El objetivo de la contratación en salud “no es comprar al precio más bajo”

“No hay ningún documento ni directiva europea que refleje que haya que comprar al precio más bajo”. Son palabras del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública, Jose María Gimeno Feliu, durante su ponencia que ha celebrado en el I Congreso Internacional de Contratación celebrado hace unos días en Zaragoza. Según este experto, es necesario “replantearse los conceptos, los principios, el porqué y el para qué” de la contratación pública y, por tanto, es necesario “poner en cuarenta determinados conceptos y presunciones de lo que es la compra pública y para qué se hace”.

Esta fue la esencia de una intervención que ha tenido el director del Observatorio de Contratación Pública en el marco de este congreso que se ha celebrado con el lema ‘El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública’. El evento ha congregado a expertos de diferentes ámbitos con el fin de servir de reflexión, intercambio de experiencias y elaboración de propuestas para “sumar ideas que faciliten un nuevo liderazgo institucional público a través de una adecuada articulación de la política de contratación pública”, según se recoge en los objetivos del propio evento.

En este escenario, una de las mesas de debate titulada ‘Contratos públicos para un sistema de salud moderno para mejor atención al paciente’ ha desgranado con detalle la situación actual y las claves para avanzar en este sentido. Asunción Sanmartin, jefa de Servicio de Régimen Económico y Contratación en Gobierno de Aragón y moderadora de una de las mesas, ha puesto de relieve que el mercado de los productos sanitarios cuenta con unas características especiales, por lo que “posiblemente la compra pública de salud tendría que regirse por procedimientos distintos a los que recoge la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”. De esta forma, puso sobre la mesa la necesidad de buscar “un modelo de compra pública sanitaria adecuado, en el que además de buscar la atención al paciente, se procure la sostenibilidad financiera, así como permitir la incorporación ágil de las innovaciones”.

Para Jose María Gimeno Feliu, a partir de la pandemia, los contratos públicos en el ámbito de la salud “son una ventana de oportunidad” para romper con el “siempre se ha hecho así”. A este respecto, aseguró que es importante no llevar al terreno de la salud, reglas que son propias del mercado de infraestructuras y de las tecnologías, así como evitar la “tendencia a la autocomplacencia y la estricta visión administrativa”. Además, este experto hizo hincapié en que se debe pensar “en el resultado como una inversión”, y que lo importante es “el interés general”, siendo este la causa del contrato. Por ello es clave “pensar en clave de inversión”, concretó. 

Este catedrático, dejó claro que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos, y este dato no debe olvidarse por los gestores. Por ello, este experto aseguró que tenemos que ir “hacía un modelo de compra pública que valore la eficiencia desde la perspectiva de la calidad”. En este sentido, hizo hincapié en asegurar que “si no compramos calidad no hay regla de igualdad para comparar ofertas, se rompe el principio de transparencia y de competencia”. Además, Gimeno quiso dejar claro que “no hay ningún documento ni directiva que refleje que hay que comprar el precio más bajo”, aconsejando a los participantes en el congreso a releer las diferentes Comunicaciones de la Comisión Europea en este sentido.

En este contexto, Gimeno resaltó que la actual normativa europea permite un cambio de cultura que habilite una gestión diseñada desde la estrategia y no desde la burocratización.

Lo esencial es garantizar la salud pública.

Por otro lado, Gimeno señaló que la pandemia de la covid-19 obliga a una revisión del modelo y no a su mera actualización, con el fin de conseguir una mejor calidad y mayor eficiencia. Según dijo, “de no afrontarse de forma adecuada, puede socavar el crecimiento y desarrollo global”.

Y, en este contexto, hizo referencia a los diferentes informes a la AIReF, y señaló que sus conclusiones son “erróneas, ya que hablan de ahorro y la necesidad de gastar menos en servicios”. No obstante, para este experto lo esencial es que “hay que gastar mejor y sacar la máxima rentabilidad” de los recursos. Además, explicó que “en salud los ahorros no tienen que ser presupuestarios” y que la política de ahorro tiene que traducirse “en una mejor prestación cualitativa de la atención sanitaria a los ciudadanos”. Para Gimeno, “esto no es un mercado”, por lo que la estrategia y una eficiencia administrativa no unidimensional “debe atender a la idea del valor y no al mero gasto, debe prevalecer sobre sobre la cruda consideración del precio como único factor determinante para la compra pública, especialmente en el caso de medicamentos”.

La importancia de medir el valor de las cosas

Otra de las cuestiones clave que fueron abordadas por este experto, fue la importancia de la sostenibilidad financiera. A este respecto, destacó que “no se pueden poner en riesgo los principios fundamentales y la mejor calidad asistencial”, por lo que es necesario centrarse en el valor ya que hoy se puede medir y, “aunque es más complicado, se cuenta con muchas experiencias” en este sentido. Gimeno, dejó sobre la mesa que “en contratación pública se continúa con los mismos estándares de hace 20 años y no tiene mucho sentido”. Es necesario ir hacía un modelo de valor y romper con los conceptos anteriores y evolucionar hacia un modelo en el que lo relevante sea “comprar en clave de proyecto y de no procedimiento, además de pensar en clave de rentabilidad”, indicó.

Además, hizo hincapié en la importancia de “abandonar la práctica de compra a precio” y no olvidar que “una inadecuada política de ahorros desproporcionada o una indebida transparencia que afecte a la confidencialidad y la protección de secretos comerciales en los precios de medicamentos podría perjudicar la eficiencia del sistema”.

La mesa también contó con la participación de Arantxa Catalán, directora de Public Affairs Sanofi España, y Alfonso Peña, presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. Catalán expuso la visión de la industria y señaló la relevancia del modelo de compra que se aplique. Esta experta también coincidió Gimeno en que “la importancia de medir el valor es fundamental”. El objetivo de su intervención, en palabras de la ponente fue poner sobre la mesa la importancia de “pensar muy bien el modelo que se va a emplear”, ya que “tendrá un impacto directo sobre la calidad, la industria, así como la sostenibilidad medioambiental y social”. Catalán destacó la importancia de fortalecer la cadena de producción y suministro, así como la capacidad de resiliencia de los Estados miembros de la UE.

Además, señaló que, desde el punto de vista de la industria, el sistema adolece de una falta de planificación por lo que es fundamental anticiparse a la demanda. Esta experta también resaltó que “no están de acuerdo, ni a favor, de adjudicatarios únicos” y enfatizó que “están absolutamente en desacuerdo con el predominio de los modelos basados en el precio”. En este sentido, consideró que es clave que “dentro del espíritu de la Ley de Contratos estén incorporados criterios de calidad e innovación, con el fin de establecer una competencia sana en el mercado y se asegure garantizar el suministro con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la atención de los pacientes”. 

Por otro lado, la intervención de Alfonso Peña sirvió para poner encima de la mesa que “el sistema cuenta con limitaciones” y, a pesar de estar de acuerdo con las propuestas planteadas en la mesa, “existen dificultades para incorporar nuevos proyectos”. Este experto abordó las compras públicas en el ámbito sanitario desde la perspectiva de los órganos de fiscalización económica y dejó claro que, aunque están “alineados en la búsqueda de la mejora del sistema de salud basado en la eficiencia y eficacia, no podemos olvidar el impacto que tiene la salud en el presupuesto y los problemas que se plantean sobre su sostenibilidad a medio y largo plazo”. 

En este contexto, Peña señaló que, al día de hoy, existe una falta de integración de las decisiones dentro de la relación médico-paciente-organismo pagador, y se producen tensiones que generan un impacto importante en el gasto público. La percepción de los ciudadanos acerca de que la sanidad no tiene precio y la proactividad de la propia industria, que genera que cada vez tengamos disponibles más fármacos, tiene como consecuencia que la demanda de servicios cada vez sea mayor que la oferta. Para este experto, es necesario “tener claro que el SNS tiene limitaciones objetivas que suponen dificultades para su desarrollo, por lo que es necesario contar con controles, y estos suponen una restricción en la capacidad de compra”.

Peña, destacó que, a pesar de las dificultades, estas nuevas fórmulas, como la compra por valor, tienen “plena cobertura” en el marco legislativo y desde luego le parece “defendible” que los servicios de salud intenten utilizarlas, ya que seguramente cambiarán el modelo de gestión actual y se procederá a incorporar servicios que aporten mayor valor añadido. Además, aseguró que “los modelos de coste no son los que mejores resultados producen”, y señaló su convencimiento de “que no es la mejor forma de comprar servicios sanitarios”. 

Nuevo paradigma de los sistemas sanitarios

Un segundo panel de expertos abordó desde diferentes perspectivas las claves para abordar el nuevo paradigma al que se enfrentan los diferentes sistemas sanitarios de los diferentes sistemas sanitarios. La mesa, moderada por Juan Pemán Gavín, catedrático de Derecho Administrativo, contó entre otros, con la participación de Gerardo García- Álvarez , catedrático de Derecho Administrativo de Universidad de Zaragoza y vocal de la Junta Consultiva de Compras de Aragón y Jose Ramón Luis-Yagüe, director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, entre otros expertos internacionales.

El moderador subrayó las premisas básicas implícitas que se deben tener en cuenta. Por un lado, la gran multiplicidad de conexiones entre el sistema de contratación pública y la prestación de los servicios sanitarios ya que, según apuntó, el sistema de contratación pública canaliza mayoritariamente las relaciones con el sector privado en el ámbito de la salud. Este experto consideró que “no hay que dejarse arrastrar por un cierta tendencia expansiva de la contratación pública”, en este contexto señaló que “hay que ser selectivo” a la hora de aplicarla. Además, destacó que debe tenerse en cuenta la peculiaridad del ámbito sanitario respecto a otros sectores, lo que condiciona la compra pública. En este sentido, destacó la falta de una buena organización, y consideró que es fundamental tener en cuenta que nos encontramos ante una nueva etapa marcada por la pandemia. Debido a ello, el sistema sanitario continúa tensionado y desbordado por lo que es necesario “repensar y plantear muchas cosas, entre ellas, las compras públicas”. 

Por su parte, Gerardo García-Álvarez señaló que “gran parte de los problemas existentes, son debido a la falta de conexión, casi total, entre dos realidades normativas netamente diferenciadas”. Por un lado, la LCSP y por otro la normativa del medicamento. En este contexto, resaltó que a pesar de la extensa normativa existente en torno al medicamento y la eficiencia del gasto público, no existen referencias explícitas a la compra hospitalaria. Y, a pesar de contar con una amplísima regulación de los precios del medicamento, tampoco se encuentra ninguna referencia a la compra. Por ello, aseguró que existe una laguna que “es difícil de entender”. 

Por último, José Ramón Luis-Yagüe aseguró estar de acuerdo respecto a las valoraciones planteadas por el resto de los ponentes que intervinieron y la necesidad de abordar una reforma de la LCSP para adecuarla a las necesidades del ámbito sanitario. Según dijo, “cuando se habla de medicamentos se está hablando de algo complejo y con unas connotaciones particulares”. Además, puso sobre la mesa que se trata de un sector muy regulado y que cuenta con una prestación farmacéutica selectiva, ya que no se financian los medicamentos “a la velocidad” que les gustaría y, en relación con la incorporación de la innovación en España consideró que “es algo que francamente se debería revisar y mejorar”. 

Por otro lado, este experto aseguró que existe preocupación de cómo se han traspuesto las directivas a las leyes de contratación de los diferentes Estados miembros de la UE. Y, en este contexto hizo referencia al informe, que actualmente está en desarrollo, por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), donde se están analizando la introducción de los diferentes procedimientos de compra, ya que se han incorporado elementos que podrían aportar eficacia en estas compras. 

Luis-Yagüe refirió dentro de sus conclusiones los principios que se proponen por la industria farmacéutica y que se deben tener en cuenta en la contratación. Entre ellos, señaló la necesidad de conformar los lotes por principio activo o por marca; asegurar la continuidad de tratamientos en caso de medicamentos biológicos; la contratación mediante procedimientos negociados sin publicidad, en el caso de medicamentos exclusivos así como la confidencialidad en este tipo de medicamentos; la no inclusión de medicamentos de reciente comercialización; que los precios de licitación sean acordes con la realidad del mercado; la necesidad de evitar una segunda vuelta que afecta al precio; optar por múltiples proveedores y garantizar un determinado volumen de compra.