Tras confirmarse la no elección de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), diferentes representantes políticos han saltado a la palestra en lo que puede considerarse como un auténtico fuego cruzado de acusaciones: por un lado, los que culpan a los independentistas de la decisión de los Estados miembro, y por otro, los que culpan al Estado central por la aplicación del artículo 155 y las cargas policiales para evitar la votación el pasado 1 de octubre. En medio de este clima, más enturbiado si cabe por el hecho de que esté próxima la campaña previa a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, Diariofarma ha hablado con los portavoces de Sanidad de Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos en el Congreso, los cuales han opinado sobre las causas, han coincidido en que supone una "oportunidad perdida" y sus consecuencias.
En representación del Grupo Popular ha atendido a este periódico Teresa Angulo, quien, en línea con varios líderes de su partido, como el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha opinado que "el proceso independentista tiene consecuencias negativas muy concretas", y además de lo acontecido con la candidatura de Barcelona, ha recordado la salida de unas 2.500 empresas de Cataluña, entre ellas alguna del sector farmacéutico, como Grupo Indukern y Laboratorios Stada, que anunciaron recientemente el traslado de sus sedes a Madrid (ver información sobre el traslado de la sede social de Grupo Indukern) (ver información del traslado de la sede fiscal de Stada).
Para Angulo, el hecho de que Barcelona apareciera entre las mejor calificadas en el informe de la propia EMA es motivo suficiente para pensar que sólo la inestabilidad generada por el procés ha podido ser la causa de que finalmente la capital catalana terminara quinta. "Esperamos que éste sea el último daño del proceso a Cataluña y España y que el 21-D los catalanes se den cuenta de las consecuencias y volvamos a la normalidad democrática", ha concluido, con clara alusión a la próxima cita electoral.
En una línea similar se ha expresado el portavoz Ciudadanos, Francisco Igea, que ha opinado que, "aunque en condiciones normales, es decir, sin un proceso independentista en marcha, no se podría asegurar que Barcelona iba a ser la elegida, igual de cierto es que en las condiciones actuales se podía casi asegurar que no iba a ser seleccionada". Y es que, afirma Igea, "cualquier persona puede entender que no se puede sacar la EMA de Londres por el Brexit para meterla en un lugar donde unos señores están promoviendo el Catalexit". No obstante, Igea considera que una mejor gestión del conflicto por parte del Gobierno podría haber ayudado también.
Menos concluyente sobre las posibles causas ha sido Jesús María Fernández, portavoz del Grupo Socialista, quien ha calificado las acusaciones del Gobierno, el PP y Ciudadanos, por un lado, y el bloque independentista, por otro, como meras "especulaciones". Y es que, recuerda, "los motivos reales no se pueden saber, ya que el voto de los países es secreto y no necesita argumentarse, por lo que nadie sabe qué se ha votado ni por qué". En su opinión, más allá de lanzarse las culpas entre unos y otros, comportamiento que le parece "rechazable y que sólo se puede explicar por la campaña electoral", lo que es importante es "reconocer que Barcelona era una buena candidatura, que se ha hecho un buen trabajo institucional para sacarlo adelante y que la inestabilidad política ha jugado en contra".
Al hecho de que el voto sea secreto también se ha referido Amparo Botejara, de Unidos Podemos, formación que, pese a las diferentes sensibilidades territoriales que existen en su seno, votó en contra de la elección de Barcelona como candidata por España, por el trato discriminatorio que eso suponía para ciudades como Málaga o Granada, entre otras, que también se habían postulado. Y es que, subraya Botejara, "nosotros apostamos por repartir un poco más y no centralizarlo todo en Madrid y Barcelona". No obstante, y aunque también cree que la inestabilidad podría haber restado, ella cree que "estas decisiones están tomadas con anterioridad y en ellas suelen tener mucho peso los lobbies". También opina que el tema de la EMA está siendo utilizado como arma electoral.
Consecuencias para Barcelona, Cataluña y España
Vistas las opiniones de unos grupos y otros con respecto a las causas, cabía preguntarles también por las consecuencias que consideran más importantes de la no elección de Barcelona. Y en este sentido, y aunque todos han coincidido en señalar que supone una "oportunidad perdida", Angulo destaca, más allá del "espaldarazo institucional" que habría supuesto, "el gran estímulo económico, con la creación de unos mil puestos de trabajo, por los cientos de miles de euros de presupuesto con que cuenta la Agencia, por las miles de personas que visitan la EMA anualmente, y lo que eso supone para sectores como el hotelero o el transporte". "Estamos hablando de mucho impulso económico para Barcelona", asegura.
Botejara también ha destacado el impacto que habría tenido la elección de una ciudad española en términos de creación de empleo, aunque distingue lo que suponen 900-1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, para una gran urbe como Barcelona, y la magnitud que eso podría tener para una ciudad más pequeña, "siendo que algunas tienen infraestructuras que perfectamente cubrirían las necesidades".
Además de las repercusiones directas en la economía local, Fernández opina que albergar la EMA hubiera sido sinónimo de "atraer una institución que podía ser un tractor de innovación, de reforzar una comunidad científica y farmacéutica que ya existe en Barcelona y España". En términos similares se expresa Igea, que "más allá de la pérdida económica real para Barcelona y Cataluña en servicios que no se van a prestar, etc., hay otra cosa que se valora menos, que es el intercambio científico y cultural, un valor añadido intangible que hubiera sido importante para Cataluña, para la industria farmacéutica y para la sanidad española".