Descartada la tributación, ¿se cierra el debate sobre el modelo formativo?

El Ministerio de Hacienda clausuró la semana pasada el debate abierto en torno a la tributación de los profesionales sanitarios por las transferencias de valor recibidas de la industria farmacéutica para la asistencia a congresos y otros encuentros de carácter formativo, con el compromiso de modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, en una reunión con el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, el mismo secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, defendió que de esta forma se "aportará certidumbre y seguridad jurídica", la cual se había visto alterada con las últimas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (resolución del día 4 de abril) y la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria de la AEAT (nota del 5 de mayo) que obligaban a los sanitarios a tributar.

Romero mostró su satisfacción tras la reunión con Hacienda, ya que entendía que se estaba poniendo solución a un problema que "podría afectar a la formación de los médicos españoles" y que, por tanto, tendría "repercusión" en la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), y agradeció la aclaración frente a las "dudas y la intranquilidad" que surgían entre los sanitarios. No obstante, desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) consideran que la desaparición de la incertidumbre sobre la tributación "es sólo un paso en la dirección correcta, de forma que el mantenimiento de la colaboración de Facme con la Administración y la OMC, y resto de organizaciones del Foro de la Profesión Médica, permita alcanzar de manera adecuada el éxito en las otras líneas, como el liderazgo profesional en la elaboración de un regulación que garantice que las actuaciones formativas y de cualquier otro tipo de nuestras organizaciones sean independientes, de calidad, plenamente transparentes, con rendición de cuentas y muy sensibles a la debida responsabilidad socio-sanitaria", abriendo el debate sobre si debe ser la industria la que financie la formación.

A este respecto, la patronal de los laboratorios farmacéuticos (Farmaindustria) recordaba que éstos habían asumido un papel de liderazgo en este ámbito "ante la escasez de financiación pública para este propósito". Esto ha hecho, explicaban, "que una parte muy importante de la formación continuada de los profesionales sanitarios haya sido sufragada tradicionalmente por los laboratorios farmacéuticos y por otros fabricantes y distribuidores de productos sanitarios, a través del apoyo a la celebración de congresos médicos y reuniones técnico-científicas organizados por sociedades científicas y otras organizaciones profesionales", eventos que, a día de hoy, indican, "constituyen la principal fuente de formación de los facultativos, especialmente en áreas de especial innovación, complejidad y desarrollo, sin que sea factible hoy en día un modelo de formación alternativo". El caso más reciente es el del Congreso Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), que se celebra en estos días en Chicago (Estados Unidos).

Desde Facme opinan, pese a ello, que existe una necesidad clara de "definir los límites entre la formación continuada de calidad e independiente, como la que ofrecen las sociedades científicas, de la información promocional organizada por la industria, de manera que la primera, por ser necesaria y obligada para los profesionales, no fuera objeto de tributo". Asimismo, llaman a la regulación del modelo de Formación Continuada, Desarrollo Profesional y Desarrollo Profesional Continuo, para que puedan establecerse con claridad "cuáles son los agentes que pueden y deben desarrollar esa formación en colaboración con la Administración y los Colegios Profesionales, entre los que sin duda deben figurar las sociedades científicas, pero no organizaciones con ánimo de lucro, o dependientes de promotores ligados directa o indirectamente a la industria".

Movimientos a nivel político

A nivel político, los últimos movimientos producidos en relación con la tributación por la asistencia a congresos los lideró Ciudadanos, que ante la falta de acción de Hacienda para terminar con la incertidumbre generada presentó una moción en el Congreso de los Diputados en la que pedía la puesta en marcha de un sistema de financiación pública de la formación de los profesionales sanitarios "en idénticas condiciones a las que se venían realizando en los últimos cinco años". La financiación debería extenderse, decía la formación naranja, "a las estancias, congresos, jornadas o cualesquiera otra actividad formativa, y sus respectivos desplazamientos, alojamientos e inscripciones "aprobados por las respectivas direcciones de los centros, así como aquellos cursos que los profesionales consideren de interés y tengan el beneplácito de los responsables de servicio o centro a fin de garantizar los criterios y normas que se venían aplicando". Con esta acción, Ciudadanos quería dar continuidad a la PNL aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados el pasado 23 de febrero, en la que se instaba al Gobierno a "seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Preguntado por esta cuestión, y tras conocer la decisión del Ministerio de Hacienda de dejar exentas de tributación estas transferencias de valor por la asistencia a congresos, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, reconoció que "la posición de fondo (relativa a impulsar la financiación pública de la formación a sanitarios) se mantiene, aunque no la urgencia". Y añade: "La urgencia era que no tributasen. El cambio de modelo es un plan más a largo plazo para el que habrá que contar con los profesionales, ya que toda formación deberá de ser adecuada a las necesidades de éstos. Va a ser un debate largo".

Esta posición de Ciudadanos no es exactamente la que mantienen en Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formación que ha decidido no posicionarse con respecto a la tributación o no de los profesionales sanitarios ya que son partidarios de atacar cuanto antes ese debate de fondo. En este sentido, su portavoz de Sanidad, Amparo Botejara, defiende que "la formación debe corresponder siempre al Sistema Nacional de Salud. Es éste el que tiene que dirigir y financiar la formación, porque si no puede darse un sesgo importante". En lo que respecta a la financiación, esgrime varias soluciones. Por un lado, hace referencia a la fuente de recursos que es hoy Internet, desde donde se puede acceder a todo tipo de información, incluidas las ponencias de los congresos. Sin embargo, en caso de que se considerara necesaria la asistencia a un congreso u otra actividad, apuntó la posibilidad de "que sean las comisiones de Formación de los hospitales las que sufraguen los gastos y designen a la persona adecuada para asistir y que ésta se comprometa a trasladar la formación, que debe ser de utilidad, al resto del equipo".