El debate sanitario de los políticos sanitarios organizado por la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) ha puesto sobre la mesa la inequidad en la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas y entre centros de una misma comunidad. Una realidad que todos los partidos han admitido y se muestran dispuestos a combatir. Además, ha hecho patente la brecha entre el PP y los representantes de PSOE, Podemos e IU, que se han declarado decididos a derogar el Real Decreto-ley 16/2012 dentro de los 100 primeros días de gobierno si ganan las elecciones.
José Ignacio Echániz, secretario ejecutivo de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, razonaba en el encuentro que el sistema descentralizado “del cual nos hemos dotado” no siempre es armónico, y eso explicaría una cierta falta de cohesión según el abordaje que cada comunidad autónoma prefiera adoptar en algunas cuestiones. Echániz se mostraba partidario de mejorar esas disparidades en “copago sanitario, no únicamente farmacéutico”, y denuncia que parte de las diferencias se explican por el sistema de financiación que se aprobó cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno.
José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE, cree por su parte que la principal causa de las dificultades en el acceso a la innovación sanitaria es la insuficiencia presupuestaria. “Lo hemos visto con los nuevos fármacos para la hepatitis C”, decía. A su modo de ver, el problema de financiación de estos medicamentos se ha solucionado de una forma parcial, ya que el problema de financiación “de fondo” persiste. Martínez Olmos también se mostraba partidario de la “transparencia total” en esta materia: “Sigue habiendo medicamentos cuyo precio no se conoce. Si una terapia es crucial, el Gobierno debe financiarla, no podemos permitir que se mantenga la inequidad actual, que se produce no sólo entre diferentes comunidades autónomas, sino entre hospitales o áreas de una misma comunidad”.
También para Francisco Igea, número uno de Ciudadanos por Valladolid, es patente la inequidad en el Sistema Nacional de Salud. Por ello, proponía “que el Consejo Interterritorial haga bien su trabajo”. Además, apostaba por la transparencia y abogaba por financiación estatal de la innovación. En la misma línea Ana Castaño, responsable de Sanidad de Podemos, propone que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sea un foro en el cual se alcancen acuerdos vinculantes sobre los planes estratégicos de salud para acabar con los desequilibrios del sistema.
Para José Andrés Llamas, que acudió al debate en calidad de representante de Izquierda Unida, el problema de acceso “es el reflejo de una diferencia entre clases sociales”. A su modo de ver, estas diferencias tienen entre otras bases la exclusión de fármacos “útiles y necesarios” de la financiación pública, el establecimiento de “repago” de medicamentos (el término que prefieren al “copago”) impuesto a los pensionistas en virtud del RDL 16/2012 y el hecho de que se hayan dado por buenos nuevos fármacos que más que innovadores son me too, con escasa aportación clínica. “Los que de verdad supongan un avance tienen que estar disponibles rápidamente”, aseguraba.
El RD de la discordia
Sobre el RDL 16/2012, Izquierda Unida tiene claro que una de las primeras medidas que adoptaría un gobierno de su partido sería derogarlo. Es lo mismo que manifestaba el representante del PSOE en otro momento del debate, manifestando que “todos los parámetros de igualdad se han deteriorado, y la insuficiencia presupuestaria persiste, aunque se solvente momentáneamente con un FLA, e impide que se ofrezcan nuevas prestaciones”. A su entender, sólo la presión conjunta de ciudadanía, profesionales y oposición ha conseguido que el Gobierno rectifique alguna de sus políticas, como la reticencia a facilitar el acceso a los nuevos medicamentos para la hepatitis C. “El PSOE cree que el derecho a la salud debe ser protegido con mayor contundencia” y, en esa línea, derogar el Real Decreto y acabar con los copagos, explicó Martínez Olmos.
En otra intervención, Igea matizaba que “la crisis no ha sido la causa del deterioro del sistema sanitario ya que nunca ha sido caro, siempre ha estado en las medias de los países de la OCDE”. Él considera que España ha bajado respecto a esa media porque ha habido un ensañamiento con la Sanidad, en la cual se han concentrado los recortes. “Nuestra apuesta es un sistema de calidad, sin más copago ni “repago”, y en el cual sea posible la equidad. Además, proponía la creación de un portal de transparencia similar a los que hay en el Reino Unido, en el cual se incluyan y estén a disposición pública parámetros de calidad, gasto, mortalidad por procedimiento… “que sería una herramienta para mejorar el sistema”. También proponía “dejar de politizar el sistema como se ha venido haciendo hasta ahora y desvincularlo la industria farmacéutica para evitar conflictos de interés”.
Castaño apuntaba en su intervención que la actual Sanidad no es universal, pública, gratuita ni de calidad. Se mostraba de acuerdo con el PSOE en la necesidad de blindar legislativamente la asistencia sanitaria como un derecho universal, para lo cual proponía reformar la Constitución “evitando que el dinero de la Sanidad se desvíe para rescatar bancos, algo que se hizo con los votos del PP y el PSOE”.
Totalmente enfrentada en este punto es la percepción del PP, en cuyo nombre Echániz aseguraba que “si hoy podemos hablar de SNS es porque se ha salvado de una situación crítica, la de 2011, en la cual había 16.000 millones de deuda, unos periodos de pago de 700 días, y unos intereses de deuda del 7,7% que ahora son prácticamente de cero”. Hemos vivido la crisis histórica más grande de la Sanidad europea y hemos recuperado el sistema para convertirnos en ejemplo en el continente, planteándonos retos que hace cuatro años eran impensables, añadía.
Nicolas Gonzalez Casares: