La sombra de la ilegalidad acompaña a la Farmacia Penitenciaria en España

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha organizado la I Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria ‘Hacia la plena legalización y el reconocimiento profesional’, en la que se abordado la situación de ilegalidad en la que discurre gran parte de la actividad que tiene lugar en este ámbito, la cual, como señaló la secretaria de la Sociedad, Montserrat Encinas, es "uno de los tres aspectos clave del Plan Estratégico de la SEFH, que hace referencia a la necesidad de contar con una red asistencial farmacéutica coherente con lo que marca la ley".

En lo que respecta al marco legal, Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la SEFH, citó al Real Decreto Legislativo 1/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional, que establece como infracciones graves "la dispensación de medicamentos por parte de personas que no cuenten con la autorización, el suministro a establecimientos no autorizados o el funcionamiento de servicios de Farmacia sin presencia de profesional farmacéutico". También hizo referencia al Real Decreto 782/2013, que obliga a suministradores de medicamentos a que lo hagan "a farmacias o servicios farmacéuticos autorizados".

Todo lo que se salga de lo marcado por estas leyes, por tanto, quedaría al margen de la ley. Y según Rey, no son pocas las situaciones que se están dando actualmente que chocan con este marco. Algunos de ellos serían los encarnados por "servicios no legalizados atendidos por enfermeros; otros en los directamente no se sabe por quién están atendidos; servicios legalmente constituidos sin farmacéutico; depósitos con farmacéuticos a tiempo parcial, o depósitos ilegales no atendido por facultativo". 

Del marco general de atención farmacéutica en los centros penitenciarios españoles habló también María Soledad Díaz-Maroto, que es técnico superior farmacéutico de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. En total, aseguró, "existen más de 46.000 presos en los centros penitenciarios españoles, y solo 36 farmacéuticos". Gloria Hervás, farmacéutica del Centro Penitenciario de Albolote, subió la cifra hasta los casi 49.000 internos, que repartidos entre 36 farmacéuticos darían un ratio de 1.405 presos por cada especialista en Farmacia, el cual choca con el 1/140 de los médicos. No obstante, ese ratio sube en comunidades autónomas como Andalucía, donde tienen un reparto de un farmacéutico por cada 2.200 reclusos.

El déficit de profesionales, teniendo en cuenta los datos, parece evidente. Como también parece insuficiente el número de centros con servicios de Farmacia o depósitos. Sólo 19 (se dieron varias cifras durante la jornada) de los 66 que hay repartidos por el territorio nacional cuentan con uno legalizado. Existe una cifra similar aún por regularizar. En este sentido, Díaz-Maroto subrayó que "es fundamental establecer cauces de comunicación con las comunidades autónomas para terminar de establecer una red legal de servicios de Farmacia y depósitos, y para convencer a la Administración de que contrate a más farmacéuticos y personal de apoyo". Al parecer, la aproximación de la normativa que obliga a la verificación de medicamentos, también en los servicios farmacéuticos adscritos a los centros penitenciarios, podría servir de acicate para que las autonomías hagan más por la legalización de éstos.

Consecuencias de no contar con farmacéuticos

Además de abordar la situación general, la jornada sirvió para poner en valor el papel del farmacéutico en la adquisición, conservación, gestión de stock y caducidades de los medicamentos, así como en el manejo de la farmacoterapia en pacientes que, en una proporción alta, reciben varios tratamientos. A este respecto, cabe destacar la intervención de Agustín Herrero, subdirector médico del Centro Penitenciario Castellón II-Albocáser, quien se refirió a la complejidad que implican los internos con VIH, que, aunque se han reducido, siguen teniendo un peso importante en su centro. "La complejidad del tratamiento, las interacciones que presentan, teniendo en cuenta que estos pacientes suelen ser polimedicados, hacen que la atención farmacéutica sea fundamental", afirmó. 

En su caso, además, el conocimiento del papel del especialista ha venido dada por la práctica y es que perdieron a la farmacéutica con la que contaban en diciembre de 2016 y aún no han recuperado ese puesto. Entre las consecuencias, apuntó "el freno a la erradicación de la hepatitis C que estábamos consiguiendo, ya que no contamos con un profesional que valide los antivirales". También hay un vacío "legal, ético, de control de la posología de los tratamientos, en el control del gasto, la gestión de alertas relacionadas con los medicamentos, la realización de metadona o la adquisición de eritropoyetinas".

Precisamente, sobre la gestión de adquisiciones habló Hervás, quien reconoció que "el 90% de la jornada laboral" se le va en estas funciones. "Tienes que valorar ofertas, potenciar los genéricos, ver si el laboratorio dispone de presentaciones en unidosis, hacer los pedidos y el seguimiento de los mismos, informar de roturas de stock, solicitar medicación extranjera", detalló.   

Además, subrayó la importancia del farmacéutico profesional para que pueda "participar en la Comisión de Farmacia, para que se puedan llevar a cabo estudios con medicamentos, para resolver consultas al resto de facultativos, que es clave, así como llevar a cabo actuaciones para fomentar la adherencia o revisar perfiles farmacoterapéuticos para, por ejemplo, reducir interacciones". Para concluir, citó un metaanálisis reciente que, dijo, "pone de manifiesto que la atención farmacéutica disminuye más de un 40% de efectos adversos", que producen daños y también generan costes.

Para la farmacéutica del Centro Penitenciario de Albolote, la ausencia de profesionales supone, por tanto, "la no realización de actividades encaminadas a mejorar la salud de los pacientes, la pérdida de eficiencia en la gestión de recursos y también la desigualdad en la atención que los reclusos en comparación con el resto de la población" , que, por cierto, es otro de los argumentos de los que contiene la legislación vigente (Ley General de Sanidad) que hacen que la mejora de la situación de la Farmacia Penitenciaria sea exigible.