El sobrepeso y la obesidad suponen en España una carga económica estimada de 19.600 millones de euros anuales, importe equivalente a 401 euros por habitante y a cerca del 1,2 % del producto interior bruto (PIB). Esta cifra supera la partida pública destinada a sectores como la defensa o la vivienda, lo que evidencia que el impacto de un índice de masa corporal (IMC) elevado rebasa el ámbito estrictamente sanitario. Así lo confirmó el estudio 'La carga económica del sobrepeso y la obesidad en Europa', elaborado por la Office of Health Economics (OHE) por encargo de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), entidad en la que se integra Farmaindustria. La investigación evaluó de forma comparada el impacto sanitario y económico asociado al IMC elevado en ocho naciones europeas: Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Grecia, Rumanía y Reino Unido.
En el marco español, la partida de costes directos alcanzó los 14.900 millones de euros, cifra que representó el 76 % de la factura global. Entre las dolencias que sumaron un mayor peso financiero destacaron las enfermedades musculoesqueléticas, con 4.300 millones de euros, seguidas de la diabetes tipo 2, con 3.000 millones. Por su parte, las patologías cardiovasculares originaron un gasto de 2.700 millones de euros, mientras que la enfermedad renal crónica supuso 1.700 millones.
Los costes indirectos ascendieron a 4.700 millones de euros, cantidad que supuso el 24 % de la factura total asignada a esta condición en el país. El absentismo laboral y la inactividad económica supusieron 1.300 millones de euros en cada categoría. Asimismo, el presentismo y la atención brindada por cuidados informales implicaron un montante de 900 millones de euros respectivamente, en tanto que las defunciones prematuras generaron una pérdida cifrada en 300 millones de euros. Si bien esta repercusión indirecta representó cerca de un tercio de la directa —proporción inferior a la registrada en otros socios europeos analizador—, las elevadas cifras relativas a la ausencia laboral mantuvieron un efecto destacado sobre la productividad general.
Un impacto generalizado en Europa
En el contexto regional del continente, un 56 % de los ciudadanos presenta sobrepeso u obesidad, afectando este indicador a uno de cada tres menores de edad. En el grupo de los ocho países examinados por la investigación, el IMC elevado se vinculó cada ejercicio con 278.000 fallecimientos y provocó la pérdida de ocho millones de años de vida saludable. Los costes anuales calculados oscilaron entre el 0,6 % y el 1,4 % del PIB, mientras que las pérdidas de productividad derivadas de la mortalidad prematura, la inactividad, el absentismo, el presentismo y los cuidados asumieron entre el 18 % y el 58 % del coste total.
El trabajo documenta además la vinculación directa existente entre el IMC alto y diversas patologías no transmisibles. En concreto, se le atribuye un porcentaje próximo al 60 % de los años de vida saludable que se perdieron debido a la diabetes tipo 2, el 45 % de los causados por enfermedades del aparato digestivo y el 32 % de los relacionados con la enfermedad renal crónica. Estos registros respaldan la necesidad de coordinar el abordaje conjunto de la obesidad, la diabetes y los eventos cardiovasculares, también bajo el esquema de desarrollo trazado en el Plan Europeo de Salud Cardiovascular.
Estrategias y barreras asistenciales
En el caso de España, la publicación recuerda la reciente aprobación del 'Documento de Desarrollo de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028', texto que encuadra la obesidad dentro de las prioridades sanitarias. La línea de actuación delimitada planteó reforzar la prevención y el seguimiento mediante la promoción de entornos y hábitos de vida saludables, el uso de herramientas de evaluación complementarias al IMC y la prescripción de esquemas terapéuticos optimizados e individualizados, articulados mediante equipos interdisciplinares y apoyados por recursos comunitarios. La estrategia incluyó la consideración de comorbilidades, condicionantes sociales, pautas de desestigmatización y variables psicoemocionales, prestando un interés específico a los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Pese a los avances normativos, la auditoría del documento evidenció limitaciones persistentes en el recorrido asistencial. Los fármacos destinados al manejo de la obesidad carecieron de financiación pública con carácter general en el Sistema Nacional de Salud (SNS), factor que restringió el acceso a una proporción amplia de pacientes. A esta situación se sumaron demoras en las listas de espera, disparidades de cobertura según el territorio y restricciones de recursos disponibles, factores que condicionaron la indicación y realización de procedimientos de cirugía metabólica y bariátrica en la red pública.
Prioridades para la contención económica
Con la meta de atenuar la carga económica vinculada al peso elevado y en alineación con el desarrollo del EU Safe Hearts Plan —que persigue recortar la mortalidad cardiovascular prematura con horizonte en 2035—, la investigación estableció cinco prioridades de actuación:
En primer término, se demandó el reconocimiento formal de la obesidad en calidad de enfermedad crónica y recidivante, paso orientado a reforzar la vigilancia epidemiológica, la dotación de recursos económicos y la incorporación de los enfermos a itinerarios asistenciales definidos. En segundo lugar, se planteó la necesidad de erradicar la estigmatización que sufren las personas con exceso de peso, sustituyendo los enfoques centrados en la responsabilidad individual por respuestas de carácter sistémico y transversal.
Como tercera prioridad, el informe sugirió facilitar un acceso equitativo a medidas de prevención y pautas terapéuticas mediante rutas asistenciales integradas que abarquen el diagnóstico temprano, cambios de estilo de vida, prescripción farmacéutica y abordajes quirúrgicos. En cuarto lugar, instó a generar evidencia técnica para fundamentar las decisiones de inversión sanitaria, incorporando en la evaluación el impacto en la productividad laboral y la reducción del gasto social. Finalmente, planteó integrar el tratamiento de la obesidad dentro del Plan Europeo de Salud Cardiovascular, fijando metas concretas de detección y seguimiento para reducir los fallecimientos cardiovasculares antes de 2035.
Lilisbeth Perestelo: 
