Manuel Mitadiel, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, analiza la gestión realizada por el Gobierno de su comunidad autónoma en materia de Sanidad. Se queja de falta de personal en diversas áreas, que afecta especialmente al mundo rural, y, aunque no confía en que un aumento de las transferencias solucione el problema, cree que posiblemente serviría para aliviarlo. En materia de farmacia, opina que la gestión del Gobierno es bastante buena, y destaca la apuesta por los biosimilares y la necesidad de abordar la llegada de innovaciones de alto coste a nivel nacional.
Pregunta. ¿Cómo valora la gestión del gobierno castellanoleonés en materia de Sanidad?
Respuesta. Estamos ante una legislatura prácticamente perdida, que no ha servido para avanzar en los temas fundamentales, e incluso hemos retrocedido en algunos.
P. Explíquese. ¿Cuáles diría que son los grandes problemas en su comunidad autónoma?
R. Tenemos un déficit importante en el mundo rural, sobre todo por la carencia de médicos y pediatras, unas carencias que, en el caso de los médicos, afecta también a los hospitales comarcales y a los pequeños. Tenemos deficiencias importantes en Fisioterapia, en Salud Mental, por la falta de psicólogos que apoyen a los médicos de Atención Primaria, y en Cuidados Paliativos. Y luego, en el ámbito quirúrgico, se atienden bien las intervenciones, pero se acompañan con procesos de rehabilitación adecuados. Todo esto lleva implícita una demora importante en los tiempos de atención.
P. Parece que, ante todo, hablamos de déficit de personal.
R. Cuando hablamos, desgraciadamente nos vemos obligados a hacerlo sin datos. Llevamos desde principios de legislatura pidiendo un portal de Transparencia, que han desarrollado a regañadientes... Los análisis que hacemos son producto de lo que vemos en mi entorno, sin el apoyo de datos contrastados que nos permitirían ser más rigurosos. Pero sí, se puede decir que hay déficit de personal, y también de organización. Contamos con un modelo excesivamente centralizado, con decisiones que se toman en la cúspide y que anula la capacidad de decisión en los niveles intermedios. Dando más autonomía a los coordinadores se podrían solucionar algunos problemas. Falta diálogo, que los criterios con los que gestiona sean dialogados, incluyendo a los pacientes. Volviendo al personal, no se ha terminado de producir una consolidación que era necesaria, y que puede dar lugar a sentencias que se han ido dilatando por la estrategia seguida por la Consejería, y podría dejar una losa cuantificada en unos 100 millones para futuros gobiernos.
P. La solución organizativa, la tienen. Y para el problema de personal, ¿qué plantean?
R. Hay que agotar la capacidad de formación. Creemos que, ante la falta de médicos, tenemos que aprovechar más la capacidad de formación de lo que lo hacemos actualmente, ampliando las plazas MIR, EIR y PIR.
P. Pero, ¿puede un MIR suplantar a un médico ya consolidado?
R. No. Pero, sobre todo de cara a los próximos años, se prevé una oleada de jubilaciones que tendremos que compensar. No se trata de que sustituyan a los médicos de hoy, si no de ir generando el cuerpo de especialistas que vamos a necesitar. No estamos pensando en el hoy, sino en los cuatro años que cuesta formar a especialistas.
P. Y, ¿entonces?
R. Entonces podemos hablar de uno de los avances más destacables que se le pueden reconocer a este Gobierno, y que tiene que ver con que les obligamos, en el marco de la negociación de presupuestos, a sacar todas las plazas a concurso. Eso ha hecho que se haga un concurso amplio, con más de 800 plazas, que ha afectado fundamentalmente a Especializada.
P. El Gobierno de su comunidad, pese a estar liderado por el PP, fue uno de los que presionó al Gobierno anterior para actualizar el modelo de financiación autonómica. ¿Cómo lo interpretó eso en su momento? ¿Cree que a Castilla y León le faltan fondos para poder ofrecer una mejor atención sanitaria a sus ciudadanos?
R. Existe un déficit de financiación importante. Para el conjunto de las competencias de carácter social, podría estimarse entre los 400-500 millones anuales, y eso influye de forma importante en la sanidad. Por eso, también consideramos que ésta ha sido una legislatura perdida. De momento, los gobiernos, el anterior y éste, no han considerado esta cuestión como una prioridad. Pero la realidad de nuestra comunidad autónoma, por el envejecimiento y la dispersión, nos dice que sí lo es. Tenemos una estructura impresionante, con 3.652 consultorios locales y 247 centros de salud, y en muchos consultorios hay déficit de atención por unas políticas cicateras e irresponsables.
P. O sea, que usted puede afirmar que con más fondos se podrían resolver algunos de los problemas más importantes de la sanidad castellanoleonesa...
R. Sí, se puede afirmar. Y eso que no hemos hablado de los medios tecnológicos y las instalaciones. Pero además de la falta de fondos, hay que hablar de una mala ejecución de las inversiones, a veces de forma premeditada, para tapar otros gastos. Los planes de reposición para adaptar los consultorios a nuevas necesidades se ejecutan mal. Con más medios esto hubiera ido mejor, pero la Consejería, al menos en esta legislatura, ha mostrado dificultades de gestión y eso nos hace pensar que, a lo mejor, con más medios no habríamos ejecutado más inversiones.
P. Teniendo en cuenta la gestión sanitaria como variable aislada de decisión, ¿se abstendrían de nuevo para permitir un gobierno del PP?
R. Es difícil responder a esa pregunta. Nosotros en nuestras decisiones hemos priorizado la estabilidad. Hemos permitido la aprobación de presupuestos en los que teníamos importantes diferencias, aunque con ellos hemos conseguido partidas de tipo social importantes. Nos podemos anotar con cierto orgullo, por ejemplo, el plan para la reposición de equipamientos. Lo que nosotros hemos priorizado ha sido que Castilla y León tuviera un Gobierno estable, que pudiera gobernar con sus planteamientos, y nosotros centrarnos en conseguir lo que nos parece más relevante.
P. Pasemos a la gestión de la prestación farmacéutica. ¿Qué le ha parecido?
R. Pues aquí no destacaría nada por la parte negativa. Es cierto que el gasto farmacéutico es una parte importante del gasto sanitario y que seguramente se pueda avanzar en ámbitos como la compra centralizada. Tenemos como ejemplo el informe de autoridad de Cuentas, que habla de variabilidad en precios.
P. Es decir, que si tuvieran que apostar por una medida para controlar el gasto farmacéutico, esa sería la compra centralizada.
R. Creemos en la compra centralizada a nivel nacional, como se ha demostrado con los medicamentos de la hepatitis C. Pensamos que la caída de precios ha tenido que ver con que haya sido el Gobierno de España el que ha actuado.
P. Otra medida que puede ir en esa dirección es la apuesta del Gobierno de su comunidad autónoma por el impulso de medicamentos biosimilares. Recientemente hablaban de una penetración del 43%. En 2015, era la CCAA líder en consumo de genéricos. Parece una tendencia, más que algo puntual, ¿no cree?
R. Se trata de un aspecto bastante interiorizado en los médicos. Entienden que, siempre que sea posible, hay que utilizar este tipo de medicamentos. Habrá que intentar dar más información sobre ellos, pero está siendo razonable lo que se está obteniendo. Todo lo que se pueda avanzar en el uso de biosimilares, será bueno.
P. ¿Y qué puede hacer un Gobierno regional con los medicamentos de alto coste? Se están aprobando algunos para enfermedades raras con precios de 400.000 euros por paciente/año.
R. Si las CCAA ya tienen problemas de financiación por cuestiones como la dispersión y el envejecimiento, y a eso le añadimos el coste de los nuevos medicamentos, puede ser difícil sostener la situación. Es básico disponer de un sistema nacional de evaluación de los nuevos fármacos, un sistema común a nivel nacional, y desarrollar nuevos modelos de financiación para estos fármacos de alto coste.
P. Algunas CCAA también habrían optado, de cara a reducir la factura farmacéutica, por un modelo de atención farmacéutica a residencias que pivota sobre los servicios de Farmacia Hospitalaria y excluye a las oficinas de farmacia. ¿Qué opinan ustedes?
R. Pensamos que es un tema en el que no solo deben primar los criterios económicos, sino otros más amplios. Nuestro medio es muy rural, y hay farmacias con graves problemas de sostenibilidad. Eso implica que todos los interlocutores dialoguen y lleguemos a un punto de equilibrio, entre el ahorro para la Administración y la supervivencia de las farmacias. Lo contrario sería dar lugar a un elemento más para justificar la despoblación .
P. También está latente el conflicto entre representantes de Enfermería y de las oficinas de farmacia por quién es competente para la atención farmacéutica domiciliaria y el seguimiento farmacoterapéutico. ¿Dónde se posicionan ustedes?
R. Nosotros creemos en el potencial de la farmacia comunitaria, pero pensamos que se trata da un problema complejo. Estamos analizando las distintas posiciones, los distintos intereses que existen, antes de emitir un posicionamiento sobre este tema.
P. ¿Algún apunte más en materia farmacéutica? ¿Algo que les preocupe?
R. Se habla mucho últimamente de los problemas de desabastecimientos. Creo que tienen más que ver con que los precios aquí son más bajos y que las farmacéuticas priorizan los países donde venden más caro.
Nicolas Gonzalez Casares: