por expertos, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes. Estos informes valorarán si la propuesta se ajusta a los preceptos legales. Asimismo, el Consejo Interterritorial acordará directrices comunes para que estos criterios de evaluación sean homogéneos en todo el territorio nacional.
Control financiero y transparencia pública
Otro de los puntos clave del texto es el refuerzo del control económico en los contratos de concesión. Las administraciones deberán solicitar un informe a la Oficina Nacional de Evaluación o al órgano autonómico equivalente para comprobar la sostenibilidad financiera de las operaciones. Sanidad pretende evitar que estimaciones económicas poco realistas afecten a la calidad asistencial. García señaló que el objetivo es evitar que la sanidad pública se convierta en una "franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados".
La normativa también incorpora medidas de buen gobierno que obligarán a publicar anualmente indicadores de resultados en salud y calidad de todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Esta transparencia permitirá comparar y evaluar la eficiencia de los distintos servicios con información pública accesible. Además, la alta inspección del Ministerio de Sanidad prestará asesoramiento técnico a las comunidades autónomas que decidan recuperar servicios para la gestión pública directa.
El Estado realizará, por primera vez, una evaluación de las experiencias de gestión acumuladas desde la aprobación de la Ley 15/1997. Este estudio analizará el impacto real de los modelos de externalización en la calidad asistencial y los costes económicos. La ministra insistió en la necesidad de "superar el debate ideológico" para basar las decisiones en datos reales sobre las consecuencias que estos sistemas han tenido para el bienestar general y el coste de oportunidad para el erario público.
Desafíos en la fase parlamentaria
Pese a la aprobación en el Consejo de Ministros, el camino hacia la aprobación definitiva se prevé complejo. Una vez remitido el texto al Congreso de los Diputados, se iniciará el periodo de enmiendas en la Comisión de Sanidad. Grupos parlamentarios como Junts ya han anunciado su intención de presentar enmiendas a la totalidad, lo que refleja la falta de un consenso unánime. Junts per Catalunya se opone firmemente al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS impulsado por el Gobierno, considerándolo una "injerencia" en las competencias sanitarias catalanas y calificándolo de "155 sanitario" y por tanto defienden el modelo catalán de colaboración público-privado.
A nivel territorial, la futura ley tampoco tiene un desarrollo fácil. Madrid ya ha planteado que el proyecto es una ley "contra la sanidad madrileña". El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, “tendría su correspondiente respuesta en los tribunales” por parte de la Comunidad de Madrid. En febrero, el portavoz del Ejecutivo madrileño Miguel Ángel García Martín asegura lo mismo que Junts: "la norma supondría una invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid.
En su intervención en la rueda de prensa de Consejo de Ministros, la ministra reiteró que esta ley es fundamental para proteger el sistema sanitario de visiones empresariales que diferencian entre pacientes rentables y no rentables. García mencionó específicamente casos como los de Quirón o Ribera Salud para justificar la necesidad de blindar los recursos públicos frente a la derivación de fondos hacia beneficios privados.
Lilisbeth Perestelo: 
