La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados vivió este miércoles un nuevo episodio del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la atención sanitaria a inmigrantes ilegales. La cuestión se suscitó a consecuencia de la petición del PSOE de comparecencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una Comisión de Sanidad extraordinaria con el objeto de “explicar los motivos por los que el Gobierno pretende tomar medidas contra las comunidades autónomas que presten asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal”.
La petición, defendida por el portavoz del PSOE en materia sanitaria, José Martínez Olmos, y que fue rechazada por la mayoría popular, no se centró en las supuestas medidas a tomar por el Gobierno, sino en la necesidad de que el ministro Alonso aclare la “confusión” que hay en la sociedad con los continuos pasos atrás “aparentes” que está dando el Gobierno en el ámbito de la asistencia a inmigrantes. Martínez Olmos justificó la petición de comparecencia en la necesidad de que el ministro responda a una serie de preguntas como los ahorros obtenidos por la eliminación de la cobertura a los inmigrantes desde 2012 o por la mejor forma de proteger la salud de todos los ciudadanos, incluidos los españoles, “¿dando o no cobertura a los inmigrantes ilegales?”, indicó que resultaba pertinente cuestionar al ministro.
Según el ex secretario general de Sanidad, la cobertura sanitaria a los inmigrantes supone “entre un 0,5 y un 1% del gasto sanitario”. Se trata, tal y como indicó, de un montante “ridículo, porque la sociedad española y los profesionales no aceptan que se deteriore la salud de un ciudadano que no puede ser atendido. Es ridículo, injusto, inhumano e ineficaz”. Ante estas cifras, Martínez Olmos recuerda que “nos dijeron que ese recorte de derechos era porque no podíamos pagarlo”.
Por su parte, tanto Aitor Esteban, del PNV, como Rosa Díez, de UPyD, se mostraron contrarios al registro y a la entrega a los inmigrantes ilegales de un documento diferente a una tarjeta sanitaria. Según Esteban, el registro único, específico para los inmigrantes sin papeles es “una medida inadecuada y pedimos al Gobierno que aclare su intención”. En su intervención, Díez explicó que “la identificación de los inmigrantes con un papel diferente no es la universalización” que se busca.
José Luis Centella, de Izquierda Plural aseguró que “es triste pensar que a estas alturas del siglo XXI hay seres humanos que tienen unos derechos y otros que tienen otros”. Según él, la Sanidad o la Educación, tienen que estar “por encima del color, de la raza, del lugar de nacimiento, de los papeles”.
El representante de CiU, Antoni Picó, tampoco dio respiro al Gobierno. Según él, el Real Decreto-ley 16/2012, “fue un error ya que la situación creada fue peor”. Además, según aseguró “ni se ha ahorrado ni ha servido para nada”.
En el turno del representante del PP, Mario Mingo aseguró que toda la oposición está confundida. Según él, el ministro no tiene nada en contra de las CCAA, “sino todo lo contrario, va a favor”. Tal y como explicó, desde que en marzo, Alonso hizo una propuesta concreta para mejorar la atención sanitaria de los inmigrantes ilegales en base a la petición de los grupos de la oposición “se ha reunido con todas las comunidades en varias ocasiones, han trabajado en las comisiones del Consejo Interterritorial, han trabajado en varios borradores y el último ha sido aprobado por todas las comunidades”. De este modo, ese documento se encuentra actualmente “pendiente del informe del Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social, que son competentes en la materia”. Por ello, cabe esperar que el próximo 2 de septiembre, las comunidades se reunirán con el ministerio para adoptar la decisión final, tal y como indicó el portavoz popular.
Para finalizar, Mingo lanzó al resto del arco parlamentario tres propuestas para establecer un marco mínimo de entendimiento a partir del cual empezar a avanzar. Según explicó, hay que luchar para que la inmigración ilegal deje de ser una realidad. “Trabajemos para que no haya mafias ni economía sumergida”, indicó. En segundo lugar, puso de manifiesto que “todos queremos la universalidad, pero en el año 2011 había cientos de miles de españoles que no tenían derecho a tarjeta sanitaria”. Según él, hoy hay 800.000 tarjetas sanitarias más y 800.000 habitantes menos que en 2011. Por lo tanto, más de un millón de españoles que antes no tenían derecho, hoy sí lo tienen. “Hoy hay más universalidad ya que parados de larga duración, y otros profesionales que no trabajaban por cuenta ajena, no tenían derecho a tarjeta sanitaria”, indicó. El tercer punto de partida lo centró en la responsabilidad que tienen que tener los gobernantes. “Humanidad toda, concienciación, toda, compasión médica, hasta el infinito. Pero también responsabilidad de todos los gobernantes para otorgar la mejor gestión económica del SNS”, indicó para pasar a preguntar a los grupos si “¿quieren Uds. volver al modelo anterior que hacía que los españoles pagaran al año 1.000 millones de euros que tenían que pagar otros países?”.
Nicolas Gonzalez Casares: