El Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo ha enviado un comunicado para confirmar la aprobación, por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria, y con 40 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el informe de la eurodiputada socialista Soledad Cabezón sobre el Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Para Cabezón, "la aprobación de este informe es un paso más para mejorar el acceso a los medicamentos de los pacientes en la Unión Europea". "En él se establece un sistema para toda la UE con criterios armonizados para evaluar las nuevas tecnologías sanitarias. Se trata de una herramienta fundamental para la sostenibilidad de los sistemas de salud", ha añadido.
Para la eurodiputada, el nuevo procedimiento será más riguroso y dará seguridad a los Estados para tomar decisiones. "Hemos defendido el rigor científico, la objetividad y la transparencia de la metodología y del procedimiento de evaluación, que son fundamentales para crear confianza en el sistema. Los Estados miembros contarán con la información necesaria sobre el valor terapéutico añadido de las nuevas medicinas y productos sanitarios, y esto les ayudará en la toma de decisiones", ha asegurado.
Inclusión de los productos sanitarios
Finalmente, se ha mostrado satisfecha por la inclusión final de los productos sanitarios dentro del ámbito de aplicación del reglamento, que ha sido, asegura, "uno de los caballos de batalla". Así, "pese a la reticencia inicial de la mayoría de grupos políticos, hemos conseguido incluirlos estableciendo un periodo transitorio más extenso", ha indicado, y ha concluido: "Ahora seguiremos trabajando para salvar los posibles escollos que puedan surgir durante las negociaciones que aún quedan por delante".
Pese a lo aprobado por la Comisión Europea, el texto final del Reglamento tendrá que ser aprobado por el Parlamento en Pleno, además de por el Consejo Europeo. Principalmente en esta segunda instancia es donde se esperan los mayores problemas. Y es que hay varios Estados miembro con peso en la Unión, como Alemania, Francia, España y algunos otros, que parecen contrarios a que los informes sean vinculantes (ver información publicada en Diariofarma).