Política

“El Ministerio ha puesto las bases de reformas que irán más allá de esta legislatura”

Entrevista a Carta Carmona, portavoz de Sanidad de Frente Amplio, en la que realiza un balance de la legislatura que acaba de finalizar, así como analiza las claves del programa electoral que su formación ha elaborado.

Marta Carmona, portavoz de Frente Amplio en materia sanitaria, reivindica la gestión del Ministerio de Sanidad durante la legislatura y defiende la continuidad de las reformas normativas que han quedado pendientes. Considera prioritario aprobar la Ley del Medicamento, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y reforzar la atención primaria. En política farmacéutica, apuesta por ampliar los instrumentos de intervención pública, incluida la creación de una empresa farmacéutica estatal, y por establecer nuevas fórmulas de financiación para los medicamentos de alto impacto. También aborda la confidencialidad de los precios, la transparencia, la colaboración público-privada y los retos de acceso a los tratamientos.

Pregunta. Sumar, precursor de Frente Amplio, ha liderado el Ministerio de Sanidad durante esta legislatura. ¿Qué balance hace y qué cuestiones relevantes han quedado pendientes?

Respuesta. Hemos tenido tres dificultades importantes: formar parte de un Gobierno de coalición, carecer de mayoría parlamentaria y afrontar un clima político que ha dificultado enormemente la generación de consensos. A pesar de ello, creo que el Ministerio ha demostrado que, cuando existe voluntad política y una visión de futuro, es posible avanzar en numerosas reformas, incluso en circunstancias adversas. Hemos trabajado con una perspectiva de transformación del Sistema Nacional de Salud a diez, veinte o treinta años. Desde cuestiones concretas, como la eliminación del cupón precinto, hasta propuestas europeas para reforzar la autonomía estratégica frente al impacto de las políticas de la Administración Trump. Un buen ejemplo es el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que incorpora a los pacientes y modifica las condiciones de la evaluación incluso antes de la Ley de Organizaciones de Pacientes. También permite avanzar en la resolución de problemas históricos, como los tiempos de acceso a las terapias innovadoras.

Elecciones 29N · Comparador Diariofarma

¿Qué proponen los partidos sobre sanidad y medicamentos?

193 propuestas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en 42 temas, con la cita literal de cada programa.

P. ¿Hasta qué punto el clima político ha condicionado la actividad legislativa del Ministerio?

R. Muchísimo. El ejemplo más representativo es la Agencia Estatal de Salud Pública. Su creación se aprobó en 2011 y no fue hasta nuestra llegada cuando comenzó a avanzar. Existía consenso sobre su necesidad y, sin embargo, en el último momento el Partido Popular, que había anunciado su apoyo en comisión, rechazó la iniciativa por una cuestión ajena a su contenido. En esas condiciones resulta muy difícil legislar. Hemos intentado que todas las reformas normativas, desde las leyes hasta los reales decretos y las estrategias, se desarrollaran mediante el diálogo y la búsqueda del mayor consenso posible. Sin embargo, la ausencia de una mayoría parlamentaria y el clima político han condicionado nuestra capacidad para llevarlas adelante.

P. Han quedado pendientes reformas importantes, como la Ley del Medicamento, el Estatuto Marco o la normativa sobre gestión pública. ¿Qué futuro les espera?

R. No concibo que estas reformas no continúen en la próxima legislatura, independientemente de quién gobierne. Es necesario reformar la Ley del Medicamento y también las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. El Estatuto Marco no se limita a eliminar las guardias de 24 horas. También contempla una reclasificación profesional pendiente desde hace décadas y mejoras en las condiciones laborales. Son reformas imprescindibles.

P. ¿Considera que las reformas que no han podido aprobarse dejan al menos una base para la próxima legislatura?

R. Así funcionan las políticas públicas. Una reforma legislativa requiere un trabajo previo prolongado, en el que participan numerosas personas y durante el que se desarrollan conceptos y propuestas antes de que puedan incorporarse a un texto normativo. Creo que el Ministerio ha establecido unas bases de negociación que permanecerán más allá de quienes hemos asumido responsabilidades durante esta legislatura. Muchas iniciativas todavía no están reflejadas en una norma, pero ya forman parte del debate político y será difícil retroceder. Ese trabajo puede tener efectos durante muchos más años que los que permanece una persona en el Gobierno, incluso aunque se produzca un cambio político.

P. A lo largo de la legislatura ha habido también cambios de visión por parte de los dirigentes del Ministerio. Uno de los más relevantes ha sido la posición sobre la confidencialidad de los precios de los medicamentos. ¿Cómo explica esa evolución?

R. Creo que uno de los aciertos del Ministerio ha sido conseguir que todos los actores, incluida la industria farmacéutica, comprendan que el Sistema Nacional de Salud no es simplemente un cliente de las compañías. Es necesario adquirir medicamentos y terapias, pero también impulsar el desarrollo industrial. Ambas dimensiones deben abordarse de manera conjunta. Defendemos un Estado emprendedor y un liderazgo público capaz de situar las necesidades de la ciudadanía en el centro de las políticas industriales y sanitarias. La industria farmacéutica debe participar en ese proceso, pero su actividad tiene que responder a las necesidades de salud de la población. La transparencia es un principio que debemos defender, pero considero un error circunscribirla exclusivamente al precio neto del medicamento. Debe estar presente en toda la cadena de valor. Si en algún aspecto concreto entra en conflicto con otro principio más importante, como el acceso a los tratamientos, deben prevalecer las necesidades de los pacientes.

______

“La prioridad debe ser siempre garantizar la atención a los pacientes. Uno de los principales problemas de la provisión privada es la selección de riesgos”

______

P. ¿Cómo encaja entonces la confidencialidad de los precios?

R. La decisión generó controversia, pero esa confidencialidad también se extendía a la industria, que anteriormente podía utilizar esa información. Si hemos considerado necesario proteger los datos, fundamentalmente por las políticas de la Administración Trump, la confidencialidad debe aplicarse a todos. Eso no impide avanzar en otras medidas de transparencia, como exigir a las compañías información sobre la procedencia de sus fondos de investigación. Conocer esos datos puede proporcionar una visión mucho más completa de la cadena de valor del medicamento.

P. Pasemos a hablar de futuro y del programa electoral. Frente Amplio propone elevar el gasto sanitario al 8% del PIB y destinar el 25% a atención primaria. ¿Dónde concentraría el incremento de recursos?

R. Tenemos un Sistema Nacional de Salud insuficientemente financiado, con servicios sometidos a una enorme presión. Es necesario reforzarlo e invertir especialmente en los ámbitos que más se han deteriorado. La prioridad es la atención primaria y todos aquellos recursos que constituyen la base de la atención más compleja. Por ejemplo, en salud mental es imprescindible fortalecer la red comunitaria, que ha quedado desatendida frente a los recursos hospitalarios y de larga estancia. También debemos invertir en profesionales. En ocasiones, la cuestión no es únicamente decidir en qué gastar, sino dónde y para quién. Si fortalecemos la estructura básica del sistema, mejoraremos su funcionamiento y probablemente necesitaremos menos recursos en el futuro.

P. Alcanzar el 8% del PIB exige un esfuerzo presupuestario considerable. ¿Es más importante llegar a esa cifra o mejorar la distribución de los recursos?

R. La cifra establece un objetivo, pero la utilización de los recursos es igualmente importante. Si todas las comunidades autónomas asumieran un compromiso real con el fortalecimiento de la atención primaria, mediante el aumento de las plantillas y la continuidad asistencial, el Sistema Nacional de Salud podría mejorar incluso antes de alcanzar ese porcentaje. En algunos territorios se han generado situaciones de escasez de profesionales sanitarios cuya solución requiere inversiones muy elevadas. Precisamente por eso debemos evitar que se produzcan. También es necesario abandonar una política de inversión que responde únicamente a las situaciones de crisis. Necesitamos financiación estable para reforzar estructuralmente los servicios y evitar que vuelvan a encontrarse al límite de su capacidad.

P. ¿Cómo puede alcanzarse ese objetivo cuando el gasto sanitario en relación con el PIB ha venido descendiendo año a año tras la pandemia?

R. La pandemia representó una oportunidad que no se aprovechó suficientemente. Muchas comunidades autónomas no destinaron aquel esfuerzo extraordinario a fortalecer de manera estructural sus servicios sanitarios. Existe un problema de gestión a corto plazo, centrada en responder a las crisis. La continuidad asistencial en atención primaria no es una actuación nueva, sino una forma de organizar los recursos y reforzar las plantillas. No podemos esperar a otra pandemia para volver a alcanzar niveles elevados de inversión.

______

“Uno de los aciertos del Ministerio ha sido conseguir que todos los actores, incluida la industria farmacéutica, comprendan que el SNS no es simplemente un cliente de las compañías”

______

P. Su propuesta de modificar el marco de gestión sanitaria plantea una cuestión competencial. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado para limitar los modelos de gestión que eligen las comunidades autónomas?

R. Las administraciones deben justificar sus decisiones porque hablamos de recursos públicos y de la gestión del Sistema Nacional de Salud. La legislación actual ha facilitado enormemente la externalización de servicios, mientras que recuperar su gestión pública resulta mucho más complicado. Nuestra propuesta pretende facilitar la recuperación de esos servicios y exigir una justificación rigurosa cuando se recurre a la externalización. Eso no significa que no pueda existir gestión indirecta. Hay situaciones en las que puede resultar útil e incluso necesaria. Sin embargo, la prioridad debe ser siempre garantizar la atención a los pacientes. Uno de los principales problemas de la provisión privada es la selección de riesgos, que permite a determinados proveedores evitar a los pacientes más complejos. Es una práctica que puede perjudicar directamente la salud de las personas.

P. ¿Qué espacio quedaría para la colaboración público-privada en la prestación sanitaria?

R. La colaboración público-privada existe y seguirá existiendo. La externalización de servicios clínicos debe estar especialmente justificada y, en los servicios no clínicos, tiene que responder a una necesidad real. No planteamos excluir la participación de proveedores externos, sino exigir una justificación suficiente y mecanismos de control adecuados. La prioridad del Sistema Nacional de Salud deben ser los pacientes y sus necesidades, no el beneficio empresarial.

P. Pasando al ámbito farmacéutico. Una de las propuestas más llamativas es crear una empresa pública. Esta legislatura se ha impulsado Terafront, aunque con otro modelo. ¿Qué pretenden hacer?

R. La creación de una empresa farmacéutica pública y la participación pública en la industria son dos modelos distintos, pero perfectamente compatibles. Actualmente contamos con una Estrategia de la Industria Farmacéutica y una propuesta de reforma de la Ley del Medicamento orientada a facilitar el acceso a la innovación, potenciar la disponibilidad de genéricos y biosimilares y abordar los problemas de los medicamentos maduros de elevada utilidad terapéutica. En ese contexto, puede tener sentido que existan empresas públicas que contribuyan a garantizar determinadas necesidades asistenciales.

P. ¿No considera que el tejido industrial existente, especialmente en genéricos, biosimilares y medicamentos esenciales, ya puede cubrir esas necesidades?

R. Hemos experimentado problemas de suministro incluso por la falta de aluminio para fabricar blísteres. Existen numerosas empresas farmacéuticas, pero también ámbitos en los que la cobertura resulta insuficiente. La pandemia y los cambios geopolíticos de los últimos años han demostrado que Europa dispone de un amplio margen para mejorar su autonomía estratégica. Necesitamos nuevas fórmulas que permitan fortalecer el ecosistema industrial y evitar problemas de suministro. El liderazgo público puede adoptar distintas formas. No debe limitarse a la elaboración de normas, sino que también puede incluir una participación directa en la actividad industrial.

P. Algunos problemas, como el de la furosemida, parecen estar relacionados con precios excesivamente bajos. ¿No sería más eficiente reformar el sistema de precios que crear una empresa pública?

R. Es necesario reformar el sistema de precios, pero también debemos reconsiderar los mecanismos de fabricación y distribución de determinados medicamentos. Puede haber actividades que sigan resultando deficitarias incluso después de modificar sus precios. En esas circunstancias, una empresa pública podría contribuir a garantizar la disponibilidad de un medicamento, no por su rentabilidad comercial, sino porque responde a una necesidad sanitaria. No estoy proponiendo específicamente la fabricación pública de furosemida. Es un ejemplo de las dificultades que pueden presentarse con determinados medicamentos maduros.

______

“La transparencia debe estar presente en toda la cadena de valor del medicamento. Si entra en conflicto con el acceso a los tratamientos, deben prevalecer las necesidades de los pacientes”

______

P. Pero hay cientos de principios activos y ya están desarrollados y fabricados en la actualidad. La industria de genéricos plantea establecer precios mínimos para evitar situaciones económicamente inviables y han calculado su impacto en 80 millones de euros. ¿No permitiría eso resolver buena parte del problema sin necesidad de una empresa pública?

R. Son soluciones compatibles. Se pueden elevar determinados precios, establecer fondos específicos y disponer también de una empresa pública para cubrir necesidades a las que el sistema actual no responde adecuadamente. Cuantos más instrumentos tengamos, mayor será nuestra capacidad de respuesta. Algunos tendrán una utilización limitada, pero pueden resultar imprescindibles para resolver problemas concretos. La reforma de la Ley del Medicamento y su desarrollo normativo ya contemplaban mecanismos para incrementar determinados precios en circunstancias específicas. Esas medidas pueden resolver algunos casos, pero habrá otros para los que resulten insuficientes. Hay ámbitos en los que la industria farmacéutica responde adecuadamente y otros en los que no. Defendemos el liderazgo público precisamente para desarrollar soluciones cuando los mecanismos existentes no permitan garantizar la disponibilidad de los medicamentos.

P. En medicamentos huérfanos proponen un fondo finalista. ¿Qué diseño tendría y qué problema pretende resolver?

R. Queremos disponer de mayor agilidad para responder a determinadas situaciones y preservar la equidad en el acceso. Los medicamentos de alto impacto tienen una distribución muy irregular y pueden ocasionar importantes dificultades presupuestarias en algunas comunidades autónomas. Puede darse el caso de una familia con varios miembros afectados por una enfermedad rara que necesitan un tratamiento de coste extraordinariamente elevado. Es incuestionable que deben recibirlo, pero eso no puede comprometer el presupuesto sanitario de una comunidad autónoma. Los avances científicos nos han situado ante escenarios nuevos y necesitamos fórmulas de financiación diferentes de las que utilizábamos hace quince o veinte años.

P. ¿Se trataría de trasladar parte de ese riesgo presupuestario al Estado?

R. Debemos plantear una arquitectura de financiación diferente. El impacto presupuestario de algunos tratamientos puede resultar relativamente reducido cuando se distribuye sobre el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, pero representar una carga muy importante para una comunidad autónoma concreta. Es necesario reunir a las comunidades autónomas y a los distintos ministerios para estudiar alternativas. Los fondos finalistas constituyen una de las fórmulas que queremos explorar.

______

“La ausencia de una mayoría parlamentaria y el clima político han condicionado nuestra capacidad para llevar las reformas adelante”

______

P. ¿Qué papel reserva a la farmacia comunitaria?

R. Es uno de los ámbitos profesionales con mayor potencial de desarrollo. Siempre reivindico el papel de la atención primaria como base del Sistema Nacional de Salud, entre otras razones por su amplia implantación territorial. Sin embargo, existe una red todavía más extendida: la farmacia comunitaria. Esa presencia territorial constituye un recurso de enorme valor que debemos aprovechar.

P. Para terminar, ¿qué cree que está en juego en las elecciones del 29 de noviembre desde el punto de vista sanitario?

R. Mucho más de lo que parece, porque la sanidad apenas está presente en esta campaña electoral, salvo en los medios especializados. Nos jugamos que el Sistema Nacional de Salud esté al servicio de los pacientes o de las empresas. No se trata únicamente del modelo de gestión, sino también de cuestiones como el control de las incapacidades temporales y las bajas médicas, que son instrumentos clínicos y deben responder a las necesidades de salud de las personas.

Comentarios

Noticias relacionadas

Actividades destacadas

PP, PSOE, Vox y Frente Amplio confrontan modelos de gobierno y financiación del SNS
Ley de los medicamentos: sin rechazo frontal, pero con un calendario casi imposible
Manuel de la Rocha sitúa el medicamento en la agenda industrial y estratégica
Diariofarma recoge en un libro las claves estratégicas que marcarán la sanidad futura
¿Cómo valoran los políticos y la industria el acuerdo final del Paquete Farmacéutico?